El liderazgo independentista de Puigdemont no asusta a los empresarios catalanes
Sin embargo, el presidente catalán dio la sorpresa, poco después, al poner en marcha las tres normativas imprescindibles para la ruptura con España. Son las leyes de Hacienda, Seguridad Social y transitoriedad jurídica. Inició los trámites, mediante la petición de que se constituyeran en el Parlament las correspondientes ponencias.
Pero otro contratiempo ha vuelto a poner freno al proceso. El PSC acaba de presentar un escrito de reconsideración sobre la decisión de la Mesa del Parlament de avalar la creación de las ponencias soberanistas, lo que posterga su puesta en marcha, y no descarta acudir al Tribunal Constitucional (TC) si Junts pel Sí (JxSí) no rectifica.
“No tiene la talla política de Artur Mas”
Después de un mes y medio al frente de la Generalitat, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes políticas en Cataluña, los empresarios catalanes consideran que Puigdemont “estaba en un mundo como Girona con 70.000 habitantes y ahora le toca conducir una máquina diferente con 7,5 millones de personas”.
“No es lo mismo la Girona de servicios, que la Barcelona económica o la Cataluña industrial. Le viene grande el cargo”, sentencia este mismo alto ejecutivo catalán. “Está claro que no tiene la talla política de Artur Mas”, añade otro destacado empresario con amplio negocio en Cataluña consultado por ECD.
Dos meses sin sacar adelante la desconexión
El proyecto secesionista del nuevo Gobierno catalán no arranca. La Mesa del Parlamento catalán había dejado en suspenso la petición de Junts pel Sí y la CUP de crear ponencias conjuntas para la redacción de la proposición de ley integral de protección social catalana, de la proposición de ley de régimen jurídico catalán, y de la proposición de ley de la administración tributaria catalana.
Según la declaración de soberanía aprobada el pasado 9 de noviembre, estas tres leyes debían comenzarse a tramitar en un mes, después de haberse formado el nuevo Gobierno. Han transcurrido ya, de hecho, casi dos meses.
Se trataba, añade el texto, de hacer posible “el proceso de desconexión democrática” de España y se advierte que no se hará caso a las decisiones que adopten las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”, “deslegitimado” desde que dictó la sentencia del Estatut en 2010.
El Ejecutivo de Carles Puigdemont se ha dado un plazo de 18 meses para culminar la desconexión de España. El tiempo corre y las estructuras de estado no acaban de materializarse.