Amanda, víctima de acoso inmobiliario en València: “Precintaron la puerta de mi casa y me dicen que si no me voy me sacarán a la fuerza”

“El pasado mes de junio llegué a mi casa por la tarde y vi la puerta precintada con una pegatina de una empresa de desocupación y un número de teléfono. Llamé y me dijeron que tenía que irme de casa. Luego vinieron tres hombres corpulentos de la misma empresa que intentaron intimidarme para que abandonara ya la vivienda, a lo que me negué. Desde entonces estoy en una situación límite, me han vuelto a precintar la puerta y me han cortado la luz quitando los fusibles”.

Amanda Orozco se muestra así de desesperada ante la situación de acoso que está viviendo y que ha denunciado mediante un escrito en las oficinas PROP de la Generalitat Valenciana en virtud del decreto ley contra el acoso inmobiliario aprobado en 2023 por el Gobierno del Botánico.

Su situación es más que precaria. A sus 60 años vive con una ayuda de 550 euros y desde hace pocos meses habitan con ella en su vivienda su hijo mayor, su hija embarazada junto a su pareja y una niña de cinco años que no tienen dónde ir por la por el desmesurado incremento de los precios de los alquileres en los últimos años.

Según explica, compró la casa ubicada en la zona del antiguo hospital La Fe en el año 2005, pero su hipoteca prácticamente se duplicó desde los 600 euros que empezó pagando lo que le impidió hacer frente a los pagos. Según relata Amanda en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, “la hipoteca era de la CAM y después pasó al Banco de Sabadell que se la quedó el inmueble tras un proceso de ejecución hipotecaria”. Sin embargo, aceptó dejarle “un alquiler social”. Después, “sin mediar información, pasó a ser propiedad de los fondos Promontoria Coliseum y Cerberus, que continuaron subrogándose al contrato de alquiler”.

Los problemas, sin embargo, empezaron el pasado mes de junio, cuando llegó a su casa y se encontró la puerta precintada con el mencionado cartel de la empresa de desocupación con un número de teléfono: “llamé y me contestó un hombre con voz muy rara, como si estuviera bajo los efectos de alcohol o drogas, y me dijo que debía abandonar el piso. Ese mismo día, cuando se presentaron los tres individuos en mi casa, me dijeron que una mujer compró el piso y que ellos son los intermediarios y que me tengo que ir en dos días. Yo les pregunté quiénes eran ellos y que, en todo caso, es la propietaria quien debería ponerse en contacto conmigo, porque yo desconozco cualquier cambio de propiedad, puesto que sigo pagando mensualmente a la empresa propietaria, que me sigue cobrando la renta”.

Además, según consta en el escrito, el pasado 9 de julio de 2025 volvió a encontrar la puerta del domicilio precintada, y además no tenía luz en la vivienda: “Bajé al cuarto de contadores, vi que se había quitado el precinto de seguridad de la compañía eléctrica y habían extraído los fusibles. De todo esto y de nuevas llamadas puse denuncias en la Policía y en el juzgado”. Además, asegura que solicitó “una nota simple al Registro de la Propiedad y la vivienda sigue figurando a nombre de Promontoria Coliseum, si bien había una nueva anotación en tramitación. En el Juzgado no existe ahora ninguna demanda judicial contra mí”. Amanda asegura que ha pagado todas las mensualidades hasta julio y que por problemas económicos no ha podido hacer frente a las tres últimas, pero que este mes se pondrá al día. Al mismo tiempo afirma que nadie le ha comunicado hasta ahora con documentos oficiales que deje de hacer frente a los pagos en el número de cuenta habitual

Por su parte, a preguntas de elDiario.es, tanto el Banco de Sabadell como los fondos de inversión Promontoria Coliseum y Cerberus han preferido no hacer declaraciones.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia ha pedido a la Dirección Territorial de Vivienda que se elabore un protocolo de actuación en casos de acoso inmobiliario: “Reclamamos una actuación sancionadora a quien haya ejercido el acoso inmobiliario con el objeto que nos libremos de esta agresión delictiva regulada en el Decreto Ley 3/2023. Exigimos explicaciones por las que las personas denunciantes no tienen ninguna notificación del proceso que ha seguido su denuncia y en qué momento se encuentra la resolución dictaminada por la administración”.

Como informó esta redacción, desde que el nuevo decreto entró en vigor se han puesto a través de la PAH nueve denuncias por acoso inmobiliario (contando la de Amanda) sin que hasta ahora se haya tenido constancia de ninguna diligencia o notificación sobre el minuto y resultado de cada una de ellas.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Vivienda aseguraron que “en los casos en los que se ha presentado denuncia por vía penal, la administración suspende el procedimiento hasta que se resuelva por esta vía, dado que no pueden estar ambos procesos abiertos” y añaden que “en el resto de casos, se han iniciado diligencias previas para que se aporte la documentación necesaria por ambas partes y no consta aportación de documentación en los casos solicitados”, peticiones de documentación que según los denunciantes no han llegado.

El Gobierno del Botánico aprobó en febrero de 2023 un decreto contra el acoso inmobiliario que reconoce este tipo de infracción con sanciones que van desde los 350.000 hasta el millón de euros en los casos más graves. 

El documento define como acoso inmobiliario “toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarle en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generándole un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante, especialmente si dicha conducta se realiza con intención de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada sobre el derecho que pudiere ampararle de uso y disfrute de dicha vivienda”.