Los cinco supuestos delitos de Begoña Gómez que persigue el juez Peinado

Dice Juan Carlos Peinado, en su último auto, que no se entienden los “hechos delictivos” de Begoña Gómez sin la “relación de parentesco” con el presidente del Gobierno. Para este juez, Pedro Sánchez es “fundamental” en toda la trama.

Es más bien al revés. Sin ese dato, lo que no se entiende es toda la instrucción inquisitorial del juez Peinado. Una causa que hace aguas a cada paso, también con este argumento. Es falso, y basta con revisar un simple calendario. 

Begoña Gómez empezó a dar clases en la Complutense en el año 2012. Dirigía un curso en esta universidad, hace ya trece años.

En ese momento, Pedro Sánchez no era presidente. Tampoco el líder del PSOE. En 2012, estaba en el paro. El mal resultado de su partido en las elecciones de noviembre de 2011 lo había dejado fuera del Congreso. Sánchez no volvería a ser diputado hasta 2013, cuando Cristina Narbona renunció a su escaño y corrió la lista de Madrid.

Así que no. Simplemente no. No es verdad que la Universidad Complutense enchufara a Begoña Gómez porque era la mujer del presidente. Hacía muchos años que colaboraban. Y el “favor”, por llamarlo de alguna manera, es aún más ridículo. Gómez no ganaba ni un solo euro por codirigir esa cátedra que Peinado presenta como una gran canonjía; solo le pagaban por las clases de los másteres. En ningún año, lo que cobró de la Complutense llegó siquiera al actual salario mínimo. 

Sánchez ha contado en algunas entrevistas que en 2012 la familia vivía del sueldo de su mujer. Pero no precisamente de lo que cobraba en la Complutense. Begoña Gómez entonces trabajaba como directora de desarrollo de negocio en España y Portugal de la consultora Inmark. Era una profesional reconocida en su sector que colaboraba con la universidad, como tantos otros. Suele ser por vocación, no por dinero.

Pero vayamos a los “hechos delictivos” a los que se refiere el juez Peinado. Es una madeja que parece compleja porque el juez así la ha tejido. A pesar de las pruebas que desmontan las acusaciones, a pesar de la falta de evidencias, Peinado no ha querido archivar ni uno solo de los cinco delitos que imputa a Begoña Gómez.

1. Tráfico de influencias 

¿La acusación de Peinado? Que Begoña Gómez logró un trato de favor de la administración para un empresario que le ayudaba en sus negocios privados. En un primer momento el juez intentó investigar el rescate de Air Europa. Pinchó en hueso. La Audiencia Provincial le obligó a archivarlo. Ahora la acusación sigue con el empresario Carlos Barrabés, también imputado. 

La acusación, sin embargo, no se sostiene.

La gran relación económica entre ambos se reduce a tres clases en dos años: Barrabés las impartió en un máster de Begoña Gómez, a 150 euros brutos cada una.

Begoña Gómez, como codirectora de su cátedra en la Complutense, firmó una declaración de interés a favor de Barrabés en un concurso público al que se presentó, y que acabó ganando. No fue una rareza. Barrabés presentó otras 31 cartas idénticas, avalando a su empresa. Entre otras, una firmada por el Ayuntamiento de Madrid, que gobierna el PP. 

De las 32 personas o instituciones que firmaron esas cartas de interés, Peinado solo ha procesado a Begoña Gómez. A nadie más. 

La Fiscalía Europea está investigando si esa adjudicación que se llevó Barrabés con la empresa pública Red.es contiene alguna ilegalidad. 

Un informe de un perito anónimo de Hacienda elaborado en agosto –y que solo se ha filtrado esta semana, al llegar al juzgado de Peinado– ha señalado un sinfín de asuntos mejorables. Entre otros, que la decisión no la tomara un comité independiente. Sin embargo, la adjudicación siguió exactamente el mismo protocolo que se utilizó en todas las que ha hecho Red.es desde 2011, cuando gobernaba el PP. No hubo un trato de favor, fue como siempre. 

Ese informe de Hacienda tampoco ha encontrado un solo dato que sirva para ligar la más mínima influencia de Begoña Gómez con ese contrato público.

2. Corrupción en los negocios

Peinado sostiene –enlazando con el delito anterior– que Begoña Gómez utilizó su actividad en la Complutense como plataforma de lanzamiento profesional. Y también ha indagado en los patrocinadores, las numerosas empresas que colaboraron con esa cátedra extraordinaria. Y sí, hubo patrocinadores privados que apoyaron económicamente a ese proyecto. Pero ese dinero iba a la universidad pública: no a Begoña Gómez.

¿Puede haber corrupción cuando no había negocio? Con Peinado, todo es posible. 

3. Intrusismo laboral

Desde la derecha y algunos medios se ha acusado a Begoña Gómez de intrusismo con un argumento bastante cuñado: que dirigía una “cátedra extraordinaria” cuando no era catedrática. 

La realidad –que el rector de la Complutense explicó ante el juez– es que este tipo de cátedras extraordinarias no tienen nada que ver con los catedráticos. Consisten en proyectos de colaboración con el sector privado para financiar proyectos educativos y son bastante habituales en la universidad pública madrileña, tan escasa de recursos.

La imputación por intrusismo se basa en otra cosa: que Begoña Gómez firmó unos pliegos técnicos para un concurso de la Complutense sin tener la licenciatura adecuada. ¿La razón para hacerlo? De nuevo, porque se lo pidió el propio gerente de la Complutense, como consta en la investigación. 

La Fiscalía considera que, a lo sumo, esto sería una irregularidad administrativa, no un delito. 

4. Apropiación indebida

Peinado también ha imputado a Begoña Gómez por el presunto robo de un software que desarrolló dentro de su cátedra de la Complutense. Es una acusación aún más disparatada. 

Primero, porque ese software era gratuito. Consistía en una especie de test que ayudaba a las empresas a cumplir con criterios de sostenibilidad y así poder acceder a ayudas públicas. Cuesta entender por qué alguien robaría un programa que ni se vende ni da dinero alguno. 

Segundo, porque también es falso que Begoña Gómez lo haya registrado a su nombre. No lo está.

Tercero, porque lo único que registró Begoña Gómez fue la dirección de internet donde estaba alojado ese software –www.transformaTSC.org–.

Y cuarto, porque Begoña Gómez registró esa dirección web porque la propia Universidad Complutense le indicó que así lo hiciera, en un correo que está aportado al juzgado. Ni siquiera fue idea suya. 

5. Malversación

La acusación se basa en las gestiones que realizó la asistente que Begoña Gómez tiene asignada en La Moncloa. Un puesto que han tenido todas las mujeres de los presidentes del Gobierno.

Tras revisar los correos electrónicos de esta asesora, la UCO ha encontrado 121 relacionados con la cátedra de Begoña Gómez. Estaban dirigidos a la universidad y a algunos patrocinadores a lo largo de tres años.

De media, apenas 3,5 correos al mes. Difícil sostener que se dedicara solo a eso.

Y sí, la asistente hablaba con los patrocinadores. Pero ese dinero nunca fue para Begoña Gómez: iba a la Complutense.

Es aún más inexplicable que se acuse de malversación a una persona que no es siquiera funcionaria. Este delito lo cometen aquellos que gestionan el dinero público y no es el caso. 

La gran trampa, bastante evidente, es presentar un proyecto educativo mínimamente remunerado como si fuera un gran negocio privado. 

Y esto es todo lo que hay. Con unos mimbres tan escasos, el juez Peinado sigue adelante. No se atreverá a llevar hasta el final la acusación que desliza en su último auto –eso del papel “fundamental” de Pedro Sánchez–. Acusar formalmente al presidente le obligaría a elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo que sería archivada de plano, como ocurrió cuando lo intentó con Félix Bolaños. Pero sí parece decidido a mandar a Begoña Gómez ante un jurado popular. No una, sino dos veces. 

Solo así, solo ante un tribunal no profesional, una causa como esta puede tener algún futuro. Con unas pruebas tan endebles, sería muy difícil argumentar una condena para cualquier magistrado honrado. 

Pronto conoceremos qué dirá la Audiencia Provincial, donde hay varios recursos pendientes de resolver. Si van a avalar este sinsentido. Si van a permitir que continúe.