Protección frente al alarmismo agrario: la tortuga mora, rehén del ruido político en la Región de Murcia

La tortuga mora (Testudo graeca), catalogada como “vulnerable” en la legislación ambiental española y comunitaria, es todo un símbolo de la biodiversidad murciana. Casi el 70% de la población europea de esta especie sobrevive en los paisajes áridos de esta región mediterránea, lo que constituye una singularidad biológica de enorme valor.

En un territorio cada vez más fragmentado por infraestructuras, la acción urbanizadora y roturaciones que siguen ampliando su superficie agrícola (incluso en monte bajo, barrancos y taludes), este verano la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno murciano, del Partido Popular, puso sobre la mesa un Plan de Conservación que pretende garantizar su pervivencia a largo plazo.

El documento, sometido a información pública desde el pasado julio, identifica dieciséis subpoblaciones de tortuga mora en la Región y traza veintiún corredores ecológicos para mantener la conectividad genética entre ellas. Lo que no es más que una obligación legal derivada de la normativa europea y española, pero también de un compromiso ético: cuidar de una especie única que Murcia comparte con muy pocos rincones del continente.

Entre el rigor científico y el ruido electoral

El Plan prevé una inversión de más de dos millones de euros en seis años y contempla medidas de restauración de hábitats, seguimiento científico, educación ambiental y mitigación de amenazas que son reales y están perfectamente documentadas: pérdida de hábitat, atropellos, incendios, extracción ilegal o incluso hibridaciones.

Sin embargo, la oposición de Vox lo presenta como una amenaza para 168.000 hectáreas agrícolas, a pesar de que el texto oficial descarta expropiaciones y ofrece compatibilidad con cultivos tradicionales.

La Consejería insiste en que no se trata de frenar la agricultura ni de revertir usos del suelo. “El Plan no obliga a cambiar cultivos intensivos por extensivos ni a revertir hábitats y áreas ya transformadas”, aseguran desde este departamento. “Los regadíos, las zonas industriales o urbanas, quedan expresamente excluidas”, recuerdan. Incluso el propio texto detalla que las prácticas agrícolas tradicionales, especialmente el secano y los cultivos leñosos de baja densidad, son perfectamente compatibles con la conservación de la especie.

Pero, pese a esas aclaraciones, Vox ha hecho del rechazo al Plan una nueva bandera política. Desde el municipio de Águilas, su portavoz, Isidro Carrasco, llevó al pleno una moción en la que denunció que el decreto “supone una grave amenaza para la economía local y la actividad agrícola tradicional”. El texto fue aprobado con el respaldo de todos los grupos municipales, incluidos PSOE y PP, que votaron a favor de la iniciativa.

En el mismo tono, la secretaria provincial del partido ultraconservador y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Lorca, Carmen Menduiña, ha afirmado que “los agricultores de la Región son quienes de verdad cuidan nuestra tierra y sostienen nuestra economía. Son los primeros guardianes de la naturaleza, y merecen ser respetados, no perseguidos por agendas ideológicas como la Agenda 2030 o las políticas de Bruselas, que solo traen más trabas y burocracia”.

En redes y comunicados, Vox repite la cifra de 168.000 hectáreas supuestamente “amenazadas” por las restricciones del Plan, y alerta de supuestas expropiaciones y de la ruina del campo murciano. En Lorca, otra moción en sintonía con la del municipio vecino de Águilas, pero esta vez presentada conjuntamente por PP —en contra de su propio gobierno autonómico— y Vox, también ha salido adelante con la abstención del PSOE y el único voto en contra de la coalición Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde.

En Puerto Lumbreras, una tercera moción, también a instancias de Vox, ha sido la última iniciativa local en aprobarse. El argumento sigue siendo el mismo: el proyecto de decreto “omite hechos objetivos y determinantes, como la transformación agrícola consolidada de muchas de las parcelas afectadas o infraestructuras tan relevantes como la autopista AP-7”, asegura su portavoz, Jermary Reinaldos.

El apocalipsis hecho tortuga

La realidad, sin embargo, es menos apocalíptica. El decreto prevé evaluaciones técnicas solo en determinados casos —por ejemplo, cambios significativos del uso del suelo en terrenos forestales de más de una hectárea— y descarta de entrada los suelos urbanizados o intensamente transformados.

Además, el Gobierno regional ha ampliado el plazo de exposición pública y ha organizado jornadas como 'Territorio Tortuga' para recabar sugerencias de agricultores, asociaciones y ayuntamientos. El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, subrayó en esas sesiones que “las aportaciones ciudadanas enriquecerán el texto final, porque este plan se concibe como una herramienta viva y participativa”.

Enfrente, las críticas de Vox, que no están exentas de incongruencias. Denuncian que el plan se basa en “modelos de probabilidad y no en estudios de campo exhaustivos” cuando, en realidad, la Universidad Miguel Hernández, la Asociación Herpetológica Española y colectivos ecologistas llevan años desarrollando proyectos como 'Testudo' o 'Corredor', con censos, marcajes y muestreos científicos que constituyen una base sólida.

También habla de expropiaciones masivas cuando el propio documento especifica exclusiones claras para zonas agrícolas consolidadas. La propia Consejería recuerda que las delimitaciones están abiertas a revisión y que las alegaciones servirán para afinar el texto. Esa es, precisamente, la lógica de un trámite de información pública: mejorar el plan con datos locales y evitar errores cartográficos.

Científicos y ecologistas: es urgente actuar

Frente al ruido político, la comunidad científica insiste en la urgencia de actuar. La fragmentación del hábitat está documentada, las poblaciones aisladas son más vulnerables al cambio climático y la pérdida de conectividad amenaza la supervivencia de la especie.

Organizaciones ecologistas también han participado en muestreos y censos que demuestran tanto el declive de algunas poblaciones como la necesidad de establecer corredores funcionales. “Sin ellos, las poblaciones pequeñas quedan condenadas al aislamiento y al riesgo de extinción local”, señalan los investigadores que han coordinado estos proyectos.

Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción, recuerda igualmente que la ley autonómica de la fauna silvestre, que data de 1995, obliga al Gobierno murciano a tener un plan de recuperación de las especies vulnerables, como es el caso de la tortuga mora. “No solo es una obligación moral respecto a la especie más emblemática de la Región de Murcia; es también una exigencia legal incumplida desde hace treinta años”, asegura.

Para Vives, la derecha política está utilizando a la tortuga mora como 'chivo expiatorio' de los supuestos males del sector primario. “Lo que subyace detrás de esta posición intoxicadora es la intención de usar el Plan como ariete contra cualquier política ambiental, venga del gobierno que venga”, remarca.

¿Es incompatible la tortuga mora con la agricultura?

El dilema no es tortuga o agricultura, sino cómo hacer compatible el interés de la agroindustria murciana con la preservación de esta especie vulnerable. Porque lo que está en juego es mucho más que una disputa partidista: es la conservación de una especie única en Europa, la obligación de cumplir la normativa que protege la biodiversidad y la oportunidad de demostrar que la agricultura murciana puede convivir con un símbolo de la riqueza natural de esta región.

La política, sin embargo, tiende a simplificar. Mientras Vox vuelve a cargar contra el movimiento ecologista y habla de hectáreas “amenazadas”, el Gobierno de Fernando López Miras repite que no habrá expropiaciones ni prohibiciones indiscriminadas. Entre tanto, los científicos aportan datos y los ecologistas reclaman medios.

En esa encrucijada, el futuro de la tortuga mora, una especie que lleva siglos habitando este territorio, se convierte en termómetro de la capacidad de la Región de Murcia para integrar conservación y desarrollo. Lo que se discute ahora es si será capaz de ello o si la política convertirá a la tortuga mora en otra víctima indefensa del enfrentamiento partidista.