El Gobierno de Moreno coloca a dedo a uno de sus exaltos cargos de confianza en la Oficina Antifraude de Andalucía

El Gobierno de Juan Manuel Moreno acaba de nombrar a dedo a uno de sus exaltos cargos de confianza en la Oficina Antifraude de Andalucía, un órgano adscrito al Parlamento andaluz que tiene, entre sus funciones, “la investigación e inspección de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros en el ámbito de la comunidad de Andalucía”. Eso incluye fiscalizar al propio Gobierno andaluz.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este viernes el nombramiento en un puesto de libre designación de José Manuel Delgado Utrera, hasta febrero de 2024 director general de Formación Profesional en la Consejería de Empleo, que se incorpora a la Oficina Antifraude como “jefe de equipo de investigación”.

Este órgano tramita ahora varias denuncias contra el Ejecutivo de Moreno por supuestas irregularidades, entre ellas la adjudicación de contratos a dedo a clínicas privadas (objeto también de dos investigaciones judiciales). También sancionó por conflicto de intereses al entonces director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, José Manuel Martínez Malia, por la adjudicación de ayudas a sus empresas, tras lo cual presentó su dimisión.

Delgado Utrera es funcionario de carrera, un requisito necesario para poder trabajar en la institución que acaba de ficharle. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, lo fichó al comienzo de esta legislatura, en 2022, atraída por su trabajo como abogado en el juicio por el fraude de los cursos de formación que salpicó al anterior Gobierno socialista. Pertenece desde 1992 al Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía y ha desempeñado funciones de letrado en el Servicio Jurídico Provincial de Málaga durante más de 25 años (1994-2020).

El borrador de Presupuestos del Parlamento andaluz para 2026, que será remitido a la Junta en los próximos días y al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge una ampliación de gasto de 300.000 euros para la Oficina Antifraude para pagar el fichaje de siete nuevos asesores de una tacada, que serán nombrados a dedo y deben ser todos funcionarios de carrera. La incorporación de Delgado Utrera, que aparece hoy en BOJA, no forma parte de esta futura ampliación de plantilla, porque su puesto fue convocado el pasado 10 de julio.

PP y Vox pactan el nombramiento del nuevo director Antifraude

Ese mismo mes, el Parlamento andaluz aprobó con los votos de PP y Vox -y el rechazo de toda la izquierda- el nombramiento del nuevo director de la Oficina Antifraude, el hasta entonces presidente de la Audiencia de Córdoba, el juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Se trataba de un candidato propuesto por los populares, que necesitaba de una mayoría reforzada de tres quintos (66 diputados) para salir elegido en primera votación, y contó con el apoyo de la extrema derecha.

Sánchez Zamorano presentó la semana pasada en el Parlamento una propuesta de reforma del reglamento de la Oficina Antifraude para poder cambiar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), necesaria para poder fichar a un conductor como personal eventual (el resto de la plantilla deben ser funcionarios).

El borrador de Presupuestos del Parlamento incluye el gasto previsto para los siete nuevos asesores, pero no el coste del salario del conductor (unos 49.000 euros al año) porque aún no está aprobado. Con todo, la Memoria económica de los Presupuestos sí prevé “como novedad” la contratación del conductor, antes de que se apruebe el reglamento, lo cual necesariamente obligará a hacer una modificación presupuestaria en el capítulo de personal. El PSOE ha presentado una alegación a los Presupuestos de la Cámara denunciando esta “anomalía”, que considera una “chapuza”.

El salto de un alto cargo de la Consejería de Empleo del Gobierno de Moreno a uno de los órganos que fiscaliza a la Administración andaluza no es una excepción. En marzo de 2024, el consejero andaluz de Educación en la pasada legislatura, Alejandro Cardenete, fue nombrado presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, un nombramiento aprobado por unanimidad del Parlamento andaluz.

Sólo un año después, Cardenete se enfrentó a un debate de reprobación en la Cámara por haber paralizado la fiscalización de los contratos menores que adjudicó su propio departamento cuando era miembro del Gobierno de Moreno, en 2022. La Cámara de Cuentas es responsable de fiscalizar la gestión contable de los fondos públicos de Andalucía.

También es un órgano técnico dependiente del Parlamento andaluz que, por primera vez, plantea censurar a su presidente por un supuesto conflicto de intereses con su anterior etapa como viceconsejero de Turismo y consejero de Educación.