Una escuela infantil de San Sebastián de los Reyes tendrá que cerrar el lunes por no tener licencia después de 30 años

Un conflicto administrativo que comenzó a mediados de los ochenta y permanece abierto hasta nuestros días parece aproximarse a su fin. Aunque aún nadie tenga claro que este pueda ser el adiós definitivo, ni siquiera inminente. La escuela infantil privada de El Ardal, en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, vive la que podría ser su última semana con malestar entre las familias e incluso una petición en Change.org para mantenerla abierta después de que, en mayo, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid advirtieran de su cierre por un problema de licencias. Finalmente, el cese de la actividad está previsto para el día 6 de octubre, lunes. Pero todo pende de un hilo.

El curso ha comenzado y los usuarios de este centro, con 140 alumnos y un modelo educativo alternativo centrado en personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje o necesidades más especializadas, ya han abonado tanto sus matrículas como el pago de septiembre y octubre. “No se nos está escuchando”, lamenta Penélope, madre de tres hijos que han pasado por El Ardal y una de las portavoces de las familias que pugnan por mantener abierta la escuela infantil. La renovación de las matrículas fue en marzo, unos meses antes de que las administraciones notificaran al espacio que tendrían que cerrar de forma definitiva. Es más, Penélope afirma que al presentar la solicitud de la beca de 0-3 años para centros de la Comunidad de Madrid, este colegio aparecía como un centro homologado en el sistema.

No obstante, desde el consistorio defienden que el problema de permisos no es nuevo y que las familias ya sabían desde mucho antes que El Ardal “no podía ocupar legalmente” el espacio sobre el que se edificó. El origen del conflicto reside en varias resoluciones judiciales ante las que no cabe recurso que fueron dictaminadas en 2003, otra en 2005 y la última en 2014. Las licencias urbanísticas han sido denegadas desde entonces, argumentando que el inmueble se eleva sobre un suelo no urbanizable que está protegido. El Ayuntamiento indica que el colegio se construyó a finales del siglo pasado según leyes vigentes durante la Transición y que, ahora, la normativa ha cambiado y ya no es compatible con su actividad.

La escuela ha pedido medidas cautelares que paralicen el cierre

El centro y la Asociación Comounomás –que vela por la inclusión de los menores en el ámbito educativo– han presentado recursos y alegaciones contra esta resolución. Además, han solicitado a los tribunales unas medidas cautelares contra el cese del lunes que, de momento, siguen su curso. Desde el centro confirman que se plantearon por dos vías: una ya ha sido inadmitida por el juez, pero tienen 15 días para recurrir, y avanzan que así lo harán; la otra aún está pendiente de resolución.

Si finalmente así ocurre y se les concede, la orden de precinto quedaría suspendida temporalmente y la escuela (que a día de hoy sigue funcionando con normalidad) podría continuar sus clases hasta que haya una nueva resolución firme. Y esto, a ojos del consistorio, es el problema que les ha llevado hasta aquí. “Llevan décadas sorteando un cierre que saben que va a tener que producirse e incluso han ampliado sus instalaciones en los últimos años aunque conocen la protección que existe sobre ese suelo”, destacan, señalando que al ser una propiedad privada pueden iniciar ciertas reestructuraciones sin solicitar luz verde del lado municipal.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid se han comprometido a “ayudar en lo posible” a las familias que, de verse sin escuela para sus pequeños con el curso ya iniciado, tengan que reubicarlos en un centro público cercano a sus domicilios. Pero el Ayuntamiento no dará su brazo a torcer con el asunto, ni se plantea recalificar el suelo (no pueden hacerlo por sí solos) para permitir esta actividad.

“Esa clasificación no está prevista para ser modificada, así que cualquier afirmación sobre eventuales proyectos urbanísticos o usos especulativos del suelo carece de fundamento alguno”, sentenciaron en un comunicado a raíz de las primeras publicaciones sobre el tema. Niegan, por tanto, que el terreno vaya a utilizarse para otro desarrollo de su interés: “Es un bulo intencionado y solo busca enmascarar la verdad”. Del otro lado las familias presionan para que no desaparezca esta escuela, reconocida con el sello Green School para instituciones educativas con un enfoque integral.

“Es un centro homologado por la Comunidad de Madrid que resulta imprescindible para muchas familias por el modelo pedagógico que ofrece”, señalaron a través de un comunicado emitido, según ellos –el Ayuntamiento insiste en que llevaban tiempo siendo avisados–, después de conocer la noticia. Se refieren a la mirada especial sobre la neurodivergencia y la discapacidad en los menores. “No solo se interrumpen aprendizajes y rutinas, sino que se rompen vínculos de apego vitales con compañeros, docentes y psicólogos que son figuras de referencia y seguridad emocional para los niños. Su pérdida puede generar ansiedad, desarraigo y tristeza, dificultando la adaptación en otros entornos y dejando una huella que afecte a su salud mental y, por ende, su salud física”, argumentan.

Es el caso de Tabi, uno de los niños que estudian en El Ardal y cuenta con un diagnóstico de autismo. “Ha fracasado en todos los modelos educativos y en todos los colegios donde había estado antes por su condición estigmatizada. Presentaba conductas autolesivas, era un niño agresivo, evitativo u oposicionista, pero con respeto y profesionalidad todo eso se ha podido ir recuperando. Esto es lo que le da vida y estabilidad”, defiende su madre en uno de los vídeos que las familias han difundido explicando por qué no deben clausurar el centro. De momento, la cruzada con el Ayuntamiento por la normativa urbanística sigue adelante y serán los tribunales los que decidan de qué lado cae finalmente la balanza. La cuenta atrás ya ha empezado.