El Poder Judicial abre expediente al juez que acusó a Sánchez de "golpismo" y llamó "Barbigoña" a su mujer

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su reunión de este martes ordenar al Promotor de la Acción Disciplinaria la apertura de un expediente disciplinario al juez Manuel Ruiz de Lara por varios mensajes publicados en sus redes sociales en los que insultaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, informan a elDiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces. La decisión fue acordada gracias a los votos de los vocales progresistas a los que se sumó, en esta ocasión, la presidenta, Isabel Perelló. 

Con esta decisión, el llamado ‘núcleo duro’ del CGPJ rechazó la decisión de la autoridad disciplinaria, que suponía archivar de plano la investigación abierta y no abrirle un expediente. La mayoría de la Comisión Permanente considera que se le debe abrir un expediente por una falta grave de consideración respecto de instituciones. La autoridad disciplinaria abrió de oficio una diligencia informativa contra el magistrado por un mensaje que había publicado el 14 de diciembre en su cuenta de X —antes Twitter— y en el que acusaba al jefe del Ejecutivo de ejercer el “golpismo” por “atacar a los jueces”. Además, el pasado 28 de diciembre Ruiz de Lara descalificó públicamente a su esposa al llamarla “Barbigoña”. 

En todo caso, la decisión supone iniciar un expediente disciplinario, pero no sancionar al magistrado, ya que esto es competencia exclusiva de la Comisión Disciplinaria y del Pleno, que serían los que tendrían que pronunciarse en caso de que el expediente disciplinario que ahora comenzará a tramitarse finalice con una propuesta de sanción.

El anterior órgano, de amplia mayoría conservadora, rechazó sancionar a este mismo juez, que llamó “psicópata sin límites éticos” a Sánchez, “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. Lo hizo con el argumento de que no se había podido acreditar que hubiera invocado su condición profesional cuando vertió esos descalificativos en sus redes sociales —en los que figuraba con sus nombres y apellidos y se presentaba como juez— y que se había limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como un mero ciudadano.  

Entonces, el órgano llegó incluso a pedir al legislador una revisión de los tipos disciplinarios contemplados en la ley del Poder Judicial para poder sancionar este tipo de conductas. Ante la ausencia de una regulación expresa, el órgano determinó que para cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional debían darse dos premisas: que el comentario tuviera carácter sancionable —una “falta grave de consideración respecto de los ciudadanos o instituciones”, por ejemplo— y que en el momento de hacerlo su autor hubiera invocado “expresamente” su condición profesional para avalar su opinión. 

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que la Permanente ha considerado el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados, y que era la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que ha estimado conveniente derivar la decisión al órgano competente (la Comisión disciplinaria) para que se pronuncie.

La decisión de la Permanente, explican estas fuentes, también ha tenido en consideración los pronunciamientos de la Comisión de Ética Judicial sobre la obligación de los jueces y magistrados de usar las redes sociales con prudencia y moderación de modo que no perjudiquen la imagen de la Justicia; así como la jurisprudencia que señala que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto.