Los jueces llevan al Tribunal de la UE el decreto con el que Meloni quiere salvar el plan de los centros para migrantes en Albania

Nuevo capítulo en el pulso entre la justicia y el Gobierno italiano sobre el plan para enviar a migrantes rescatadas en el Mediterráneo a centros de internamientos en Albania. Los jueces del Tribunal de Bolonia han decidido llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el decreto con el que el Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni quería salvar el plan fijando por ley la lista de “países seguros” de los que proceden los migrantes y a los que, en las intenciones del Gobierno, pueden ser devueltos. 

Los jueces de Bolonia piden que la Corte europea resuelva si el decreto se debe aplicar o no ya que consideran que los criterios utilizados por el Gobierno para designar a un país como seguro “contravienen” el derecho europeo. La resolución de los jueces, adelantada por el diario italiano Corriere de la Sera, es un nuevo tropiezo en el camino de este experimento de externalización de las fronteras lanzado por el Gobierno de Meloni. 

El decreto ley –con un rango superior al decreto ministerial vigente hasta ahora– aprobado la semana pasada establece una lista de “países seguros” para sortear el veto opuesto por los jueces del Tribunal de Roma que rechazaron avalar la detención de los primeros 12 migrantes en los centros construidos por Italia en suelo albanés.

Los jueces se apoyaban en una reciente sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europa que, el pasado 4 de octubre, dictó que un país puede ser considerado seguro solo si realmente lo es en su totalidad. Una definición que eliminaba de facto de la lista a varios países, entre ellos Túnez, Egipto y Bangladés. Estos últimos dos eran los estados de procedencia de los 16 migrantes deportados en un primer momento a Albania, antes de que, pocas horas después del desembarco, cuatro de ellos tuvieran que ser devueltos a Italia, dos por ser menores y dos por ser considerados “vulnerables”.

La decisión de los jueces de Roma ponía en entredicho uno de los pilares del protocolo operativo firmado por Italia y Albania hace un año para la apertura de los centros en las localidades albanesas de Gjader y Shengjin: allí solo deberían ser enviados los hombres adultos rescatadas por las autoridades italianas en el Mediterráneo procedentes de países considerados seguros.

La procedencia de “países terceros seguros” permite la aplicación de un procedimiento acelerado para el examen de las solicitudes de asilo, que recorta los tiempos para la primera evaluación hasta 28 días y reduce a siete el plazo para presentar recurso en caso de un primer rechazo por parte de las comisiones encargadas, que, en el caso de los migrantes deportados a Albania, gestionan los trámites por videoconferencia.

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, dijo la semana pasada que el decreto ley, que reduce de 22 a 19 los “países seguros”, serviría para evitar otras sentencias como las del Tribunal de Roma que él tacho de “anormal”, en unas declaraciones por las que la oposición pidió su dimisión. “Si el poder judicial se desborda, debemos intervenir”, afirmó Nordio. 

Sus palabras fueron la antesala de días de una ofensiva verbal por parte de varios representantes del Gobierno contra la “justicia politicizada” y las “togas rojas”, con tonos que recordaron el eterno pulso entre la justicia y Silvio Berlusconi. Y en este clima de tensión, el pasado jueves la jueza Silvia Albano, una de las integrantes del Tribunal de Roma que se pronunció en contra de mantener inmigrantes en Albania, recibió amenazas de muerte.

Las dudas de los jueces

“El sistema de protección internacional es, por su propia naturaleza, un sistema jurídico de garantía para las minorías expuestas a riesgos de agentes persecutorios”, escriben los jueces de Bolonia en la resolución enviada al Tribunal europeo, publicado por el Corriere. “Salvo casos excepcionales (los casos límite de Rumanía durante el régimen de Ceausescu o la Camboya de Pol Pot, tal vez), la persecución es siempre ejercida por una mayoría contra ciertas minorías, a veces muy pequeñas. Podría decirse, paradójicamente, que Alemania bajo el régimen nazi era un país extremadamente seguro para la gran mayoría de la población alemana: aparte de judíos, homosexuales, opositores políticos, romaníes y otros grupos minoritarios, más de 60 millones de alemanes gozaban de un envidiable estado de seguridad. Lo mismo puede decirse de Italia bajo el régimen fascista. Si se considerara que un país es seguro cuando la seguridad está garantizada para la generalidad de la población, la noción jurídica de país de origen seguro podría aplicarse a casi cualquier país del mundo, por lo que sería una noción carente de toda coherencia jurídica”, concluyen los jueces.