Ni marsopas ni tartarañas: solo tres de las 201 especies amenazadas en Galicia tienen un plan de protección vigente

En el catálogo de especies amenazadas de Galicia figuran 201: están clasificadas como en peligro de extinción 76 y como vulnerables, las otras 125. Pero solo tres de ellas cuentan con un plan de recuperación –el establecido para las que están en peligro de extinción– o conservación –para las vulnerables–, una exigencia contenida en la propia ley gallega. “Hay una pasividad total de la administración que va a provocar más extinciones”, avisa Roi Cuba, biólogo y presidente de la asociación ecologista Adega. La Xunta inició hace años el proceso para decenas de estos planes, pero la mayor parte se quedaron en un cajón y especies como la toniña (marsopa), la tartaraña cincenta (aguilucho cenizo) o los tres vegetales únicos en el mundo que crecen en la comarca de A Ulloa (la santolina de Melide, la magarza de Barazón y la herba de namorar de Merino) figuran en el listado sin que se haya aprobado un programa específico para ellas.

La situación la volvió a poner sobre la mesa un comunicado del Colexio Oficial de Biólogos: “Es fundamental que se definan de manera urgente y precisa las medidas necesarias para eliminar el peligro de extinción de estas especies”, reclamaba. Uno de los colegiados, Martiño Nercellas, expone, en una conversación en la que habla a título personal con esta redacción, que la falta de planes supone “un grave riesgo para las especies vulnerables y en peligro de extinción y un grave incumplimiento, por acción o por omisión, de lo establecido en la legislación vigente”.

Esa legislación son las leyes tanto estatal como gallega de patrimonio natural y biodiversidad, que fijan un plazo de tres años para hacer un plan de recuperación desde que una especie pasa a considerarse en peligro de extinción y uno de cinco años para las que se clasifican como vulnerables. En Galicia, una norma propia creó el catálogo en 2001 y un decreto lo reguló en 2007. El documento, aunque con alguna actualización, está “muy obsoleto”, dice el biólogo Xabier Vázquez Pumariño, que insiste en que ha quedado desfasado tanto por especies que no aparecen, pero deberían hacerlo como por lo contrario: poblaciones que han mejorado. Y, transcurridos todos estos años, apenas se han aplicado los instrumentos previstos. “Declarar una especie como vulnerable o en peligro de extinción sin hacer nada, lógicamente, no puede ser”, critica.

La Consellería de Medio Ambiente relativiza la importancia de los instrumentos que la propia ley gallega establece: “La gestión de especies amenazadas en Galicia está asegurada, con independencia de que cuenten con un instrumento propio y específico de conservación”. El Gobierno que lidera Alfonso Rueda insiste en que hace “un seguimiento específico para poder hacer una evaluación períodica” y que aplica “estrategias de eliminación de factores de amenaza comunes” a diferentes especies, entre los que cita la eliminación de plantas y animales invasores. La situación es, sin embargo, un incumplimento de las normas y también de la palabra dada por Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta al presentar la ley gallega de patrimonio natural en 2017. Entonces manifestó que el objetivo era que para 2020 hubiese planes de recuperación o conservación para 45 especies de entre las catalogadas como en peligro de extinción o vulnerables.

Siete años después sigue habiendo los mismos tres planes que ya estaban en vigor en aquel momento. Los de recuperación, ambos de 2013, son los del sapoconcho (el galápago europeo, Emys orbicularis L.) y la escribenta das canaveiras (el escribano palustre, Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitánica Steinbacher). Para la píllara das dunas (el chorlitejo patinegro, Charadrius alexandrinus L.) está en vigor un plan de conservación desde 2014. En 2013 se inició la revisión del plan para el oso pardo (Ursus arctos), aprobado en 1992 y que, con la legislación actual, había quedado obsoleto. No se ha aprobado la nueva versión, pese a que los expertos coinciden en que el de este animal, que vuelve a encontrarse en Galicia, es un ejemplo de que estas herramientas funcionan.

En respuesta a las preguntas de esta redacción, Medio Ambiente insiste en que hay “otro tipo de herramientas” que “inciden directamente en la conservación de las especies” y que los instrumentos de gestión de espacios naturales protegidos, como el plan director de la Red Natura o los de los parques naturales tienen medidas para flora y fauna silvestres y que ahí figuran poblaciones de alguna de las especies amenazadas. Sin embargo, el escaso alcance de la Red Natura es precisamente una de las críticas que biólogos y ecologistas dirigen a la Xunta. En Galicia está amparado por esta figura el 12% del territorio, mientras que la media del Estado llega al 27%.

Planes en un cajón

El trabajo para contar con planes de recuperación y conservación de especies amenazadas se llegó a empezar en muchos casos, pero la mayor parte de los encargos terminaron en un cajón del que nunca salieron. Martiño Nercerllas asegura que fueron, en total, 45 asistencias técnicas y contratos de servicio. El desembolso de fondos públicos fue de 500.000 euros. De estos estudios, añade, 29 se encargaron en la etapa del bipartito de PSdeG y BNG, que gobernó entre 2005 y 2009. Otros 16 son de la etapa del PP, desde 2009.

Vázquez Pumariño fue uno de los profesionales a los que la Xunta contrató para la tarea. Elaboró el plan para la tartaraña cincenta (el aguilucho cenizo) y la gatafornela (el aguilucho pálido), clasificadas como vulnerables, aunque el fuerte declive, agrega, debería situarlas como en peligro de extinción. Recuerda que, entre los licitados por el bipartito, los últimos se entregaron a la Xunta en 2009, el año en el que, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, el PP volvió a gobernar en Galicia. “Y se quedaron en una estantería; no se aprobaron más que unos pocos”, dice. A la pregunta de por qué salieron adelante los tres aprobados y no otros ya redactados, el biólogo señala que son, “entre comillas, los fáciles”. Se refiere a que los espacios en los que viven esas especies están bastante acotados o a que la época en la que se aplican medidas queda determinada por la temporada de cría, como es el caso del chorlitejo patinegro, cuyo hábitat son las playas.

Proyectos industriales, usos agrícolas, cultivo de eucalipto

No es este el caso de los aguiluchos cenizo y pálido, que los biólogos avisan de que están al borde de la desaparición en Galicia, pero siguen sin contar con medidas de protección. Vázquez Pumariño expone que crían en el suelo, en zonas de matorral, pero hoy en día queda poca superficie adecuada para ellos porque son espacios en los que se cultivan pinos y eucaliptos o, en algunos casos, elegidos para instalar parques eólicos. “Estas dos especies son el mejor ejemplo de por qué la Xunta no hizo nada en todos estos años: los planes de recuperación de especies podrían suponer una dificultad para planes de cultivo de especies exóticas de crecimiento rápido, como pinos y eucaliptos, y para ejecutar planes de las promotoras eólicas”, analiza.

Estas especies cazan en zonas de pasto y eso plantearía otro previsible choque con ganaderos y agricultores. Roi Cuba, de Adega, coincide en el peso que el tipo y extensión del terreno en el que viven las especies amenazadas tiene en que no ceunten con instrumentos específicos: “No tenemos protegidas a las especies de ríos o bosques de ribera ni a las de hábitats agrícolas como el sisón, que se va a pique, o la tartaraña. Habría que proteger zonas como A Limia, A Terra Chá, que son muy extensas, y limitar los usos agrícolas. Y eso entraría en un conflicto social importante”. Pero, recuerda, los planes funcionan y se ha visto con el oso pardo o con la píllara y el sapoconcho.

Tanto Cuba como Martiño Nercellas recalcan que hay otro aspecto relevante que afecta a la conservación de especies, pero va más allá y tiene implicaciones industriales y económicas: las ya citadas deficiencias en la Red Natura en Galicia. La Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción a España porque considera que varias comunidades, entre ellas Galicia, no están cumpliendo con los objetivos de conservación.

En el caso gallego, expone Nercellas, tiene que ver con que la Xunta decidió aprobar el Plan Director de la Red Natura como documento de gestión para todos los espacios incluidos, pero la UE recomienda herramientas específicas para cada uno. Para el biólogo esto lleva a “una inseguridad jurídica con la que no debe extrañar que haya paralizaciones judiciales de proyectos”. “Es paradójico que esa misma estrategia de ralentización que sirvió en la década pasada para apurar autorizaciones administrativas de una interminable lista de proyectos industriales en montes y ríos ahora se ha vuelto en contra”, reflexiona. Lo necesario, dice, es aprobar primero los planes de protección para luego ver “cuál es la permeabilidad del territorio para encajar proyectos”. En esa línea, Roi Cuba pone el ejemplo de los planes de Altri para construir una macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo) en terrenos candidatos a entrar en la Red Natura y en los que crecen tres especies vegetales que son únicas en el mundo y están en peligro de extinción. “No se toman medidas. Y no se hace para permitir usos como este”, asegura.

Los expertos le reclaman a la Xunta que amplíe los espacios protegidos, que cumpla las normas y que haga uso de las herramientas previstas. El presidente de Adega sostiene que se pueden aplicar también a especies que se extinguieron en la comunidad recientemente, como la pita do monte (el urogallo) o el arao, perdido como nidificante. “Hay no solo una falta de planes de recuperación, sino de nutrir el propio catálogo. De todos modos, si tienes un catálogo con 200 especies, pero no estás aplicando las medidas a las que te obliga la ley para protegerlas, tampoco tiene mucho sentido. Las carencias son múltiples”, concluye Cuba.