Laura Borràs pide al Supremo la amnistía a su condena por fraccionar contratos al vincularla con el procés
La dirigente de Junts fue sentenciada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental, si bien el TSJ catalán abogó por su indulto para que no entrara en la cárcel
Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de prisión por corrupción pero con una vía para no entrar en la cárcel
La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha pedido al Tribunal Supremo la amnistía a su condena por haber fraccionado contratos para beneficiar a un amigo en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Pese a versar sobre delitos relacionados con la corrupción, la defensa de la que será hasta este fin de semana la presidenta de Junts vincula el caso por el que fue condena por el procés, motivo por el que solicita la aplicación de la ley de olvido penal.
Desde Junts aseguran que el escrito, adelantado por el diario ARA y que ha confirmado la agencia ACN, corresponde a una “estrategia global de defensa”, a pesar de que la condena corresponde a corrupción ejercidas durante la etapa en que Borràs estuvo al frente de la ILC y no tuvieron nada que ver con el 1-O
Borràs realiza la petición para ser amnistiada ante el Tribunal Supremo, instancia ante la que tiene recurrida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que la condenó a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
La propia sentencia (con un voto particular de una magistrada partidaria de una condena solo por prevaricación) propuso el indulto a Borràs al considerar que su entrada en prisión era desproporcionada y excesiva a su comportamiento castigado, toda vez que los trabajos informáticos vehiculados a contratos indebidamente fraccionados sí se realizaron. Además, Borràs no se llevó un solo euro al bolsillo.
Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Borràs “fraccionó fictíciamente” 18 contratos para trabajos informáticos de la ILC entre 2013 y 2017 y los otorgó a dedo a un amigo “con plena conciencia de despreciar y prescindir de los más elementales requisitos de la contratación administrativa”. Su objetivo: beneficiar a su amigo y eludir los controles de la Intervención de la Generalitat. La sentencia se puede consultar al final de esta información.
El tribunal concluyó que la líder de Junts se concertó con su amigo Isaías H. para otorgarle a dedo contratos de la ILC que debían haberse vehiculado con un concurso público. Ambos acordaron confeccionar tres facturas falsas para enmascarar que había tres ofertas cuando en realidad ya estaba decidido que Borràs encargaría los trabajos a Isaías H.
Sin embargo, como Isaías H. terminó realizando efectivamente las webs para la ILC y Borràs no se llevó un euro al bolsillo, el tribunal optó por pedir al Gobierno un indulto parcial para la líder de Junts no tenga que entrar en prisión.
Al condenarla por prevaricación y falsedad documental en documento público –las adjudicaciones a dedo a Isaías H.– y mercantil –las facturas falsas enviadas a la ILC para simular tres ofertas–, la pena mínima a imponer a Borràs por este segundo delito eran cuatro años y medio de cárcel –la Fiscalía le pedía seis–, pero el tribunal entendió que se trata de una condena “desproporcionada y excesiva para la realidad que subyace en los comportamientos” de Borràs.
La Sala remarcó que la corrupción de Borràs e Isaías H. no causó “perjuicio económico” a la ILC y que ambos condenados no buscaron enriquecerse, sino únicamente “enmascarar” ante la Intervención de la Generalitat con facturas falsas la “conducta prevaricadora inicial”, esto es, la decisión de otorgar a dedo los contratos al informáticos.