Un juzgado de Madrid investiga el escándalo de los centros de FP de Ayuso construidos a dedo y sin contrato

La Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso construyó a dedo y sin contrato al menos ocho centros educativos de la Comunidad, aunque pueden ser muchos más, en lo que encaja con un posible delito de prevaricación, similar al reciente caso conocido en la sanidad pública andaluza.

Ahora, el juzgado de instrucción de Madrid número 39 ha admitido a trámite una denuncia presentada por el grupo Podemos en septiembre, después de que elDiario.es publicara la investigación que revelaba las irregularidades. Más Madrid y el PSOE también lo denunciaron a la Fiscalía, como hizo la cúpula de la actual Consejería de Educación tras detectar el primer caso, que ahora tendrá que remitir la causa y toda la documentación en su poder a la jueza de instrucción, que se quedará encargada de indagar este posible caso de corrupción del Gobierno de Ayuso.

 El primer caso de fraccionamiento de contrato publicado por este medio fue el Ciudad Escolar. Allí se levantó un hospital escuela de la rama de FP sanitaria de 2,4 millones de euros en 2021. Se hizo sin concurso público y troceando facturas, contraviniendo la ley y pagando como si fuera un sumatorio de contratos menores, algo falso. Para poder abonar esa elevada cantidad sin que saltaran los controles, un subdirector de Educación (cesado en marzo) dio instrucciones a dos directores de los institutos públicos Ciudad Escolar y el aledaño instituto Hotel Escuela, que desembolsaron más de 700.000 euros de sus cuentas. Quedaron impagados más de 1,6 millones, motivo por el cual el empresario encargado de la construcción denunció el caso con burofaxes y se llegó a reunir con un colaborador de la presidenta de la Comunidad, de manera que el caso estalló.

Al año siguiente se empezó a construir la Escuela de Arte Alcalá con el mismo sistema de pago para abonar 1,2 millones de euros con el mismo método ilegal y se pagó a través de tres institutos. Después de estos casos, elDiario.es ha publicado reformas ilegales en otros cinco centros, uno de ellos no es de FP sino de Formación de profesorado, que depende de otra dirección general, además del proyecto estrella postpandemia de la presidenta de la Comunidad: el centro de FP a distancia Ignacio Ellacuría.

Para hacer una obra en un centro público que cueste más de 40.000 euros más IVA, la legislación obliga a sacarla a concurso. Esto supone un proceso largo y lleno de garantías en el que se redacta un pliego de condiciones del contrato, un pliego de características técnicas, se publica para que se presenten diversas ofertas y una mesa de contratación decide cuál es la más conveniente –técnica y económicamente– para los intereses del sistema público. Todo esto se obvió y las dos obras del Gobierno de Ayuso se hicieron bajo el radar del sistema y fueron encargadas a dedo.

Aunque se cesó a un subdirector y desde la Consejería se ha apuntado a los directores de los centros (aunque estos no tienen capacidad de decisión ni de reparto de fondos), las obras conocidas afectas a varias direcciones generales y, como publicó elDiario.es, eran conocedores en Infraestructuras y también el director territorial de la zona Este. Cuando se produjeron las obras, entre 2021 y 2023, lideraba la Consejería de Educación Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid. Apoyaba su labor en la viceconsejería de Política Educativa, que dirigía Rocío Albert López-Ibor, pata negra del PP, proveniente de Faes y hoy consejera de Economía y Hacienda de Ayuso.

La propia Consejería, hoy liderada por Emilio Viciana, elevó el caso a la Fiscalía en marzo, un caso que afectaba de lleno a la anterior cúpula del PP en ese departamento, algo que, según algunas fuentes consultadas, ha levantado suspicacias y una crisis en la sede del Gobierno regional.

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