La Xunta sólo concede el 24% de las subvenciones de alquiler solicitadas por las personas con rentas más bajas

La subida imparable de los precios y la escasa oferta de viviendas asequibles para alquilar en la mayoría de las ciudades gallegas no tiene por el momento una solución en los despachos de la Xunta. La tramitación de las ayudas al alquiler que concede el ejecutivo gallego supone un buen ejemplo de los problemas y retrasos que acumulan las políticas de apoyo para los que menos tienen. De las 17.850 solicitudes presentadas por familias desfavorecidas para este año solo se atenderán unas 4.300, según datos facilitados en el Parlamento por el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto. Esto apenas supone atender un 24% del total de las ayudas solicitadas por personas para las que es fundamental el apoyo público dados sus escasos ingresos.

Pero al problema de la escasez de ayudas concedidas se suma la lentitud de la administración gallega para tramitar estas subvenciones. Hasta el momento solo se han atendido 2.669 solicitudes por un total de 6,1 millones de euros, que suponen el 61% de los 10 millones reservados para este año, a los que sumará una cantidad idéntica en 2025. Además, para 2024 están previstos otros 2,7 millones de euros para renovación de ayudas concedidas el año pasado. Aquí el porcentaje de concesión es mayor ya que se alcanza el 92%, aunque hay que aclarar que la tramitación es mucho más sencilla al tratarse de renovaciones.

La Xunta asegura que la tramitación de las ayudas concluirá antes de finales de octubre y que el pago se realizará antes de que acabe diciembre, pero este retraso en los plazos de concesión (el período de presentación de solicitudes terminó el 29 de febrero y la resolución estaba prevista en un máximo de 3 meses) hace que haya muchas personas que pasen dificultades para poder pagar el alquiler, pese a que tengan la posibilidad de obtener el apoyo que les facilitaría hacerlo. Una vez concedidas las ayudas se pagan con efecto retroactivo al 1 de enero de 2024.

Desde la ONG Provivienda, su responsable en Galicia, Ana Pardo, explica que esta situación está ocasionando graves problemas a la familias más desfavorecidas, tanto por la incertidumbre para saber si van a recibir la ayuda o no como por el retraso en la concesión, ya que muchas de ellas ya tienen problemas para conseguir alquilar un piso por su situación económica y el hecho de contar con una ayuda autonómica les supone facilitar la firma de un contrato de alquiler.

Pardo apunta que se han dado casos de personas que esperaban un dinero que no llegó a tiempo por lo que tuvieron que abandonar el piso que alquilaban e irse a vivir a otro compartido tras las gestiones realizadas por su ONG. “Hay gente, por ejemplo, que cobra el Ingreso Mínimo Vital y van muy justos para pagar el alquiler por lo que es muy importante poder contar con este apoyo lo antes posible”.

Otra de las cuestiones polémicas es el mecanismo de concesión de estas ayudas ya que no se garantiza que sean los más necesitados quienes la reciban. Las subvenciones se conceden por orden de llegada a aquellos que reúnan los requisitos previstos en la normativa, entre los que se incluye que los ingresos de la unidad familiar no superen en tres veces el IPREM. “Hemos trasladado en varias ocasiones a la Administración que debería de haber una valoración social antes de la concesión. Hay familias que se ven perjudicadas por no disponer de los medios técnicos que se necesitan para acceder a los pagos y tienen que recurrir a organizaciones como la nuestra para hacer la solicitud”, explica Ana Pardo.

La responsable de Provivienda en Galicia señala también que los retrasos en la concesión de ayudas también se producen en el Bono de Alquiler Social (se concede a personas desahuciadas) ya que para la renovación de las mismas es necesario presentar informes sociales que tardan mucho tiempo en elaborarse y dificultan renovaciones que realmente cumplen los requisitos requeridos. Como aspecto positivo, Ana Pardo destaca que desde la creación de la Consellería de Vivenda ha habido un “cambio de actitud” positivo en la Xunta y se traslada más información a las ONGs y existe un compromiso de mejorar esta situación.

Estas ayudas al alquiler gestionadas por la Xunta son financiadas al 50% por el ejecutivo autonómico, mientras que la otra mitad son aportaciones del Plan Estatal de Vivienda. En su comparecencia parlamentaria del pasado jueves, García Porto, destacó que la Xunta tiene convocadas 17 líneas en materia de vivienda y que en total se presentaron más de 25.000 solicitudes (más de 17.000 corresponden al alquiler) y que todas “se están resolviendo en plazo”. En el caso de los alquileres no parece que esto se esté cumpliendo.

Galicia duplica la media nacional de viviendas vacías

La vivienda se está convirtiendo en uno de los caballos de batalla de la legislatura, tanto en Galicia como en el resto del Estado. El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha prometido duplicar en este mandato el número de viviendas públicas para que pasen de 4.000 a 8.000 y también prevé impulsar 5.000 viviendas libres en los próximos años.

El pasado junio la Xunta se comprometió a levantar 20.000 viviendas protegidas en Galicia en los próximos años y ya ha aprobado una partida superior a los 43 millones de euros para comprar terrenos en las siete principales ciudades y permitir que promotores privados y cooperativistas construyan las viviendas.

Además de la necesidad de nuevas viviendas protegidas otro de los graves problemas de los que alerta Provivienda es que en Galicia el porcentaje de viviendas vacías duplica a la media estatal (28,8% en Galicia frente al 14,4% en España). Según un informe de Tinsa del año 2023, hay 350.000 viviendas vacías en Galicia de las que 135.000 se encuentran en la provincia de A Coruña, 90.000 en Pontevedra, 72.000 en Ourense y 57.000 en Lugo. La puesta a disposición para alquiler de una parte de este inmenso parque de viviendas podría ser una de las soluciones para la complicada situación del alquiler en Galicía, según indica Provivienda.