Diez vocales del CGPJ instan a Perelló a que pida a García Ortiz que no acuda a la apertura del año judicial

Diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han remitido un escrito a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, en el que expresan su «gran preocupación» por la asistencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al acto de apertura del año judicial, en la línea del comunicado suscrito esta mañana por las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales. En la carta a Perelló, a la que ha tenido acceso ABC, resaltan el hecho de que García Ortiz, a las puertas de un juicio por revelación de secretos, «tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a Su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes». No ponen en duda estos vocales su derecho a la presunción de inocencia, pero sí resaltan la coincidencia entre la condición procesal del fiscal general y su intervención «en un acto de la más alta relevancia constitucional», lo que no resulta apropiado, pues «compromete, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones». «Resulta, por ello, difícilmente comprensible que esta situación se tolere. La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado, que preside el acto», dicen. No dejan pasar por alto estos vocales, además, el «contexto político de extraordinaria tensión» generado por las manifestaciones realizadas este pasado lunes por el presidente del Gobierno durante su entrevista en TVE, donde «se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados, manifestaciones que reiteró ante la prensa internacional, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función». En la misma línea se manifestó al día siguiente la portavoz del Gobierno, y al siguiente el propio ministro de Justicia. Opinan que tales afirmaciones «no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho». Recuerdan a Perelló que ella misma ha repetido en numerosas ocasiones que la independencia judicial «no es un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos». «Las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo». Por todo ello, instan a Perelló a que traslade al fiscal general «la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias» y que se visibilice «nuestro rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y e respeto entre los poderes del Estado». Asimismo quieren que se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, «a efectos de la adecuada coordinación institucional». «Reiteramos nuestra plena lealtad a la Constitución y a las instituciones del Estado, nuestro respeto a la persona del fiscal general del Estado en el ejercicio de su derecho de defensa, y nuestro compromiso firme con la independencia judicial y con la dignidad de los actos solemnes que simbolizan la vigencia del Estado de Derecho», concluyen.