La Comunidad de Madrid acuerda destinar más de 32 millones de euros a Tragsa, aunque sigue el conflicto con los bomberos forestales

La Comunidad de Madrid ha confirmado a la empresa pública Tragsa la decisión de incrementar la partida presupuestaria en 4 millones de euros, alcanzando un total superior a los 32 millones, tal como se informó el pasado 17 de julio. Este encargo, que entrará en vigor en 2026, contempla la contratación del personal durante los 12 meses del año y tiene como objetivo fortalecer las actuaciones de prevención, garantizando un operativo más estable y profesionalizado. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo , se reunió este viernes con el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas, para analizar distintas opciones ante el conflicto laboral de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), que colaboran en la prevención y extinción de incendios en la región. Estos trabajadores iniciaron el pasado 15 de julio una huelga para reclamar mejoras laborales, con servicios mínimos del 80%, y que han suspendido hasta el próximo 25 de agosto. En este contexto, la Comunidad de Madrid ha solicitado a Tragsa la convocatoria de una reunión la próxima semana con los representantes de los trabajadores de las BRIF, con el fin de avanzar en la resolución del conflicto. Durante el encuentro, representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) entregarán el plan de mejora de las bases e infraestructuras, presentado previamente a los trabajadores en julio. El Ejecutivo autonómico reconoce la necesidad de atender la situación laboral de estos profesionales, aunque, según un informe de la Dirección General de Trabajo, no puede negociar directamente sus condiciones. Entre las propuestas se encuentra la supresión de la categoría de peón, de modo que todos los efectivos sean considerados bomberos forestales , así como la creación de funciones que permitan la adecuación a una segunda actividad o labores de no intervención directa para aquellos trabajadores que, por edad o condiciones físicas, no puedan desempeñar tareas de extinción directa. También se prevén mejoras en la preparación física y técnica del personal. Otra de las opciones planteadas es ofrecer a los trabajadores la posibilidad de incorporarse al convenio de la empresa pública Tragsa para las BRIF que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica, convenio publicado recientemente y valorado positivamente por varios ministros del Gobierno de España. Esta medida, plenamente legal según la Dirección General de Trabajo y previa aceptación de la empresa y los representantes de los trabajadores, permitirá incluir a todo el personal dedicado a la prevención y extinción de incendios forestales, homogeneizando sus condiciones laborales.