Liberan a nueve mujeres obligadas a ejercer la prostitución en un burdel ilegal en Níjar

En octubre de 2024, el Grupo UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almería detectó la existencia de un prostíbulo clandestino ubicado en un cortijo de San Isidro en Níjar donde varias mujeres eran explotadas en condiciones de extrema vulnerabilidad. A partir de este momento, comienza la investigación que ha permitido a la Policía Nacional desarticular una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano, el tráfico de drogas y la vulneración de los derechos de trabajadores y ciudadanos extranjeros. La operación, denominada 'Helloween', ha culminado con la detención de siete individuos acusados de delitos de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, agresión sexual y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y trabajadores. Además, se ha detenido a otras siete personas por infracción a la Ley de Extranjería. Las averiguaciones realizadas permitieron constatar que la organización operaba desde al menos 2020, sometiendo a las víctimas a un férreo control mediante amenazas, retención de documentos y condiciones laborales abusivas. El 17 de febrero de 2025, en un amplio dispositivo coordinado con el Juzgado de Instrucción número seis de Almería, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo tres registros simultáneos. Uno de ellos tuvo lugar el cortijo-club situado entre invernaderos donde se ejercía la prostitución, otro en un bar del núcleo urbano de San Isidro, utilizado para los encuentros con clientes, y el tercero, en el domicilio del principal investigado. Durante la intervención los agentes liberaron a nueve mujeres, quienes confirmaron las prácticas abusivas de la red criminal. Los detenidos, entre ellos ciudadanos de Mali, Marruecos, Senegal, Colombia y España, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número seis de Almería. Se mantiene abierta la investigación para localizar a más implicados y obtener nuevas pruebas que permitan consolidar el caso contra la organización criminal. La estructura criminal estaba compuesta por ocho individuos, todos con funciones muy definidas. Así, estaban dos líderes que se encargaban de la captación y explotación de las mujeres, tres encargadas o 'mamis' , responsables de la vigilancia y cobro de los servicios, y tres subordinados que cumplían funciones de transporte, seguridad y distribución de sustancias estupefacientes en el local. Las víctimas eran obligadas a trabajar todos los días de la semana, sin posibilidad de salir sin el permiso de los explotadores y con multas impuestas por incumplimiento de servicios. Además, eran trasladadas periódicamente entre locales para dificultar su identificación por las autoridades. Durante los registros, la Policía Nacional ha intervenido 5.745 euros en efectivo, libretas de contabilidad con anotaciones sobre las mujeres explotadas, teléfonos móviles y ordenadores de los investigados, y documentos sobre envíos de dinero a nombre de los responsables.