Los futuros pisos en la cárcel de Fátima, pendientes ahora de un traspaso al Ministerio de Vivienda

Los terrenos de la antigua cárcel de Córdoba en el barrio de Fátima llevan 25 años sin uso -con gobiernos de distinto color político-. En febrero de 2024 parecía que la situación por fin se destacaba. Interior adjudicaba la obra de urbanización del solar por 2,3 millones a la empresa cordobesa Jicar (la única concurrente). Sin embargo, la adjudicación tuvo que anularse por precios desactualizados del proyecto. La parcelación del terreno está enfocada a levantar 236 viviendas, zonas verdes y aparcamiento. Desde entonces el proceso quedó otra vez frenado. El proyecto 'estrella' en vivienda del Gobierno para Córdoba vuelve a tropezar y ahora este retraso -aunque parece que su desbloqueo definitivo- se debe a que los terrenos de la anterior prisión van a ser traspasados de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y la Seguridad del Estado (Siepse), dependiente de Interior y actual propietaria, a la Entidad Estatal de Suelo (Sepes), que está adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, según avanzó ayer a ABC Córdoba la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López. Los terrenos para la urbanización de la antigua cárcel de Córdoba en Fátima, explicó López, eran titularidad siempre del Siepse, la empresa que gestiona todas las infraestructuras del Ministerio del Interior, pero «ahora han pasado a Sepes, a la empresa estatal de suelo», por lo que, en consecuencia, «la urbanización se encargará a esta empresa» estatal del suelo. López, precisamente, detalló que ahora mismo el procedimiento está pendiente de que se haga efectivo el traspaso desde una entidad a otra: «El otro día estuve hablando con el secretario de Estado de Vivienda y me dijo que se estaba produciendo ahora mismo el traspaso». Este trámite es un requisito indispensable para acometer la urbanización de este espacio, donde están previstas más de doscientas viviendas, la mayoría VPO . La subdelegada aclaró que espera que luego todo el proceso para reactivar la licitación, la adjudicación y la propia ejecución de la obra «sea rápido», puesto que «el Siepse ya tenía actualizado el proyecto y el pliego de condiciones, que hubo que modificarlo porque no se formalizó el contrato», por lo que «el modificado del pliego de condiciones de la licitación está hecho, con lo cual entiendo que luego lo podrá utilizar Sepes y ese paso ya lo tenemos dado». Aún así, no hay plazos seguros. El traspaso de las viviendas y terrenos de otras entidades del Estado a Sepes no es una situación que afecte exclusivamente a los terrenos de la antigua cárcel de Fátima. De hecho, es una medida que se creó para todas las viviendas y suelos públicos susceptibles de ser utilizados para viviendas públicas asequibles que procedan del Invied, Adif, Muface o Siepse, entre otros, dentro del decreto ómnibus de diciembre. Sin embargo, éste fue tumbado en enero por el Congreso. El nuevo decreto, del 29 de enero, ya no incluía este mecanismo . Esta herramienta quedó suspendida temporalmente, pero el objetivo del Gobierno es que se incorpore lo antes posible en otro nuevo decreto con medidas económicas. El traspaso, en cualquier caso, también podría realizarse por el trámite ordinario (más lento) que establece hasta ahora la Ley de Patrimonio. Precisamente, los terrenos de la antigua prisión de Córdoba en el barrio de Fátima tuvieron ayer otra novedad en el ámbito municipal. En el juego de la contienda política, cualquier escenario es viable para promover cierta presión al oponente. Curiosamente, la Empresa de Vivienda Municipal del Ayuntamiento de Córdoba ( Vimcorsa ) adjudicó ayer la redacción del proyecto para la promoción de 72 VPO en los suelos de la antigua cárcel de Fátima. Se trata de 36 pisos protegidos en cada una de las dos manzanas (una de ellas serán alojamientos para mayores) que le corresponden de los suelos que están pendientes de que el Gobierno licite su urbanización. Vimcorsa adjudicó ayer al prestigioso despacho Castelló Arquitectos Asociados la redacción del proyecto básico, de ejecución, de telecomunicaciones, de actividad industrial, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de la ejecución y asistencia técnica de «las 72 viviendas protegidas (36+36), las plazas de aparcamiento y trasteros de las parcelas 3 y 5 del PERI LE-19 del PGOU de Córdoba», que son los terrenos de la anterior prisión de Fátima. Lo hizo por un importe de 507.295 euros, IVA incluido. Con un plazo de ejecución de 100 días, unos tres meses y medio. De vuelta a los proyectos del Gobierno en Córdoba, Ana López argumentó que, en casos como el Museo Arqueológico o la Variante Oeste ( y otros), no tienen ahora mismo plazos porque «fundamentalmente estamos pendientes de presupuestos, de tener Presupuestos» Generales del Estado. «En el momento que tengamos presupuestos», apuntó que «supongo que iremos más rápido en todo». De hecho, señaló que «tengo esperanza en que podamos tener presupuestos, que la vicepresidenta sea capaz de cerrarlos».