Jucil reclama que la Guardia Civil pueda usar armas largas ante la escalada de violencia de los narcos en Andalucía

Están crecidos y armados hasta los dientes con arsenal de guerra . Las últimas muertes de narcos en persecuciones están alimentando su sed de venganza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos agentes se juegan la vida a diario, son conscientes de ello aunque desde el Ministerio del Interior se esté minimizando la situación y asegurando que estas organizaciones criminales están «cercadas». Nada más lejos de la realidad. En Jucil, asociación de la Guardia Civil, han dado la voz de alerta y advierten del preocupante aumento de la actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas a gran escala en el Campo de Gibraltar y en otras provincias del litoral andaluz. La organización ha exigido a través de un escrito a la Dirección General de la Guardia Civil que se dote a las patrullas de seguridad ciudadana de los medios necesarios para afrontar los nuevos desafíos que plantea la creciente peligrosidad de las organizaciones criminales que operan en la zona. Cuando acaba de cumplirse un año del asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate , en Cádiz, tras ser embestidos brutalmente por una narcolancha, Jucil sostiene que la situación no sólo no han mejorado, sino que es «insostenible y la violencia ha escalado a una velocidad vertiginosa». Y lo constata con hechos. En las últimas semanas, Andalucía ha sido testigo del atropello de varios guardias civiles en Cádiz y Málaga; del fallecimiento de dos supuestos narcos en el mar mientras realizaban actividades ilegales; se han avistado multitud de 'petaqueros' y narcolanchas en toda la costa y por el río Guadalquivir; agentes han sufrido atentados contra sus bienes personales, como el incendio del vehículo de un agente en Adra; y miembros de las organizaciones criminales protegiendo un alijo con AK-47 (Kalashnikov). Aunque el Ministerio del Interior ha prorrogado el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, extendido a seis de las ocho provincias andaluzas, hasta el 31 de diciembre de 2025, y que dicho plan reconoce la necesidad de adaptar los medios a los nuevos desafíos, los agentes de seguridad ciudadana siguen sin disponer de las armas largas que, según Jucil, se encuentran almacenadas en los armeros oficiales de las compañías. La asociación recuerda que el fiscal jefe de la provincia de Cádiz, Ángel Núñez Sánchez, ha reconocido públicamente la presencia de mafias de los Balcanes operando en la costa gaditana y ha denunciado la falta de medios personales y materiales para combatir el narcotráfico, que cada vez es más violento y utiliza armas de guerra. Ante esta situación, Jucil solicita que se implementen mecanismos que permitan la rápida movilización de un equipo de apoyo en caso de producirse situaciones de riesgo, garantizando la presencia de al menos una patrulla debidamente equipada con todos los medios necesarios, incluyendo armas largas y vehículos todoterreno, en cada uno de los núcleos operativos con mayor incidencia. Asimismo, la asociación exige que se dote a las patrullas de seguridad ciudadana que operan en la zona costera de Huelva, Cádiz y el Campo de Gibraltar de todos los materiales tecnológicos y de seguridad disponibles para hacer frente a este tipo de criminalidad. Jucil subraya que su petición se fundamenta en la necesidad de cumplir con las normativas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales y garantizar la seguridad de los agentes , así como en la necesidad de mejorar la eficacia de la lucha contra el narcotráfico en la zona. Por ello, expresa su disposición a colaborar activamente en la optimización de los protocolos de seguridad y reitera que su único objetivo es contribuir a la protección de los agentes y al servicio que prestan a la ciudadanía. Además, recuerda que para combatir esta lacra, es necesario dotar de medios suficientes y adecuados a la Guardia Civil y vuelve a reclamar la renovación inmediata de la flota marítima con embarcaciones a la altura de las que utilizan los narcotraficantes -gran parte están amarradas a puerto por averías-, una mayor dotación de medios terrestres acordes y personales para frenar el crimen organizado en la provincia, la creación de un juzgado especializado en narcotráfico en Cádiz para agilizar los procedimientos y garantizar que los detenidos no queden en libertad por retrasos judiciales, la declaración de Zona de Especial Singularidad para todo el litoral andaluz, la reactivación del OCON-Sur , el grupo de élite especializado en narcotráfico que sí cercó al narco y que fue desmantelado sin justificación por parte de Interior, y la tipificación del delito de 'petaqueo' -el transporte de combustible para narcolanchas-, cuya proposición de ley ha sido aprobada por el Senado y debe pasar al Congreso de forma urgente.