Un terrorista en el Congreso

La audiencia que el Congreso de los Diputados concedió al yihadista Mohamed Houli este jueves lesiona el corazón institucional de la democracia y representa una afrenta a las víctimas del terrorismo a cambio de la supervivencia del Gobierno. Houli, condenado a 43 años de cárcel por terrorismo, es uno de los responsables de los atentados de Cataluña. El 17-A de 2017, una célula asociada al Daesh asesinó a dieciséis personas e hirió a cientos, muchas de ellas en el espantoso atropello de las Ramblas, uno de los episodios más trágicos de la extensa crónica del terror que ha sufrido España. Voces políticas pertenecientes a todo el arco parlamentario, incluido algún barón socialista, como Emiliano García-Page, han lamentado el espectáculo de ver a un terrorista sentar cátedra en la sala Prim del Parlamento y pronunciar aberrantes teorías sobre aquel doloroso episodio, hasta acusar al Estado de poco menos que promoverlo. Según la lúbrica versión que expone sin pruebas Houli y que pretenden difundir los independentistas catalanes, el CNI conocía las intenciones de los terroristas y dejó que el atentado sucediera para perjudicar políticamente al separatismo a costa de las vidas de ciudadanos inocentes. La difusión de esta fantasmagoría es el propósito fundamental de esta comisión y se conoce desde su alumbramiento, ahora hace un año, gracias al apoyo del PSOE. No estamos, por tanto, ante un desgraciado accidente del funcionamiento del Congreso, un suceso casual del que haya que lamentar solamente la falta de vigilancia de la presidencia de la Cámara. El episodio de Houli no es un desliz inconsciente. Lo que define su verdadera dimensión es que forma parte del precio que paga el sanchismo para que Francina Armengol accediese al cargo. La comisión de investigación forma parte de la negociación para que el PSOE se hiciera con la presidencia de la Cámara y, de manera más general, se enmarca en los acuerdos con los independentistas para la investidura de Sánchez. Para conseguir su supervivencia, el Gobierno y el Grupo Socialista, a las órdenes de Moncloa, permiten que los terroristas terminen por mancillar el relato de los hechos a costa de la dignidad de los muertos y del propio Estado, al que arrojan a los pies de sus enemigos. Con demasiada frecuencia, las instituciones son escenario de los discursos negacionistas del terror en los partidos que lo contextualizan, lo blanquean y lo legitiman. La propia izquierda aberzale, con la necesaria colaboración de Unidas Podemos, acogió en el Congreso a los familiares de los agresores de guardias civiles de Alsasua, y en ese acto se difundió el mensaje de que el ataque fue una riña de bar. No se puede desgajar la difusión de las teorías que de una manera o de otra justifican la violencia terrorista de la precaria situación parlamentaria del Gobierno y de su disposición a sacrificar el relato de los que la han sufrido con tal de conseguir apoyos. El PSOE permite teorías negacionistas del horror y también desdibuja el esquema de víctima y victimario por incomparecencia. Los discursos que justifican o ponen en contexto el uso de la violencia no son nuevos, pero sí la falta de voluntad del Gobierno en rebatirlos . Día a día se exhiben puestas en escena que ofenden a las víctimas y glorifican de manera más o menos evidente a los asesinos, pero el partido en el Gobierno desiste de contrarrestarlos ante la realidad inapelable de que los que hablan son sus socios. El intercambio de memoria por poder se ha consolidado como un lúgubre patrón en el que reincide el sanchismo para escarnio de la sociedad y deterioro de las instituciones que la representan.