El hermano de Ximo Puig se expone a 18 meses de prohibición de contratos con la Administración por sus subvenciones

El hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig se enfrenta a una posible sanción de hasta 18 meses de prohibición para aspirar a contratos con la Administración en Castellón, donde tiene radicada su empresa. Mientras se confirma o no este castigo por subvenciones que recibió de forma presuntamente irregular, ha alegado el riesgo de quiebra para su actividad económica. El informe del departamento de Competencia de la Conselleria de Economía se elevó al órgano estatal de contratación en estos término, -tal como ha adelantado Las Provincias -, y ahora será la Administración central la que decidirá en última instancia la posible sanción , como consecuencia de la percepción de fondos para sociedades vinculadas a Francis Puig y sus socios, los hermanos Adell Bover. La justificación de estas medidas de penalización por parte de los técnicos de la Generalitat se fundamenta en que los responsables de esta manipulación de precios para optar a contratos públicos ya han sido multados y, en lo que respecta a las repercusiones para los responsables, en el informe se relativiza porque se trataría de un veto temporal a su actividad de contratistas. Además, podrían seguir optando a estos trabajos y servicios en otros ámbitos territoriales, fuera de la provincia de Castellón . Esta misma semana se conoció que los indicios objeto de investigación judicial se refieren a « facturas falsas » y también una empresa «ficticia» fantasma , todo creado presuntamente de forma «fraudulenta» por dos empresarios audiovisuales con el fin de «simular gastos» y conseguir de esta manera más ayudas de la Generalitat. En la información que ha trascendido, se aprecia que el juez apunta a «actividades carentes de forma patente de cualquier relación con la subvención», con lo que se consiguió un « enriquecimiento ». De esta manera, dictó auto de procesamiento abreviado, lo que llevará al hermano de Puig a sentarse en el banquillo, por los fondos públicos de los que se beneficiaron su productora y la de Juan Enrique Adell entre 2015 y 2018. En el punto de mira, los posibles delitos de estafa agravada y falsedad documental, si bien se descarta el de fraude de subvenciones, al no alcanzar el umbral penal de 120.000 euros. Por su parte, el Gobierno de Carlos Mazón estudia personarse en la causa para intentar «recuperar los bienes usurpados a los ciudadanos » cuando estaba al frente de la Generalitat Valenciana la coalición de PSPV-PSOE y Compromís, por beneficiar supuestamente a Francis Puig y su socio, tal como deja entrever esta investigación judicial que dura seis años. La actividad de ambas empresas por las que podría acabar condenados sus gerentes estaba relacionada con la producción para el canal autonómico de televisión y el fomento del valenciano y el catalán.