Transparencia oculta las causas por las que se suspendieron las ayudas a investigadores en IA

La frustración de cientos de científicos españoles no ha parado de crecer desde que, en plenas vacaciones navideñas, el Ministerio de Ciencia y Universidades suspendiera una convocatoria para proyectos de investigación con Inteligencia Artifical. El Gobierno iba a financiar con 31 millones de euros varios proyectos que, finalmente, no han recibido ni siquiera una valoración de un trabajo en el que habían invertido «una cantidad de tiempo incalculable», reconoce Alejandro Rodríguez, uno de los científicos que se había presentado a una convocatoria lanzada por el exministro Joan Subirats en julio de 2023. Rodríguez, animado por muchos de sus compañeros, presentó hace algunas semanas una solicitud ante el Portal de Transparencia del Gobierno preguntando por las verdaderas causas que habían provocado la cancelación de las ayudas. Pero la respuesta, que llegó a finales del mes de enero, ha sido aún más difusa y opaca que la proporcionada por el ministerio dirigido por Diana Morant cuando la polémica trascendió a los medios de comunicación. En concreto, este portal se limita a asegurar que «durante el desarrollo del procedimiento administrativo para su resolución, han surgido una serie de circunstancias sobrevenidas que han provocado que finalmente no sea posible técnicamente resolver esta convocatoria». Alejandro Rodríguez, catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, no da crédito con la respuesta: «En mi solicitud, les pedía concreción sobre esas causas sobrevenidas a las que tanto han aludid o, pero Transparencia no ha sido transparente, es más, la contestación termina con un discurso en tono propagandístico sobre todo lo que el Gobierno invierte en IA», asegura. De hecho, resulta llamativo que desde el Portal de Transparencia no se mencione la reasignación de fondos europeos por la dana como una de las causas que derivaran en la cancelación de las ayudas para la IA. Según expresaron fuentes del ministerio a este periódico, «existe la necesidad de priorizar la gestión de normas y programas de ayuda para la reconstrucción de diversa índole hacia territorios afectados por la dana». Los de Morant, además, pedían disculpas por lo sucedido: «Lamentamos profundamente que las propuestas presentadas no vayan a poder llevarse a cabo». En cualquier caso, y aunque ahora Transparencia omita una de las principales explicaciones que esgrimió el ministerio, la 'reasignación' de fondos como consecuencia de la dana no convenció tampoco como excusa a estos investigadores, que recuerdan que la convocatoria tuvo que haberse resuelto en marzo de 2024, varios meses antes de que ocurriera la catástrofe natural en la Comunidad Valenciana. La no respuesta del Portal de Transparencia no ha hecho sino incrementar el descontento de los científicos que se habían presentado a la convocatoria. Por el tiempo invertido, pero también por los recursos. «Se había formado a numerosos profesionales para poder integrarse en el trabajo, que ahora tienen que volver a empezar», lamenta Raquel Abalo, catedrática de Farmacología de la Universidad Rey Juan Carlos que había participado en uno de los proyectos presentados. La opacidad de Transparencia llega después de que el grupo de investigadores afectados decidiera elevar el problema a la esfera europea . Remitieron varias misivas a la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y a la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. En ellas, después de explicar lo ocurrido, se exigió la asunción de responsabilidades políticas e, incluso, se desliza la posibilidad de que se produzcan dimisiones. La misiva a Europa, recordamos, provocó la reacción de La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que exigió mediante una carta al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, que restituyese la convocatoria. Anteriormente, también habían exigido su restitución desde la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) que, además, pedía más transparencia en las causas y una compensación económica a los investigadores afectados.