La Fiscalía desinfla la ofensiva del PSOE contra la Junta de Andalucía: no habrá «revisión general» de los contratos del SAS

La Fiscalía Anticorrupción ha acotado el alcance de la investigación judicial sobre un presunto abuso de los contratos de emergencia realizados por parte de la Junta de Andalucía entre 2021 y 2024, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba estas adjudicaciones a dedo con motivo de la pandemia del covid . En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el pasado 3 de diciembre, al que ha tenido acceso ABC, el Ministerio Público advierte de que la investigación no supone en ningún caso «una revisión general de la contratación efectuada por la Junta de Andalucía» , como pretende el PSOE. En su denuncia, que dio pie a este procedimiento penal, el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz apuntaba la teoría de «los contratos de emergencia no eran más que un colosal fraude que escondía una contumaz voluntad de contratar a dedo a las empresas que se elegían por criterios desconocidos y opacos». La Fiscalía desinfla las expectativas del PSOE para abrir una causa general contra el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP). Lo hace a través de un escrito por el que el Ministerio Público rechaza un recurso de reforma presentado ante el juez por el abogado del exdirector gerente del SAS Diego Agustín Vargas Ortega que se oponía que se incorporara al sumario el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los contratos tramitados por la Junta de Andalucía y sus entidades para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 durante el año 2020. Vargas Ortega es uno de los tres exdirectores del SAS que han sido citados en calidad de «querellados» en esta causa, junto con Miguel Ángel Guzmán y la actual responsable, Valle García Sánchez. Al hilo de esta petición, los fiscales delegados de Anticorrupción que se han hecho cargo de esta investigación aclaran que ésta se centra en «unos concretos hechos de apariencia delictiva» referidos al empleo de la fórmula de emergencia en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre «procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas». Se trata de determinar si «específicamente» la tramitación de estos encargos al amparo del polémico sistema , así como las sucesivas prórrogas y modificaciones del presupuesto realizadas durante 2024 que se plasmaron en resoluciones y contratos singulares firmados por distintos directores gerentes del SAS, « han sido injustamente contrarios a la legalidad », puntualizan. En un escrito registrado ante el Juzgado el 11 de noviembre pasado, la Fiscalía explicó que, tras la declaración de la pandemia de covid en marzo de 2020, «el Servicio Andaluz de Salud comenzó a contratar con empresas privadas externas una inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas que debieron prestarse por la sanidad pública». Bajo el amparo de la crisis sanitaria, la agencia de la Junta recurrió al «procedimiento excepcional de emergencia regulado en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de diciembre». Aplicando este sistema, el 6 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno andaluz « sustituyó el control previo del gasto público correspondiente a los expedientes de gasto tramitados por el procedimiento de emergencia que hacía la Intervención Central del SAS por el control financiero permanente», relata la Fiscalía. El 20 de enero de 2021, el entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, quien en julio de 2022 fue nombrado viceconsejero de Salud, autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia. A partir de dicha resolución se dictaron otras posteriores y se firmaron contratos singulares «no ajustándose, según señala la Intervención General de la Junta de Andalucía, el carácter de emergencia derivada del covid-19» a estas prestaciones encargadas por los servicios centrales del SAS. Anticorrupción sostiene que se habría utilizado «de forma inadecuada» el procedimiento de emergencia en lugar de otro sistema que permitiera «concurrencia y competencia entre empresas». Estas resoluciones y contratos fueron dictados y suscritos por los tres directores gerente del SAS denunciados por el PSOE y citados en la causa que abarca «el periodo temporal de 2021 a 2024», detalla. En el escrito que ha dirigido al Juzgado que instruye las diligencias previas, los fiscales mencionan un expediente de contratación para realizar procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas y las sucesivas resoluciones para ampliar el presupuesto o prorrogar los trabajos, que están fechadas entre enero de 2021 y diciembre de 2022. El importe total del citado expediente asciende a 899.949 euros . Amparados en estas resoluciones, la Fiscalía señala que se hicieron contratos de servicios con empresas concretas « sin presuntamente habilitación legal ni presupuestaria ». Entre dichos contratos aparece la segunda fase de las obras de remodelación del Hospital Militar Vigil de Quiñones en Sevilla en 2021. El Gobierno andaluz convirtió en un centro sanitario de emergencias durante la pandemia después de siete años de abandono por parte de la Junta de Andalucía. La Fiscalía también pone la lupa en nueve contratos realizados entre enero y julio de 2024 con empresas privadas que suman 24.688.878 euros . «Según su tenor literal, estos últimos contratos suscritos en 2024 son adjudicados por resolución del 20 de enero de 2021» para modificar el presupuesto máximo de los mismos para la prestación de asistencia médica, diagnóstica y terapéutica para pacientes del SAS que reciben tratamiento contra el cáncer. En su recurso, el exdirector del SAS Diego Agustín Vargas ponía objeciones a la petición de la Fiscalía para incluir «papeles de trabajo» y «los sucesivos borradores» elaborados por el equipo de auditores y técnicos que realizó el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre los contratos de la Junta tras la declaración de la pandemia en el año 2020. El Ministerio Público no comparte esta idea y considera «idónea» la documentación que ha solicitado para «los fines» de la investigación que está en marcha. Por este motivo, desestima el recurso del ex alto cargo de la agencia pública sanitaria.