La CEA pide más inversión pública y los sindicatos un mayor gasto en sanidad, educación y dependencia en el presupuesto andaluz

El Presupuesto andaluz para 2025 asciende a 48.836 millones de euros, lo que s upone casi 2.000 millones de euros más que el pasado ejercicio . Este aumento se ha concentrado principalmente en la sanidad, la educación y la dependencia, mientras que otros aspectos como la inversión pública se han mantenido congelados. Este planteamiento fue ayer objeto de análisis en el Parlamento andaluz por parte de los principales agentes sociales y económicos. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha destacado en su intervención la «estabilidad» que aporta a Andalucía tener los presupuestos aprobados en tiempo y forma cada año frente a la situación del Gobierno central. «Al efecto de ver de nuevo prorrogados los Presupuestos Generales del Estado se une la reforma pendiente del sistema de financiación autonómico que perjudica los intereses andaluces y la inestabilidad política que afecta a las relaciones con las comunidades autónomas», recoge el documento trasladado al Parlamento. Al mismo tiempo, y ya en el análisis detallado de las cuentas, reclama una mayor inversión pública por parte de la Junta de Andalucía en infraestructuras. « Los 5.800 millones de euros suponen un 2,5% del PIB regional una cifra que continúa alejada del 5% del PIB anterior a la crisis financiera ». «Se debe impulsar la inversión pública para que crezca al menos lo mismo que lo hace el presupuesto», recoge la CEA. Las cuentas crecen un 4% pero la inversión se congela. Junto a esto, y como viene siendo habitual la CEA advierte de la necesidad de acometer medidas que favorezcan niveles más elevados de ejecución presupuestaria por lo que pide más «agilidad y simplificación» especialmente en el ámbito de los programas para fomento empresarial «con una tasa de ejecución sobre el crédito existente del 60%». La visión es mucho más crítica en el caso de los principales sindicatos andaluces. El análisis de UGT Andalucía subraya que el presupuesto andaluz para 2025 «no recoge las áreas sociales y laborales como una prioridad absoluta» . Y específicamente apunta a la sanidad, en una situación «crítica»: «No podemos tolerar más despidos de sanitarios ni la emigración de nuestros profesionales en busca de mejores condiciones laborales. Nos resulta inaceptable el cierre de centros de salud en horario de tarde», apunta el sindicato, que también censura los fondos asignados a educación y dependencia. En su informe UGT además incorpora la reivindicación de un plan frente a la siniestralidad laboral y de una línea clara de actuación en materia de vivienda: «Pedimos una respuesta contundente y rápida a esta crisis de vivienda que afecta a miles de personas y que pone en riesgo la cohesión social y el equilibrio territorial de toda la comunidad autónoma», apuntó. Además de reivindicar un mayor gasto social en educación, sanidad, dependencia y vivienda, CCOO-A incorporó un análisis una visión crítica en torno a la gestión de los ingresos censurando las medidas de rebajas fiscales o la renuncia a determinados programas europeos como los 112 millones para crear nuevas escuelas infantiles: « No podemos entender decisiones que merman el presupuesto y después aludir a que no hay dinero porque el Gobierno central discrimina a Andalucía en el reparto de la financiación autonómica». CCOO-A reivindica especialmente en su documento un mayor esfuerzo de gasto público en el c umplimiento de las medidas pactadas e incorporadas en el Pacto Social y Económico suscrito en marzo de 2023 : «No vemos reflejadas cuestiones como la universalización de la escuela infantil de 0 a 3 años , la insuficiente financiación de las universidades, medidas para industrializar Andalucía, el aumento del precio-plaza en dependencia o los planes en materia de igualdad de género». Por último, en el caso del CSIF calificó también los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 de «insuficientes» ya que « no servirán para reforzar los servicios públicos ni para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que los sustentan». «La tónica general de estas cuentas es hacer más con menos, manteniendo unas plantillas mermadas y sobrecargando de trabajo a los servidores públicos», concluyó.