Competencia del Reino Unido no se opondrá a la fusión de Vodafone y Three a cambio de inversiones
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La Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) de Reino Unido ha determinado que el acuerdo entre Vodafone y CK Hutchison Group Telecom (CKHGT) para fusionar sus unidades de negocio de telecomunicaciones en Reino Unido, que en el caso de CKHGT se realizan a través de Three UK , «podría llevarse a cabo si se aplican las medidas adecuadas», incluyendo un «compromiso multimillonario» para mejorar la red de la empresa fusionada y medidas a corto plazo de protección al consumidor. El pasado mes de abril, el regulador británico decidió remitir el acuerdo para una «investigación en profundidad» al considerar que la fusión, valorada en unos 15.000 millones de libras esterlinas (17.859 millones de euros) podía dar como resultado una disminución sustancial de la competencia en el Reino Unido. En un anuncio provisional, previo a la decisión final que se conocerá a más tardar el próximo 7 de diciembre , la CMA considera que un compromiso de miles de millones de libras para mejorar la red de la empresa fusionada en todo el Reino Unido, incluida la implementación de 5G, combinado con protecciones a corto plazo para los clientes «podría resolver los problemas de competencia identificados» y permitir que la fusión siga adelante. «Creemos que este acuerdo tiene el potencial de ser procompetitivo para el sector móvil del Reino Unido si se abordan nuestras preocupaciones», ha afirmado Stuart McIntosh, presidente del grupo de investigación que lidera la investigación de la CMA. En este sentido, tras las consultas realizadas con las partes interesadas al respecto, el regulador ha publicado este martes un documento de trabajo sobre remedios aplicables con el fin de recabar opiniones sobre la eficacia de las medidas planteadas. Según la opinión provisional de la CMA, un compromiso jurídicamente vinculante para llevar a cabo el programa de integración e inversión de la red propuesto por Vodafone y Three mejoraría significativamente la calidad de la red móvil de la empresa fusionada, «impulsando la competencia entre los operadores de redes móviles a largo plazo» y beneficiando a millones de personas que dependen de los servicios móviles. Asimismo, la CMA también determina la necesidad de implementar protecciones a corto plazo para garantizar que los consumidores minoristas y los operadores de redes virtuales móviles puedan seguir obteniendo buenos acuerdos durante los años iniciales del proceso de integración de la red y despliegue de la inversión. Para tal fin, propone que las empresas presenten su plan de red conjunto, que establece la actualización y las mejoras de la red que realizarán mediante niveles significativos de inversión durante los próximos 8 años en todo el Reino Unido. Esta sería una obligación legal supervisada tanto por Ofcom, el regulador de las telecomunicaciones del país, como por la CMA. Además, las operadoras deben comprometerse a mantener ciertas tarifas móviles y planes de datos existentes durante al menos 3 años, protegiendo así a millones de clientes actuales y futuros de Vodafone/Three de aumentos de precios a corto plazo en los primeros años del plan de red. Tras el anuncio de la CMA, Vodafone y Three han acogido «con agrado» el reconocimiento del regulador de que las mejoras significativas en la calidad de la red proporcionadas por su Plan de Red Conjunto «impulsarán la competencia entre los operadores de redes móviles a largo plazo y beneficiarán a millones de personas que dependen de los servicios móviles». El pasado mes de diciembre, la Comisión Europea dio su visto bueno al acuerdo entre Vodafone y CK Hutchison Group Telecom (CKHGT) para fusionar sus unidades de negocio de telecomunicaciones en Reino Unido, al concluir que la operación no tendría un impacto negativo en el espacio económico europeo, ya que su efecto sería «limitado». Según informaron las compañías al anunciar la transacción, Vodafone poseerá el 51% del negocio fusionado y CKHGT el 49% restante, añadiendo que se invertirán unos 11.000 millones de libras (más de 13.000 millones de euros) en la próxima década para crear una de las «redes 5G independientes más avanzadas» y en «total compatibilidad» con los objetivos del Gobierno del país.