La portavoz Alegría falta a la verdad sobre la reforma que beneficia a los etarras y el aval de la Audiencia al caso Gómez

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reaccionado este martes a los dos asuntos de mayor actualidad que afectan al Ejecutivo -la reforma legal que supondrá la rebaja de penas para una cuarentena de etarras y la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que avala la investigación sobre los contratos y la cátedra de Begoña Gómez- deslizando varias in formaciones incorrectas y falsas sobre las mismas. En su rueda de prensa semanal, donde en esta ocasión le acompañaba la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Alegría ha asegurado que el Consejo de Estado avaló en diciembre la reforma que permitirá ese beneficio a los miembros de ETA (mediante una enmienda de Sumar a la transposición de una directiva europea sobre intercambio e información de antecedentes) y que el texto es el mismo, «idéntico» ha llegado a decir, que el que aprobó un Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy en 2014. Ambas cosas son incorrectas, bulos o, en cualquier caso, medias verdades. Lo que el Consejo de Estado, presidido por la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, avaló es el texto que aprobó el Gobierno, antes por tanto de su trámite parlamentario y de las enmiendas que se introdujeron, aprobadas por unanimidad, en lo que los partidos de la oposición, el PP y Vox, han asumido ya como un error propio que piden subsanar. Y lo que aprobó en primera instancia el Gabinete de Rajoy no es el texto que ha levantado la polémica las últimas veinticuatro horas y provocado la indignación de las víctimas del terrorismo. Ese mismo Gobierno del PP introdujo una disposición adicional, después del paso del texto por el Consejo de Ministros, precisamente para evitar ese beneficio a los etarras y que se pudieran descontar de sus condenas los años de prisión cumplidos en Francia, y es esa disposición la que finalmente se ha enmendado. Otra abierta falsedad traslada desde la mesa del Consejo de Ministros, donde Alegría ha evitado precisar si, como pide la oposición, se hará algo para revertir la situación, aunque fuentes de Moncloa asumen las consecuencias de la reforma. En cuanto a lo dictaminado por la Audiencia Provincial sobre la investigación que afecta a la mujer de Pedro Sánchez, Alegría ha vaticinado el archivo de la causa, y ha deslizado que la Audiencia califica de prospectiva la investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado. No es así. La propia Audiencia se pronuncia así sobre el particular, en contra de los argumentos de la defensa de Gómez y del Ejecutivo: «Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación». El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que la ley se trata de «una pieza fundamental básica» para homologar a España con el resto de países europeos, a pesar de que el proyecto de ley que el Gobierno presentó ante las Cortes no incluía originalmente la enmienda que elimina la disposición adicional única se incluía en el texto y que evitaba que se conmutasen las penas de prisión a los etarras por los años pasados en cárceles del extranjero. En un juego de confusión, López ha dicho medias verdades para venir a decir que esta modificación tenía que hacerse, guste o no, sí o sí. «Entiendo lo que es la sensibilidad y la emotividad de las víctimas en este momento», ha dicho, pero ha defendido la aprobación de la enmienda que significará la rebaja de 380 años de cárcel a cuarenta etarras, tengan o no delitos de sangre a sus espaldas. El diputado socialista, en referencia a la doctrina Parot, ha aseverado que no es la primera vez que la Justicia europea da «palos» a España, pero lo ha hecho ignorando que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalaron que no se conmuten las penas a los etarras que hubiesen pasado ya años de prisión en el extranjero. «No soy experto en derecho, pero hay una máxima que dice que un penado no puede cumplir dos penas por un mismo delito», ha dicho López, cuando lo cierto es que en Francia los terroristas eran condenados por pertenencia a organización terrorista y después en España cumplen condena, en algunos casos, por asesinato. En cualquier caso, no es un doble castigo por los mismos hechos, como ha sugerido López, sino que la estancia en prisión de los etarras obedece a distintas motivaciones y no solo a aquellas por las que fueron ya juzgados en el país vecino. López, como Alegría, ha insistido en que la reforma se aprobó por unanimidad —porque ni el PP, ni Vox ni UPN se percataron de lo que implicaba esa enmienda— y ha negado que suponga la baja de penas, sino el cumplimiento de los años de la condena en España, descontando los ya pasados en Francia por hechos distintos —aunque él haya hablado de «un mismo delito»—. En el caso concreto de Javier García Gaztelu, conocido como Txapote y sobre el que recaen doce asesinatos, entre ellos los de Fernando Múgica y Miguel Ángel Blanco, López también negó que suponga una rebaja el hecho de que, si como todo apunta se termina aprobando esta reforma, pueda salir de prisión dentro de un año en vez de en 2030. «Ya ha cumplido esos años», ha sentenciado, en referencia a su estancia en la cárcel francesa durante seis años y nueve meses.