La Audiencia juzga a nueve acusados, entre ellos un cabo de la Guardia Civil, por una trama de venta de ganado robado

El Equipo Roca de la Guardia Civil se empleó a fondo en una investigación -en la que estaba implicado un cabo destinado en Los Pedroches - tras detectar el aumento del robo de ganado en la zona de Peñarroya-Pueblonuevo entre 2015 y 2017 en la que se destapó a través de escuchas telefónicas autorizadas por el Juzgado una trama entre tratantes de ganado, cebaderos, empresas de desinfección y dueños de explotaciones que introducían en el mercado animales sin identificar. De esta operación fueron detenidas nueve personas, entre ellas un cabo de la Guardia Civil que asesoraba al presunto cabecilla de la trama de cómo debía actuar para eludir a los agentes, acusado de un delito de omisión del deber de perseguir delitos que ahora se enfrenta a penas de inhabilitación. La Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso ABC, considera a seis de los nueve acusados responsables de delitos continuados de falsedad en documento público de un lado de las guías de origen o transporte animal y de los crotales, igual que en referencia a los certificados de desinfección del camión, así como un delito de omisión de perseguir delitos para el cabo de la Guardia Civil que participó en la trama. El relato del Ministerio Público, al que ha tenido acceso ABC, recoge que el acusado B.G.B., -presunto cabecilla de la trama que se enfrenta a seis años de cárcel- sin que conste que tenga ninguna explotación ganadera ni nadie de su familia, se dedica a la compra-venta de ganado a comisión, como corredor de ganado y con ánimo de aumentar su beneficio, compraba ganado de origen desconocido a distintos ganaderos que tenían comprometida su producción, y que por lo tanto no podían vender libremente, o bien pertenecían a una explotación paralizada por haber dado positivo a alguna enfermedad del ganado. Este corredor de ganado, de común acuerdo con el propietario de un cebadero de la zona, J.M.A., para amparar al ganado de esta forma pedía guías y crotales a terceros ganaderos, entre ellos el también acusado M.R., para darle apariencia de legalidad al ganado introducido en el mercado. Una vez en posesión del ganado lo traslada a cebaderos propiedad de otros dos acusados (D.H. y J.R. o de J.M.A.), todos ellos conocedores del origen desconocido de esas reses. Con este modus operandi el fiscal recoge que estos individuos en el mes de marzo de 2017 mantuvieron una serie de conversaciones telefónicas intervenidas para ponerse de acuerdo y conseguir crotales y guías (documentos que permiten la salida de los animales de una explotación para su transporte). El día 24 de abril un equipo Roca realiza una inspección en una de las fincas donde se estaban produciendo estos movimientos y comprobaron cómo en el camión conducido por uno de los acusados se estaban cargando corderos sin crotal. En total se localizaron 1.459 borregos y dos chivas, careciendo de identificación 152 de las cabezas . Los agentes comprobaron además que en el camión en cada uno de los 18 separadores iban siempre cuatro borregos sin crotal, aparentemente con la intención de camuflarlo en caso de una inspección. De igual modo, otros 154 borregos procedían de una explotación paralizada por brucelosis, pendiente de un contraanálisis. Los acusados no podían aportar los datos de la explotación origen del ganado. En esta misma investigación, los agentes encontraron más de un centenar de borregos sin crotal en uno de los cebaderos de los acusados. Otro de los procesados había adquirido como dueño de una explotación ganadera más de 20.000 crotales entre 2014 y 2017, todo ello a pesar de que no tenía ganado alguno en propiedad en ese tiempo, por lo que los datos que se hicieron constar en las guías, según el Ministerio Público, «no eran erales y los crotales se utilizaron para identificar ganad que caería de los mismos». En esta trama había también un acusado propietario de una empresa de desinfección autorizada por las Autoridades que se encargaba de emitir informes sobre la desinfección de los camiones donde se transportaban estos animales, también falsos. Por último, la Fiscalía destaca el papel que jugó en esta trama un cabo primero de la Guardia Civil destinado entonces en esa zona norte. «Para realizar estas acciones el acusado B.G.B., tratante de ganado, así como los demás acusados contarían con el apoyo externo del acusado cabo de la Guardia Civil quien por razón de su cargo ha tenido conocimiento de las investigaciones realizadas por los grupos Roca sobre los robos de ganado en la zona, así como de las inspecciones de explotaciones propiedad de algunos de los acusados prestando asesoramiento de cómo evitar sanciones y avisando a los mismos de algunas de las intervenciones policiales realizadas y no comunicando ni iniciando instrucción de los supuestos delitos de los que era conocedor entre 2015 y 2017. En concreto, la fiscalía recoge que este cabo «asesoró al corredor de ganado por el conocimiento que tenía de los hechos y por haber estado antes en el Serpona. llegando a decir a dos acusados que si los llamaban del cuartel a declarar que no lo hicieran y que dijeran que si los llamaban del juzgado irían con su abogado, que las denuncias no llegarían a nada y si que en todo caso serían sanciones administrativas que podrían recurrir. El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen delitos continuado de falsedad en documento público en referencia a las guías de origen y transporte de animales y a los crotales, así como un delito de falsedad por el documento de desinfección de los camiones , así como un delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro delito de revelación de secretos. Del primer delito continuado de falsedad, el fiscal considera responsables a seis de los nueve acusados, B.R.B., L.P., M.R., J.M.A., D.H. y J.R. que se enfrentan a tres años de prisión cada uno y una multa de 3.600 euros. De otro lado, del delito de falsedad en documento público en cuanto a los certificados de desinfección la Fiscalía solicita para B.R.B., D.M.N. y C.B. tres años de prisión y otra multa de 3.600 euros. Por último, al cabo primero de la Guardia Civil acusado la Fiscalía solicita una pena de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y por el delito de revelación de secretos una multa de 5.400 euros así como inhabilitación para empleo o cargo público por tres años.