La juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez advierte de las multas frente a las filtraciones

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha lanzado a petición de David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, un aviso a navegantes en forma de recordatorio de las multas que pueden afrontar las partes que filtren a los medios información de la causa. En una resolución a la que tuvo acceso ABC, refiere que «por petición expresa de la defensa del Sr. Sánchez Pérez-Castejón se recuerda a todas las partes en este procedimiento que con carácter general» las diligencias son reservadas y quien revele contenido de las mismas «indebidamente», será «corregido con multa de 500 a 10.000 euros». La providencia, firmada este lunes, da cuenta de los escritos recibidos durante el mes de agosto, como dos de los recursos del hermano de Pedro Sánchez contra la entrada de acusaciones populares. En el caso de su impugnación de que entrase la Fundación Abogados Cristianos, da por desistida la pretensión y respecto del acceso a la causa de la Asociación Liberum, pide que se compruebe que lo ha recurrido en plazo. Libra además requerimiento a la Agencia Tributaria ante el hecho de que el informe sobre la residencia fiscal y el pago de impuestos del que es principal investigado del asunto, no llevaba membrete ni firma. Solicita identificación completa, cargo que ostenta y firma digital del funcionario que lo emite, porque «a diferencia del resto de informes presentados por dicho organismo», no figura en este caso. En paralelo, los recursos contra la decisión de incautar una batería de correos electrónicos en la Diputación de Badajoz siguen su curso camino de la Audiencia Provincial. Uno de los afectados por la medida es Francisco Martos, diputado delegado del Área de Cultura y Deportes que dio el visto bueno a un cambio en la definición del puesto de trabajo de David Sánchez y que ha recurrido porque considera que intervenir por ello todos sus emails de 2016 a 2022 es desproporcionado, injustificado e improcedente. «Se requieren 'todos los correos', no los que tengan que ver con el Área de Cultura, o los que tengan que ver con el Conservatorio o con las Artes Escénicas, por ejemplo. No, se piden todos, sin más, es decir, tengan o no que ver con el objeto de la instrucción. Y, por si fuera poco, tanto si se recibieron como si se enviaron tales correos, lo que entraña también intervenir los de terceras personas, no incluidas en la de por sí amplia nómina que el auto contiene», señala el recurso, al que tuvo acceso ABC. Argumenta que «quedarán al descubierto todos, absolutamente todos, los correos de las personas intervenidas, sean estos de la índole que sean, o afecten a la materia que afecten» pese a que es «sabido que los correos corporativos o de empresa son muy a menudo el cauce de comunicaciones» que cualquiera utiliza también para relacionarse con personas cercanas, no necesariamente del entorno laboral. «Esto, por sí solo, ya constituye una vulneración flagrante de la intimidad de las personas y resultará merecedor el Auto de reforma y anulación porque no se han valorado ciertamente los efectos reales y futuros de su mantenimiento y ejecución», alega. La representación de David Sánchez se ha adherido al argumentario.