Nuevo desplante de Pedro Sánchez a Susana Díaz con el programa económico del PSOE
El PSOE no eliminará, si gobierna, la reforma laboral del PP ni reducirá el IVA cultural. Ambas propuestas, defendidas por la actual ejecutiva desde el año pasado, han desaparecido a última hora del programa electoral. Un cambio de planes inesperado que ha soliviantado a Susana Días y a su delegado en Madrid, Antonio Pradas.
Según explican a El Confidencial Digital dirigentes del PSOE andaluz muy próximos a la presidenta de la Junta, Pradas había sido uno de los principales defensores de estas medidas, que la propia Díaz ya presentó para las andaluzas. El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, las había incluido en el programa de las generales, pero Sánchez “las ha eliminado del mapa”.
En concreto, el PSOE no hace ninguna referencia a la reducción de impuestos a la cultura y solo anuncia que cambiará los modelos actuales de contrato, pero no cambiará las actuales indemnizaciones por despido.
Se han impuesto Jordi Sevilla y Batet
Susana Díaz y su entorno consideran que esta modificación, realizada “sin avisar” está motivada por la influencia que sobre Pedro Sánchez ejercen tanto Jordi Sevilla como Meritxel Batet.
Ambos, afirman desde Andalucía, han logrado “imponer su criterio”, impulsando un “cambio light” de la refoma laboral aprobada por el PP y olvidándose de otras promesas económicas defendidas por Ferraz en el último año y medio.
Una postura que, aseguran las fuentes consultadas, también ha molestado a otros dirigentes socialistas, tanto en Ferraz como a nivel autonómico.
Polémica por los “paraísos fiscales”
Además de este cambio a última hora en el programa económico del PSOE, a Susana Díaz tampoco le convence otra iniciativa que Sánchez ha incluido para luchar contra la corrupción: la obligación de que el Estado no firme contratos con empresas que tengan sedes en países que puedan considerarse “paraísos fiscales”.
Esta ordenanza, explican desde el entorno de la sevillana, “no tiene sentido porque la mayoría de compañías con las que trabajamos pueden ser acusadas de operar en este tipo de países. Si se sigue el criterio de Sánchez, no podríamos llegar a acuerdos con el Banco Santander, cuando gobiernos autonómicos como la Junta tenemos firmados contratos con ellos”.