Los ayuntamientos catalanistas incumplen su promesa de no pagar a España los impuestos
Esquerra Republicana y otros partidos independentistas, incluida Convergència i Unió, tenían la esperanza de que las elecciones municipales del 24 de mayo llevaran al poder a gobiernos locales favorables a la secesión en la mayoría de ayuntamientos de Cataluña. Así, podrían utilizar los consistorios para impulsar el proceso independentista.
La número dos de Oriol Junqueras, Marta Rovira, anunció en un acto de campaña: “todos los ayuntamientos de ERC pagarán los impuestos a la Generalitat a partir del 24-M. Haremos efectivo el pago del IVA y del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña a partir de la semana que viene. Queremos extender la soberanía fiscal al conjunto del territorio y preparar el país para el 27-S”.
Sin embargo, tras cuatro meses de gobierno de los nuevos equipos municipales, la campaña para que los ayuntamientos comenzaran a pagar los impuestos -el IRPF y el IVA por sus funcionarios y empleados- arroja como balance un fracaso.
ERC no cumple su promesa
La fecha clave que los promotores de esta iniciativa se había fijado era finales del mes de septiembre. En ese momento, los ayuntamientos, como cualquier empresa, tienen que liquidar con la Agencia Tributaria el IVA y el IRPF que corresponde a las nóminas del tercer trimestre que abonan a los funcionarios y empleados que trabajan para ellos.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, sólo han sido tres los nuevos ayuntamientos que se han sumado a los cerca de 70 que ya abonaban sus impuestos a la Agencia Tributaria de Cataluña. Los impulsores de ‘desobediencia’ a través del pago de impuestos lamentan que el ritmo de adhesión a esta iniciativa está siendo muy lento después de las elecciones de mayo.
Admiten, sobre todo, estar decepcionados con los partidos independentistas, como Esquerra Republicana, que se comprometieron a unirse de inmediato a esta campaña. Las elecciones del 24-M dieron a ERC la alcaldía en 248 municipios y en 188 de ellos gobierna con mayoría absoluta: a pesar de ello, más de un centenar de estos alcaldes independentistas de Esquerra no han llevado a cabo la insumisión fiscal.
Es decir, la promesa de Marta Rovira no se ha cumplido. Fuentes del partido de Oriol Junqueras señalan ahora que ven más lógico esperar a que se forme el nuevo gobierno de la Generalitat, para saber cómo se implica en esta campaña en favor de la “soberanía fiscal” de los ayuntamientos de Cataluña.
Menos de 80 del total de 947 municipios
La cifra de ayuntamientos que ya han dejado de abonar los impuestos a la Hacienda estatal está por encima de los 70 y por debajo de los 80, de un total de 947 municipios que hay Cataluña. No obstante, el recuento varía dependiendo de quién lo realice. Por ejemplo, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y entidades como Catalunya Diu Prou, muy activa en esta campaña, no coinciden en sus datos.
ECD ha podido contactar con uno de los ayuntamientos que en las últimas semanas ha comenzado a liquidar los impuestos con la Agencia Tributaria Catalana. Se trata de Les Borges Blanques, en la provincia de Lérida, donde gobierna Convergència i Unió.
Fuentes del consistorio explican que el alcalde aprobó una ordenanza estableciendo que, a partir de este mes de septiembre, el ayuntamiento pasa a liquidar el IVA y el IRPF con la Generalitat y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Como paso previo, los interventores municipales elaboraron un informe en el que concluían que el ayuntamiento podía abonar de esta forma los impuestos. En septiembre ya ingresaron el dinero en la Agencia Tributaria Catalana.
Para que el Estado no considere “moroso” a este ayuntamiento, la Generalitat ingresó al día siguiente el dinero a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. “Es un poco cómico, porque para que no haya problemas, la agencia catalana le dice a la Hacienda española que ha sido un error del ayuntamiento al pagar”, explican fuentes conocedoras de cómo se lleva a cabo este proceso, que trata de aprovechar los resquicios de la ley.
Por ahora, la “insumisión fiscal” no pasa de ser un gesto simbólico de rechazo al Estado, ya que el dinero acaba finalmente en las arcas del Ministerio de Hacienda. Pero el objetivo de la campaña es, además del simbólico de que los ayuntamientos catalanes ignoren a las instituciones españoles, que la Generalitat vaya recopilando información tributaria que necesitará en caso de que se produzca la independencia y que la Agencia Tributaria Catalana asuma el control completo de los impuestos.
Se aprueban mociones que no se hacen efectivas
Aunque sean pocos los ‘insumisos’, existen otros casos de ayuntamientos -como Terrasa, cuarta ciudad catalana en población- que han aprobado en estos meses mociones para ejercer esta soberanía fiscal próximamente. Asociaciones independentistas como Catalunya Diu Prou (“Cataluña dice basta”) están presionando para que los que ya han aprobado pagar a la Generalitat lo hagan de inmediato.
Por ejemplo, Vilassar de Mar (Barcelona) lo aprobó en pleno hace unas semanas pero aún no lo ha hecho efectivo. Aunque la entidad que promueve esta campaña contabilizaba este ayuntamiento como uno de los que ya estaba ingresando el dinero en la Agencia Tributaria Catalana, fuentes del gobierno municipal explican a El Confidencial Digital que todavía no han podido hacerlo porque la nueva interventora se acaba de incorporar. Todavía tiene que estudiar el caso y emitir un informe al respecto.
Son estos retrasos los que molestan a las entidades soberanistas, que detectan que pese a los compromisos verbales, Esquerra Republicana de Catalunya no se lanza a hacer efectiva la insumisión fiscal en todos sus ayuntamientos. Denuncian que todavía son pocos incluso los que han aprobado mociones.
Pretenden extender pronto esta iniciativa a grandes municipios como Sabadell y Badalona, y están pendientes de reunirse con el ayuntamiento de Barcelona para convencer a Ada Colau de que se sume. También esperan que cuando se forme un gobierno independentista en Cataluña, Convergència, Esquerra y las entidades soberanistas como la ANC y Òmnium Cultural, faciliten que los ayuntamientos independentistas paguen los impuestos a la Agencia Tributaria Catalana.