Reducir el desperdicio alimentario con multas desde 2.000 euros, el proyecto legislativo del Gobierno

El proyecto de ley de desperdicio alimentario, que prevé reducir la cantidad de alimentos que se echan a perder para facilitar su donación, reciclaje o reconversión en otros productos, avanza en su tramitación en el Congreso. 

• La norma se encuentra a la espera de que la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Baja emita un informe sobre las enmiendas que se incluirán en el texto este miércoles. 

• Una vez que la comisión del Congreso apruebe las enmiendas planteadas a la norma, emitirá un dictamen que se debatirá en sesión plenaria. 

Normativa. Este proyecto de ley se apoya en la directiva marco de residuos (DMR), que parte de una directiva europea de 2008 en la que se establece que los países deben comunicar las cantidades de residuos alimentarios que generan. 

A quién implica. La norma afecta a todos los agentes de la cadena alimentaria, tanto en la producción, transformación o distribución de alimentos, así como en la hostelería. Todos los agentes tendrán que disponer de un plan de prevención de desperdicios alimentarios y llegar a acuerdos con entidades sociales o bancos de alimentos para evitar que suceda. 

En hostelería. Los restaurantes estarán obligados a poner en un lugar visible los alimentos que no hayan consumido en recipientes reutilizables o fácilmente reciclables. Los clientes se los podrán llevar sin coste adicional más que el del envase utilizado.

Fecha de caducidad y consumo preferente. La ley prevé que el Gobierno cree políticas públicas encaminadas a prevenir las pérdidas derivadas del desperdicio alimentario, como campañas de concienciación ciudadana para diferenciar la fecha de caducidad de la fecha de consumo preferente. 

• La fecha de caducidad indica el momento hasta el que el producto se puede consumir de forma segura, y la de consumo preferente se refiere al momento en el que el producto puede perder la calidad prevista, sin que eso suponga un problema de seguridad al consumirlo. 

Sanciones. No tener un plan de control de desperdicio alimentario o tenerlo pero no justificar la jerarquía sobre cómo se va a controlar este gasto puede implicar multas de hasta 2.000 en para las infracciones leves, de 2.001 a 60.000 para las graves y de hasta 500.000 euros para las muy graves. 
El Grupo Mixto y el PP han planteado rebajar estos importes a través de enmiendas.