Las comunidades autónomas gastan 23 millones de euros en derivaciones de abortos de la sanidad pública a la privada en 2023

Asturias, Andalucía y Murcia son las comunidades autónomas con una mayor tasa de gasto público en relación con las intervenciones por interrupciones voluntarias del embarazo derivadas de la sanidad pública a la privada. Cantabria, Baleares y La Rioja son las regiones que menos gastan, mientras que Castilla y León y Madrid no han hecho públicos sus datos. En total, las comunidades autónomas –sin la inclusión de estas dos últimas– han gastado 23 millones de euros por abortos en 2023.

• Peticiones por transparencia. Estos datos, que están disponibles en las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, han sido facilitados a través de solicitudes de información pública realizadas por Newtral.es en los portales de transparencia. En otras ocasiones, la información se ha facilitado a través de correos electrónicos.

Los datos que sí se publican. El Ministerio de Sanidad publica cada año los datos correspondientes al aborto, desglosados por cada autonomía. En ellos recoge el número de centros que han notificado interrupciones y si se han practicado en recintos públicos o privados. El último informe que acaba de publicarse refleja los datos del 2023.

La mayoría de intervenciones se hacen a través de la sanidad privada. Las interrupciones voluntarias del embarazo son un derecho reconocido y regulado por la ley de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la inmensa mayoría de los abortos, tal y como hemos contado en Newtral, se acaban produciendo en centros privados a los que se derivan, con el consiguiente gasto de dinero público. Esto es algo que también recuerda la última reforma de la ley, aprobada en 2023.

• Aunque en la última década la tasa de abortos de la sanidad privada ha pasado del 88,6% en 2010 al 78% en 2020, "todavía estamos muy lejos de que se pueda garantizar el grueso de interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos", afirma la ley.

• Este hecho, además, implica que en algunas zonas de España hay hospitales públicos que no han notificado ninguna interrupción voluntaria del embarazo en los últimos años, asegura la norma.

Las cifras del gasto público por abortos en contexto. "Analizar las cifras y su gestión es complejo", señala a Newtral.es Micaela Comendeiro, doctora en Economía Aplicada y experta en economía de la salud. "Es una cuestión que presenta muchas aristas, no exenta de un fuerte componente ideológico", tanto en lo que se refiere al aborto en sí mismo como en cuanto a si la prestación de este servicio debe realizarse en centros públicos o privados, afirma.

• Comendeiro también asegura que las interrupciones voluntarias del embarazo están condicionadas por la objeción de conciencia por parte de algunos profesionales del sistema. Este hecho, sostiene, puede "dificultar la gestión a la hora de planificar su inclusión en la cartera de servicios y, consecuentemente, en las agendas de los profesionales".

¿Es más eficiente lo público o lo privado? Según la experta consultada, toda intervención sanitaria (médica, quirúrgica o de cuidados) entraña un gasto para los contribuyentes, independientemente de si la titularidad del centro donde se preste el servicio es pública o privada. "No porque vaya a realizarse en un centro público el gasto asociado va a resultar más favorable para las arcas públicas", detalla Comendeiro.

• La experta considera que el hecho de que existan centros especializados en este tipo de intervención puede resultar "más económico a la par que más seguro".

• No obstante, desde la perspectiva de la Administración pública, Comendeiro pone el foco no tanto en la gestión del gasto directo, sino en "por qué seguimos teniendo una tasa tan elevada como hace más de una década".