El Gobierno acuerda crear una autoridad independiente que proteja a los que denuncien ilegalidades

El Gobierno ha aprobado mediante real decreto la creación de una autoridad independiente de protección al informante. Esta se encargará de proteger a las personas que comuniquen a la justicia cualquier presunta ilegalidad, según ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Estructura. La autoridad independiente de protección al informante estará formada por un presidente y una comisión consultiva, formada por expertos en materia de justicia, que gestionará las denuncias presentadas para trasladarlas o no a la Fiscalía en función de su veracidad. 

Funcionamiento. Se creará un canal para que la persona denunciante pueda interponer una denuncia sobre la ilegalidad en cuestión. Acto seguido las autoridades competentes comenzarán una investigación para saber si esta denuncia es verosímil (momento en que se trasladará a la Fiscalía) o no, garantizando siempre el anonimato del denunciante. 

Asesoramiento al denunciante. Para proteger a la persona que coopere con la justicia se le prestará apoyo jurídico, psicológico o incluso financiero “si fuera necesario”.

Presupuesto. La financiación de esta autoridad dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes “hasta que tenga presupuestos propios”, ha señalado Bolaños, aunque no ha hecho referencia a cuándo tendrá sus propios presupuestos esta autoridad. 

Obligaciones para las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tendrán la obligación de crear autoridades independientes “similares” a la nacional que impulsa este decreto y que actuará como “coordinadora” de estas. 

• Si las comunidades no crean las autoridades estarán obligadas a firmar un convenio por el que la autoridad de protección al informante a nivel estatal tenga competencias sobre esa comunidad autónoma concreta. 

Contexto. Esta es una de las medidas contempladas en el Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Gobierno el pasado 17 de septiembre. En concreto, la medida es la 1.3.2: “Aprobación del Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del

Informante recogida en la Ley 2/2023”, una ley que contemplaba la aprobación de un estatuto para crear la autoridad independiente en cuestión.

• La medida transpone una directiva europea de 2019 relativa a la protección de las personas que informasen a la justicia de casos de incumplimiento de normativas o de casos de corrupción. Un caso en el que España va con retraso, dado que los Estados miembros tenían hasta el 17 de diciembre de 2021 para incorporar la directiva a su legislación nacional.