Guía sobre la investigación del Supremo a García Ortiz por las filtraciones del caso González Amador

Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado a quien el Tribunal Supremo ha abierto una causa en España. El alto tribunal quiere determinar si se cometió un delito de revelación de secretos en relación a la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

• García Ortiz ha anunciado que va a continuar ejerciendo sus responsabilidades como fiscal general del Estado porque, considera “la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”.

¿Quién es Álvaro García Ortiz?

García Ortiz ocupa el cargo de fiscal general del Estado desde agosto de 2022, tras ser propuesto por el Gobierno para el cargo tras la renuncia de su antecesora Dolores Delgado por motivos de salud.

Con el cese del Gobierno de la anterior legislatura, García Ortiz finalizó su mandato como fiscal general del Estado. 

El nuevo Ejecutivo volvió a proponerlo para continuar en el puesto, una iniciativa que no recibió el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar que no era “idóneo” para el cargo, una decisión no vinculante. 

García Ortiz tomó posesión el pasado 24 de enero, iniciando así su segundo mandato.

¿Cuáles son los antecedentes de la investigación?

La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal a Hacienda de 350.951 euros mediante facturas falsas a través de una empresa de su propiedad. 

El pacto propuesto por la pareja de Ayuso. El pasado 13 de marzo, medios de comunicación publicaron una información asegurando que el fiscal encargado del caso de González Amador, Julián Salto, había ofrecido por correo electrónico un pacto al letrado defensor y le manifestaba que no había obstáculos para llegar a un acuerdo entre las partes.

Nota con el desmentido. La Fiscalía de Madrid emitió un día después una nota de prensa en la que realizaba una cronología de los hechos y publicaba la conversación entre el fiscal y el letrado, reflejando que había sido el abogado de González Amador quien admitió la comisión de los delitos por parte de su defendido y ofreció un pacto al Ministerio Público.

¿Y el inicio del procedimiento legal?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite en mayo una querella presentada por González Amador contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y Salto por presunta revelación de secretos al difundir la nota de prensa sobre su investigación. 

• Además, el TSJM también aceptó una denuncia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra el Ministerio Público por este caso.

García Ortiz emitió en junio un escrito en el que asumía la responsabilidad “última” de la nota de prensa difundida, la cual tenía el objetivo de “poner fin a un bulo” y para “cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía”.

El TSJM admitió su falta de competencia en el caso al estar el fiscal general del Estado en condición de aforado y elevó el caso al Tribunal Supremo.

La investigación del Supremo

El Tribunal Supremo ha acordado este miércoles abrir una causa a García Ortiz, con el fin de determinar si la difusión de la información incumpliría el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revele información que no debe ser divulgada. 

Tal y como recoge el auto del Supremo, al que ha tenido acceso Newtral.es, previamente a la difusión del comunicado, hubo varias publicaciones en medios de comunicación que incluían las informaciones recogidas posteriormente en la nota de prensa, derivadas del intercambio de correos electrónicos entre la fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso.

En este sentido, el Supremo se centra en la posible participación de García Ortiz no en la elaboración y publicación de la nota que desmentía la información falsa, sino de la filtración a la prensa de su contenido poco antes.

¿Hay más implicados además de García Ortiz?

Sí. El Supremo ha incluido en el caso a Rodríguez (fiscal jefa de Madrid), quien supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la nota que posteriormente se difundió.