El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende el protocolo de recepción de menores migrantes
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido este viernes de forma cautelar la aplicación del protocolo del Gobierno de Canarias para la atención de menores extranjeros no acompañados que llegan a las islas por vía marítima al entender que no debe llevarse a cabo porque “concurren circunstancias de especial urgencia”.
El protocolo. El Gobierno canario publicó el pasado 13 de septiembre un protocolo de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en el que establecía que Fuerzas de seguridad del Estado eran quienes debían atenderlos hasta que se encontrase una plaza para ellos en un centro de acogida.
- Establecía también una mayor burocracia que para que los servicios de acogida de Canarias se pudiesen hacer cargo de un menor: exigía una “previa reseña de identificación –una entrevista individual–, su inscripción en el registro de menores (RMENA), y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado”.
La respuesta de la Fiscalía. La Fiscalía canaria advirtió el mismo día de su publicación de que, si el protocolo se llevaba a cabo, abriría investigación por un delito de abandono de menores contra el Gobierno de las islas al entender que este se negaba a acoger a los niños que llegan en pateras.
- Posteriormente solicitó al TSJC que suspendiera de forma cautelarísima la aplicación de esta normativa alegando que las exigencias que el ejecutivo regional establecía podrían perjudicar el cuidado de niños en “situación de desamparo patente”.
La suspensión. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende el protocolo de menores migrantes tras acceder a las peticiones de la Fiscalía antes de escuchar al Ejecutivo de Fernando Clavijo (PP) alegando que existen “circunstancias de especial urgencia” y por “un principio de elemental cautela”, según se puede leer en el auto.
- Entienden que suponía un cambio “muy relevante” que se pretendía llevar a cabo con “falta de previsión”: en el protocolo no se establecía una fecha de inicio de aplicación, por lo que el TSJC entiende que se llevaría a cabo desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, algo para lo que las administraciones no estaban preparadas.
- El Gobierno canario tiene tres días para presentar alegaciones.
Fuentes
Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias