El socialista García-Page y las comunidades del PP presentan recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

La Comunidad de Madrid ha sido la primera en sumarse este lunes al recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado viernes por el Partido Popular contra la Ley de Amnistía y tres magistrados, para los que piden una recusación. Tras el anuncio del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, otras cuatro comunidades gobernadas por el PP han seguido sus pasos presentando su escrito: Aragón, Cantabria, Murcia y Andalucía, esta última también ha pedido la recusación de los magistrados. 

A los barones del PP se ha unido el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que iniciará los trámites para recurrir ante el Constitucional la medida de gracia.

• A la hora de publicación de este artículo la Comunidad Valenciana aún no ha presentado este recurso formalmente, aunque su dirigente ha convocado una reunión extraordinaria para tratar el tema.
• La Rioja, por su parte, decidirá si emite este recurso a lo largo del martes. 

In extremis. Las comunidades tienen hasta el 11 de septiembre para presentarlo, tres meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A pesar de ello y de que algunos lo tenían acordado desde junio, han decidido presentar los recursos a apenas 48 horas de este límite.  

• Además, en estos meses la ley del perdón ya se ha aplicado a varios condenados por el procès como a los 46 policías procesados por las cargas a ciudadanos durante el 1-O o al exconseller de Interior Miquel Buch. 

Madrid. Ayuso ha justificado este recurso en la “defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes”. Además, ha pedido las recusaciones de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez “por su pública y notoria vinculación con el PSOE”. 

• Una recusación, según lo define el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, es una “solicitud de que se aparte de la tramitación de un asunto a una autoridad o funcionario público, jurado, árbitro o perito, por existir una causa legal para ello”.

Aragón. Los servicios jurídicos del Gobierno de Jorge Azcón basan su recurso de la Ley de Amnistía en la vulneración del principio de exclusividad e independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes y en la vulneración de los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, seguridad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, informaba Europa Press. 

Cantabria. El Parlamento de Cantabria acordó presentar este recurso en junio a propuesta del PP y con el apoyo de Vox. En su opinión, con esta ley “se libera de responsabilidad política a delincuentes por su ideología, eximiéndose de cumplir la ley”.

Andalucía. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado que utilizará todos los recursos a su alcance “para defender la igualdad de todos los españoles”. Reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero recalca que dicha potestad “está sujeta a límites, debiendo ejercerse de manera que no vulnere la Constitución Española ni suponga una reforma encubierta de la misma”.

Castilla-La Mancha. García-Page, por su parte, ha asegurado que la decisión llevaba tomada desde el 30 de julio tras conocer las conclusiones de su Consejo Consultivo en un informe que apuntaba que la ley de Amnistía “es una ley inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos”.

Murcia. El Gobierno y el Parlamento de Murcia han coincidido al presentar este lunes sendos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, según informa la agencia EFE. El Ejecutivo murciano opina que la ley ”afecta al modelo constitucional del Estado y a sus principios” al pretender declarar ”inexistentes” las consecuencias jurídicas derivadas de actuaciones contrarias a su configuración constitucional y que han sido declaradas por los tribunales de justicia.

(*) Actualización 09/09/2024: esta pieza ha sido actualizada tras la formalización del recurso por parte del Gobierno y el Parlamento de Murcia.