Desvestir un santo para vestir otro
El proyecto de Presupuesto 2027 que el gobierno de Keiko Fujimori acaba de presentar dice, con números, lo que el discurso oficial prefiere omitir o, en todo caso, deslizar disimuladamente.
Según el pedido enviado por el presidente del Consejo de Ministros Luis Galarreta, el sector Orden Público y Seguridad, que es donde vive la Policía Nacional, tendrá S/519 millones menos que este año.
En concreto, el programa específico de reducción de delitos cae de S/6,878 a S/6,494 millones. Mientras tanto, la inversión en Defensa saltaría de S/665 millones a S/2,548 millones, un incremento del 283% que se va a aviones de caza F-16 y a la modernización de la Base Naval del Callao. Ante ese anuncio, el experto en seguridad y exviceministro Ricardo Valdés sostiene que esa plata no sirve para nada en la lucha contra la criminalidad cotidiana.
Y lo que más preocupa es que este tipo de decisión no es nuevo. El asunto de fondo es que el presupuesto del sector Defensa viene creciendo de manera sostenida y sin rendición de cuentas desde la administración de la exjefa de Estado interna, Dina Boluarte. Ello sin que ninguna amenaza externa lo justifique. Como lo reportó esta casa editorial, Fuerza Popular avaló desde el Congreso ese despilfarro y ahora pretende profundizarlo desde el Ejecutivo.
Una hipótesis que el gobierno debería clarificar es si esta decisión presupuestal solo busca mantener al Ejecutivo en buena disposición con las Fuerzas Armadas a costa de la seguridad de todos los peruanos. Cabe recordar que dotar demás recursos sin respeto a los planes de Estado, como ha enseñado la historia peruana, responden a medidas corporativistas. Esto es, aumentar gastos no prioritarios y sin planificación solo para garantizar lealtades.
El Perú vive un boom de ingresos fiscales alimentado principalmente por la minería. Esos recursos, que deberían traducirse en capacidad estatal para garantizar seguridad y desarrollo en los territorios donde se extrae esa riqueza, está fallando en ese objetivo que Estado.
Y hay algo más grave que ningún presupuesto nombra explícitamente: en muchos de esos territorios mineros, las mismas economías ilegales que el gobierno dice combatir son las mismas que controlan el terreno y corrompen las instituciones que deberían regularlas.
Añadir más recursos militares sin una estrategia territorial transparente y profesional no resuelve esa contradicción. Al contrario, la profundiza. Y la descripción más precisa de lo que este presupuesto hace sigue siendo la más antigua: desvestir un santo para vestir otro.