Dame más poder, por Rosa María Palacios
El gobierno ya aprobó formalmente su solicitud de facultades legislativas al Congreso. En comparación con el abortado proyecto que circuló los primeros días de gobierno, cambia el orden y el lenguaje, pero no la intención. En esta oportunidad la estrategia del Ejecutivo consiste en solicitar legislar en una combinación de asuntos sumamente específicos, a la vez que se requieren facultades para reformar grandes cuerpos legislativos.
Por ejemplo, se requiere regular la participación excepcional y transitoria de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. Un asunto bastante puntual. Pero, más adelante, se piden facultades para modificar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal y todo el Código Penal Militar Policial. Es decir, la columna vertebral de todo el derecho penal peruano. ¿Modificar qué artículos y en qué sentido? ¿Se derogarán a través de estas modificaciones las leyes pro-crimen? Ni una pista.
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No faltan las normas demagógicas. Es decir, anuncios que venden bien, pero no resuelven nada, como cambiar de nombre al crimen organizado para llamarlo organización terrorista. Como si saber que el sicario que asesina ya no es “asesino” sino “terrorista”, fuera a cambiar en algo la situación de la víctima. O, por ejemplo, crear la enésima norma para sobrerregular la legítima defensa.
En materia laboral, sucede lo mismo que en seguridad. Van de lo particularísimo (la revisión de los feriados queda, triunfo del MEF) a lo absolutamente gaseoso. “Fortalecer el marco legal de la actividad privada, contemplando un régimen que fomente la formalización, incluyendo la seguridad social, los beneficios laborales y la protección contra el despido”, dice el proyecto. Con ese texto puedes hacer toda la reforma laboral que quieras. Es decir, si quieres formalizar, ¿por qué no abolir el despido arbitrario y sustituirlo por uno libre sin reposición, ni indemnización? Eso va a formalizar muy rápido, ¿verdad? El texto da para lo que quieras. No lo dice, pero un lenguaje así de abierto, lo permite.
Hay algunos regalos a la oposición, en desmedro de los intereses particulares de Fernando Rospigliosi, como derogar la ley del colegio profesional de artistas. Un guiño de respaldo de Galarreta a Beingolea, que está soportando una serie de intrigas moduladas internamente para fomentar su pronto despido del Ministerio de Cultura. Pero, de nuevo, el mismo proyecto regresa al Big Bang normativo con una reforma “estructural” del Ejecutivo, lo que anuncia una reducción del aparato del Estado que puede mandar toda la cultura, como apéndice de otro ministerio.
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Vale la pena mencionar un pedido que afecta directamente la contratación de personal de confianza en el sector público. Ataron de manos a Castillo para impedir a su gobierno contratar, poniendo requisitos rígidos y a veces imposibles como, por ejemplo, años de experiencia previa. “Regular los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública, especialmente los funcionarios, directivos y personal de confianza” es un grito de ayuda. Galarreta tiene que desatar lo que ellos ataron. De nuevo, el lenguaje no dice “bajar” los requisitos, pero como en 1984 de Orwell, la neolengua se deja entender. Es para eso.
¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados? Como el pedido viene con carácter de urgencia, los plazos son cortos y no puede pasar por muchas comisiones (a pesar de la cantidad de temas que trae sobre actividades productivas). Es posible que, a la antigua, veamos largos debates para recortar, acotar, reformular lo solicitado en diputados. En un congreso unicameral aquello tenía todo el sentido del mundo. Ese debate producía un texto que luego era votado y, de aprobarse, se convertía en ley luego de su promulgación. Sin embargo, con las actuales reglas, esto ya no es así.
Supongamos que luego de una cruenta negociación, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto muy acotado. Son 74 congresistas de oposición (aunque ya empezaron a verbalizarse algunas, siempre esperadas, disidencias) los que se imponen. ¿Todos felices? No. El proyecto pasa al Senado y este tiene el poder constitucional de modificarlo y restituirlo a los términos exactos de lo enviado por el Ejecutivo. La correlación de fuerzas políticas de mayoría y oposición es de 30 a 30. Pero, ya hemos visto en la elección de la mesa directiva del Senado, lo sencillo que le resultó al oficialismo agenciarse el silencio de un solo adversario para ganar la partida. Si repiten la operación, todo queda consumado.
Por supuesto, Renovación y Fuerza Popular pueden tener sus propios intereses, que el gabinete Galarreta no ha considerado. Es posible que en el Senado ellos sean los que recorten o agreguen texto. Pero la coordinación de los vicepresidentes de Fujimori debería garantizar que el proyecto final aprobado quede, al menos, al gusto de Galarreta, con toda la amplitud necesaria, casi para hacer lo que quieran. ¿Se podrá derogar lo que salga mal? Difícil, porque otra vez, el que corta el jamón es el Senado.
En este escenario, ¿qué puede hacer la oposición mayoritaria en Diputados? Tres caminos. El primero, perder. Recortan, modifican, va al Senado y pierden. El segundo, no aprobar nada. Si no hay aprobación, nada pasa al Senado. Si nada pasa al Senado, no hay ley. La tercera posibilidad es la negociación política global (a la espera de una reforma constitucional que arregle este engendro legislativo). Los seis partidos en el Congreso, o al menos 5, deberían hacer un acuerdo global que se aprueba en Diputados y en Senadores. Puede no gustarle al oficialismo, pero la alternativa es que no les aprueben nada por el temor de ser contradichos radicalmente en el Senado.
Entonces, hoy la delegación de facultades es una prueba de fuego triple. Primero, para la reforma constitucional que nos llevó, sin mucho debate y con mala técnica, a un bicameralismo entrampado. Segundo, para el Ejecutivo. Diputados solo tiene poder mientras la decisión está en sus manos y ese poder, que puede ser obstruccionista sin duda (hay ya una larga experiencia desde el 2016 por parte del fujimorismo) desaparece en el Senado. ¿Van a perderlo tan rápido? No lo creo y, frente a esta realidad política, ¿cuál será la respuesta del Ejecutivo? Tercero, es una prueba de lo que podrían ser capaces de articular Nieto, López, Sánchez y Belmont. Lograron la mesa directiva de Diputados, pero si no son capaces de unir y mantener al menos 66 votos, le entregarán todo el poder a Keiko Fujimori, contradiciendo la voluntad de sus electores.
¿Cómo se resolverá esta negociación, si es que se da? Muy pronto para saberlo. Pero en este episodio político me temo que se juega mucho más que una delegación de facultades. Puede ser la primera ley de un Congreso bicameral, 34 años después.