Si Bachelet y Duque lograron ponerse de acuerdo, ¿por qué Costa Rica no?
Uno de los mayores problemas que vivimos desde el Tratado de Libre Comercio (TLC) es el gozo con el que el ciudadano costarricense abraza la polarización. ¡Nos encanta estar en contra de los demás! Mientras tanto, el país se nos parte en dos, sin que esto signifique otra cosa que la materialización de nuestra incapacidad para llegar a acuerdos, aunque incluso ambos bandos estén de acuerdo en la misma idea.
El 4 de agosto pasado, el secretario ejecutivo de la Cepal, el costarricense José Manuel Salazar Xirinachs, presentó el libro Rupturas y oportunidades, un informe técnico desarrollado por la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo y que está al alcance de cualquiera que acceda a la página web de la Cepal.
¿Y por qué es esto relevante? Al menos por dos razones: la primera es la gran cantidad de aportes técnicos que, bien ejecutados, serán de gran utilidad para el país; la segunda, porque el informe fue copresidido por Michelle Bachelet e Iván Duque, dos figuras tradicionalmente opuestas en lo ideológico y que, sin embargo, fueron capaces de dialogar “empleando la razón y la buena fe” para aterrizar en terreno común y aportar un mapa para sortear las dificultades que emanan del ya complejo mundo posmoderno. ¿Se da usted cuenta?
Cepal nos dio un gran ejemplo de que sí es posible producir resultados a pesar de las diferencias. A ver, Bachelet, Duque y el resto de comisionados no comparten una misma visión política. Y, aun así, lograron consenso. Esta lección de gobernanza es aplicable a nosotros y a cualquier país que hoy sienta que el diálogo se ha vuelto imposible.
¿Cuán lejos estamos de ser capaces, como sociedad, para seguir funcionando a pesar de nuestras diferencias? Conviene aprender a construir, con voluntad y humildad, en vez de tratar la diferencia de opinión como una amenaza, en lugar de verla como una condición normal de la vida democrática.
El informe técnico ‘Rupturas y oportunidades’
Lo primero que hace el informe es advertir sobre las ocho rupturas estructurales del planeta, a saber:
-La redefinición de la globalización
-La erosión del multilateralismo universal
-La transición de la hegemonía unipolar a una competencia multipolar asimétrica
-La reconfiguración del poder blando
-El retroceso generalizado de la democracia
-La propagación de la desinformación
-El retroceso en derechos de la mujer, igualdad de género e inclusión de minorías
-El fin del consenso mundial sobre el clima
Si bien puede que algunas pesen más que otras, lo cierto es que debemos entender que la geopolítica ya no es lo que creíamos y más nos vale atender con urgencia los cambios, pero especialmente el desarrollo consciente de nuestras habilidades-país, para aprovechar las oportunidades, en vez de enfrascarnos en los riesgos que agobian hoy a las naciones del mundo y especialmente en la región.
Si bien la Comisión las llama “rupturas”, realmente estamos delante de riesgos sistémicos, que afectan simultáneamente a todos los países, pero con distinta intensidad, según su exposición particular.
Lo que propone la Comisión
Frente a este panorama, la Comisión no se queda en el diagnóstico –algo que, como gestor de riesgos, valoro– y propone soluciones en vez de perpetuar lo que ellos mismos señalan como “el diagnóstico fatalista que nuestra región tiende a hacer de sí misma”.
Aquí detallo las diez propuestas subdivididas en tres bloques:
Movilizar activos estratégicos
1. Aprovechar los activos estratégicos de la región (recursos, capacidades productivas, tamaño de mercado, activos políticos y poder blando) con estrategias de largo plazo.
2. Usar los recursos naturales –46% de las reservas mundiales de litio, 35% de cobre, alimentos y biodiversidad– como herramienta de negociación, no solo de extracción.
3. Ampliar la escala de las políticas de desarrollo productivo mediante clústeres y colaboración público-privada.
4. Fortalecer la integración regional, hoy limitada a apenas un 14% de comercio intrarregional.
5. Aprovechar el talento humano de la región mediante educación, formación técnica y redes de diáspora.
6. Fortalecer la gobernanza y las instituciones mediante cuatro trayectorias: capacidad estatal, confianza institucional, consensos mínimos y combate a la delincuencia organizada (esta es la que más nos impacta hoy).
7. Reforzar la capacidad fiscal del Estado con tributación progresiva y menor evasión.
8. Abordar la delincuencia organizada como prioridad de gobernanza regional, no solo de seguridad. Impulsar la capacidad de agencia internacional
9. Evitar alineamientos rígidos, diversificar alianzas y desarrollar capacidad de análisis geopolítico propio.
10. Priorizar la cooperación funcional –coaliciones de países dispuestos a actuar– por encima de crear nuevas instituciones que tienden a paralizarse por la exigencia de consenso total.
Lo que faltó en el informe técnico
Es evidente que las diez propuestas son técnicamente sólidas y, más importante aún, evitan el fatalismo. Pero comparten un mismo punto, que lamentablemente es clásico de este tipo de esfuerzos: aunque nos describen el “qué”, no nos dicen el “cómo” materializarlo en la vida real.
Es menester de la gestión de riesgos asignar “propietarios del riesgo” o, mejor dicho, “responsabilidad y rendición de cuentas”.
La ausencia de un mecanismo para articular y concatenar estrategias de Estado con coordinación permanente, de visión diplomática pero esencialmente local, requiere revertirse con urgencia.
Es imperativo que el sector privado, la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales sean capaces de sentarse a negociar, coordinar y crear compromisos y a definir acciones. No es tan complejo, pues lo primordial es la transparencia en los pilares de la conversación: prioridades compartidas, con plazos, responsables y mecanismos de financiamiento verificables. Y ese documento dará una guía muy bien actualizada para hacerlo.
La gestión de riesgos permite pasar del diagnóstico a la creación de una hoja de ruta que efectivamente se recorre.
Si bien las diez propuestas describen destinos deseables (integración regional, capacidad fiscal, agencia geopolítica), no dicen quién convocará la primera reunión entre el sector agroexportador, la universidad pública, la cámara de comercio y la cooperación internacional. Ni cómo Costa Rica va a posicionar su capital humano calificado frente a las rupturas tecnológicas que ya están en curso.
Sin ese “quién convoca” y ese “a qué plazo”, incluso la mejor estrategia de Estado corre el riesgo de quedar archivada junto a las anteriores.
Seamos honestos: Costa Rica, con su tradición institucional todavía comparativamente sólida en el contexto regional, está mejor posicionada que la mayoría de sus vecinos para construir ese mecanismo de concatenación. Contamos con capital humano, una diplomacia históricamente respetada y con instituciones que, pese a la tensión reciente, siguen funcionando. Pero esto no es permanente ni automático: se erosiona cada vez que la polarización desplaza la discusión sobre desarrollo por la discusión sobre quién es el enemigo interno.
Nuestro terreno común no se encuentra en la ausencia del conflicto, sino en la disposición a abordar nuestras urgencias-país con razón, buena fe y respeto por la dignidad del otro.
paolo@segurosticos.com
Paolo Araya es máster en Gestión de Riesgos.
