CCSS alerta que dependencia de cuotas estatales es la ‘principal fuente de vulnerabilidad’ del IVM
Diferentes direcciones y áreas técnicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advirtieron de que la alta dependencia del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de los aportes que realiza el Gobierno mediante la cuota estatal constituye la principal fuente de vulnerabilidad del mayor fondo de pensiones del país.
Así lo señaló la Auditoría Interna de la institución en el informe AS-AFINPE-0055-2026, del 8 de junio del 2026, al resumir el contenido del Informe N.° 67 Reporte de actividades seguimiento del Flujo de Efectivo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al mes de abril de 2026, elaborado por la Dirección de Inversiones, la Dirección de Administración de Pensiones, el Área de Investigación Económica y el Área de Tesorería General.
“La estabilidad financiera del régimen de IVM mantiene una alta dependencia del ingreso oportuno de las cuotas estatales y complementarias, de manera que su retraso o no percepción genera efectos directos sobre el flujo de efectivo, afectando la liquidez disponible, la capacidad de atender el pago de pensiones y la posibilidad de capitalizar la cartera de inversiones”, advierte el informe.
“En ese contexto, se concluyó que la dependencia del régimen respecto de la cuota estatal constituye su principal fuente de vulnerabilidad, al incidir directamente en la liquidez mensual y en la estrategia de inversión”, agrega el documento.
El informe técnico fue remitido al Comité de Inversiones del Régimen de IVM mediante los oficios GP-DI-0443-2026, GP-DAP-0600-2026, PE-DAE-0557-2026 y DFC-ATG-0549-2026, del 21 de mayo del 2026.
La advertencia de las distintas direcciones y áreas técnicas coincide con la amenaza del gobierno de suspender el pago de la cuota estatal al IVM hasta que la CCSS le entregue de forma periódica información sobre los trabajadores y patronos activos afiliados al sistema, incluidos sus nombres y números de cédula.
Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), entidad encargada de girar un aporte equivalente al 1,91% sobre los sueldos de los trabajadores asalariados y el mismo porcentaje sobre el sueldo de referencia de los independientes y asegurados voluntarios, el requerimiento responde a una instrucción del Ministerio de Hacienda para verificar, factura por factura, los montos cobrados por la CCSS.
El gobierno argumenta que actualmente no se dispone de datos sobre la masa activa de cotizantes, lo cual considera una “debilidad significativa” en la forma como la CCSS respalda las facturas para ejecutar los cobros de la cuota estatal.
Ante ese requerimiento, la CCSS solicitó al Ministerio de Trabajo más tiempo para analizar la viabilidad de entregar la información, al señalar limitaciones legales, de confidencialidad y técnicas para recopilarla y remitirla. Asimismo, advirtió de que una eventual suspensión de las cuotas estatales pondría en riesgo la sostenibilidad del IVM y el pago oportuno de las pensiones.
La Nación consultó desde el 16 de julio al MTSS y a la CCSS sobre el estado del requerimiento, la entrega de la información y el giro de la cuota estatal.
Al cierre de edición, el único pronunciamiento fue del gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, quien afirmó que el IVM cuenta, por ahora, con los recursos necesarios para atender el pago de las pensiones y que la institución proyecta que la situación relacionada con los aportes del Estado se regularice en el corto plazo.
Rezagos obligan a CCSS a tomar dinero con otros fines
Según la Auditoría, el pago tardío o incompleto de la cuota estatal genera un riesgo fiscal, pues obliga al régimen a recurrir temporalmente a recursos con destinos específicos para cubrir sus obligaciones.
Por ejemplo, al cierre de diciembre anterior la CCSS utilizó, por primera vez, ¢50.000 millones de la reserva del IVM para pagar pensiones, debido a que el Estado no giró oportunamente los recursos correspondientes. Este escenario estaba proyectado originalmente para el 2041.
Además, el informe indica que la entrega incompleta o tardía de la información requerida sobre los beneficiarios también comenzará a representar un riesgo operativo, pues afectará el pago oportuno de las facturas.
El IVM es el principal fondo de jubilaciones de Costa Rica. Al cierre del 2025, este sistema contaba con 393.000 personas jubiladas.
Además, a mayo anterior, tenía más de 2 millones de trabajadores y 84.000 patronos cotizantes.
En este 2026 se produjo un ajuste en los aportes al IVM que en total es equivalente al 11,66% del salario del trabajador. El empleado contribuye con un 4,33%; el patrono, con un 5,58%; y el Estado, con un 1,75%.
“Esta situación incrementa la exposición a riesgos financieros estructurales, al limitar el margen de maniobra del Régimen y comprometer la sostenibilidad de sus obligaciones en el corto y mediano plazo”
Informe AS-AFINPE-0055-2026, Auditoría Interna CCSS.