Discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ en Perú obliga a miles a gastar hasta S/4.000 al año en salud mental
La discriminación hacia las personas LGBTIQ+ en el Perú tiene un impacto que va mucho más allá del daño emocional. Además de las secuelas psicológicas y sociales, muchas personas de la comunidad deben asumir importantes gastos económicos para afrontar las consecuencias del rechazo, la violencia y la exclusión.
Así lo evidencia un estudio elaborado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), el cual señala que el 49,9% de las personas LGBTIQ+ tuvo que pagar de su propio bolsillo atención médica, terapias psicológicas o tratamientos después de sufrir actos de discriminación relacionados con su orientación sexual o identidad de género.
La investigación también revela que el 62,2% asumió algún tipo de gasto económico derivado de estas experiencias, incluyendo transporte adicional para evitar agresiones, mudanzas forzadas y asesoría legal.
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Gastos que el Estado no cubre
Para la doctora Elisa Juárez, autora del estudio e investigadora de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, estas cifras evidencian que la discriminación tiene efectos prolongados que terminan condicionando todo el proyecto de vida de las personas pertenecientes a la comunidad.
"Cuando hablamos de discriminación, solemos pensar únicamente en una afectación emocional. Sin embargo, este estudio demuestra que también genera un costo monetario para quienes la sufren y para la sociedad en general. Tiene repercusiones a lo largo de toda la vida de las personas", explicó en entrevista con La República.
Los testimonios recopilados muestran que muchas personas LGBTIQ+ destinan entre S/2.000 y S/4.000 al año a terapias psicológicas y medicamentos como antidepresivos para enfrentar las consecuencias del rechazo.
En el caso de las personas trans, los costos aumentan debido a la falta de cobertura estatal para tratamientos de afirmación de género. La investigación reporta gastos anuales de entre S/3.000 y S/4.000 en terapia hormonal, además de la compra de binders, packers y cirugías como mastectomías, cuyos precios pueden oscilar entre S/16.000 y S/25.000.
Juárez explicó que muchos de estos desembolsos están relacionados con el proceso de asumir públicamente la orientación sexual o la identidad de género en un entorno donde persisten la discriminación y el estigma. "Muchos de los gastos asociados al proceso de transición o al coming out recaen sobre el cuidado de la salud mental. En muchos casos ni siquiera se busca alcanzar un bienestar óptimo, sino simplemente lograr la supervivencia y una estabilidad emocional mínima", sostuvo.
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El costo de protegerse de la violencia
El informe también muestra que la discriminación obliga a modificar la vida cotidiana. Después de los gastos médicos y psicológicos, el 35,3% de las personas encuestadas afirmó haber pagado transporte adicional para cambiar sus rutas habituales y evitar agresiones o zonas consideradas peligrosas.
Asimismo, el 22,1% indicó haber afrontado mudanzas forzadas tras ser expulsadas de sus hogares o sufrir rechazo en sus vecindarios. Algunos testimonios reportan gastos de hasta S/10.000 anuales en alquileres que nunca habían previsto asumir.
A ello se suman los costos legales. El 15,2% señaló haber invertido dinero en asesorías jurídicas, denuncias o procesos para defenderse frente a casos de violencia, abuso o discriminación laboral.
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Barreras en el sistema de salud y tratamientos inseguros
La investigación advierte que uno de los principales problemas es que muchas personas LGBTIQ+ evitan acudir a establecimientos de salud por temor a sufrir discriminación. "No hablamos únicamente de la ausencia de servicios especializados. Existen barreras para acceder incluso a cualquier atención médica porque la percepción de estigma comienza desde la persona que recibe a los pacientes hasta los propios profesionales de salud", explicó Juárez.
La especialista precisó que estas dificultades afectan tanto la atención general como los tratamientos específicos para personas trans. Aunque existe una norma técnica que contempla la terapia hormonal para mujeres trans, señaló que su implementación sigue siendo deficiente.
"Actualmente es inaceptable que la terapia hormonal continúe siendo prácticamente inexistente en muchos establecimientos de salud. Los pocos médicos que brindan este servicio lo hacen porque se han capacitado por iniciativa propia, no porque exista una política pública que los respalde", afirmó.
Ante la ausencia de servicios públicos suficientes, muchas mujeres trans recurren a alternativas informales para acceder a hormonas. Según Juárez, es frecuente que compren medicamentos directamente en farmacias siguiendo recomendaciones de otras personas de la comunidad o de profesionales que carecen de formación especializada.
"Esa situación expone a muchas mujeres a riesgos importantes. Algunas abandonan los tratamientos por falta de recursos o reemplazan medicamentos por otros más baratos creyendo que tienen el mismo efecto, lo que puede poner en peligro su salud", advirtió.
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Las redes de apoyo sustituyen al Estado
Frente a estas carencias, las amistades y organizaciones comunitarias se han convertido en el principal soporte emocional.
El estudio encontró que el 68,6% de las personas encuestadas identifica a sus amistades cercanas como la principal red de contención frente al estrés derivado de la discriminación. También cumplen un papel importante las organizaciones LGBTIQ+ y las casas de acogida, que ofrecen acompañamiento, orientación y espacios seguros.
Sin embargo, Juárez enfatiza que estas iniciativas funcionan principalmente gracias a la solidaridad entre personas que comparten experiencias similares y no por una política pública. "Estas redes están cubriendo necesidades que deberían ser responsabilidad del Estado. La gente busca alternativas porque necesita sobrevivir, pero no debería verse obligada a hacerlo", sostuvo.
Una deuda pendiente en salud pública
Entre las principales recomendaciones del informe figuran ampliar los servicios públicos de salud mental con enfoque afirmativo, descentralizar la atención especializada, garantizar que el Seguro Integral de Salud (SIS) cubra terapias y tratamientos dirigidos a las personas LGBTIQ+ y fortalecer la capacitación permanente del personal de salud para eliminar prácticas discriminatorias.
Para Juárez, el primer paso debe ser cumplir los compromisos que el propio Estado ya asumió, especialmente respecto a la provisión continua de terapia hormonal para mujeres trans y la capacitación de los profesionales de salud.
Finalmente, la investigadora hizo un llamado a que el debate sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ sea entendido como un asunto de interés colectivo.
"Esto ya no puede verse como un problema que afecta únicamente a una parte de la población. Es una necesidad de salud pública. Un país donde no todas las personas pueden acceder a los mismos derechos no puede considerarse una sociedad plenamente libre ni en paz", concluyó.
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