Delcy Rodríguez lidia entre la tragedia y el vencimiento de su mandato

La urgencia por las consecuencias del doble terremoto sufrido en Venezuela ha dejado aparcado temas institucionales, como el de la falta absoluta de Nicolás Maduro como presidente del país. Para las instituciones del Estado, el encarcelado en Nueva York sigue siendo la máxima autoridad del país, aunque no gobierne. En “su nombre” lo hace Delcy Rodríguez, respaldada abiertamente por Washington y heredera del aparato burocrático que el chavismo construyó durante 26 años.

Este viernes 3 de julio vence el plazo máximo previsto en la Constitución venezolana para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la naturaleza de la ausencia de Maduro, capturado por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero. Ese día, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera el poder como encargada, algo que la constitución prevé, con límites: 90 días prorrogables.

Ya se cumplen los 180 y Delcy Rodríguez sigue allí. Ahora, al frente de un país que hace lo posible por atender la devastación causada por los terremotos del 24 de junio, que ya dejan unos 2.000 muertos, y de un creciente reclamo social ante la percibida inacción o respuesta lenta e insuficiente frente a la catástrofe

Este miércoles, un grupo de activistas difundió un comunicado en el que vincula directamente la reconstrucción material del país con la reconstrucción institucional, y exigió a la Asamblea Nacional designar un gobierno interino legítimo que convoque elecciones presidenciales. Los firmantes hicieron además un llamado directo a la líder opositora María Corina Machado: “Es la hora de asumir la decisión de regresar”.

Ese regreso, sin embargo, choca con una barrera que trasciende lo jurídico. Por una parte, el control del espacio aéreo por parte de Delcy Rodríguez, según denunció la Premio Nobel de la Paz el lunes al afirmar desde Panamá que viajó y no la dejaron entrar al país.

La opositora aseguró estar dispuesta a “hablar con quien haya que hablar” para poder regresar. Pero el obstáculo no es solo caraqueño. Washington se ha convertido en el aliado más estable del interinato de la heredera de Maduro. The New York Times reveló que la Casa Blanca considera una “distracción” la insistencia de machado de querer volver a su país.

Porque en Venezuela ya quién gobierna no es un asunto de leyes o de interpretaciones jurídicas, sino de quién goza del beneplácito de Estados Unidos después del 3 de enero pasado. Donald Trump ha dicho que el país está mejor que nunca vendiendo más petróleo que nunca y con sus ciudadanos bailando en las calles de la alegría, mientras su Administración se entiende muy bien con Delcy Rodríguez.

Esta semana, el encargado de negocios de EE UU en Caracas, John Barrett, dijo en una entrevista que ha visto de primera mano el compromiso del Gobierno interino de Venezuela por atender la emergencia, y afirmó que los militares venezolanos trabajan “hombro a hombro” con los equipos estadounidenses desplegados en las zonas afectadas. “Yo he visto total transparencia en mis conversaciones con la presidenta interina, y una preocupación por cuidar a la gente (...) seguimos trabajando con nuestros socios”.

Pero el apoyo de Washington no niega lo que dicen las normas. El trasfondo legal de la disputa se remonta al 3 de enero, cuando la Sala Constitucional del TSJ ordenó que Rodríguez asumiera “en condición de encargada” las funciones presidenciales, alegando una “ausencia forzosa” derivada del “secuestro” de Maduro, una figura que no existe en el texto constitucional.

El artículo 234 de la Constitución venezolana establece que las faltas temporales del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional por otros 90 más; agotado ese lapso, corresponde al Parlamento determinar si debe considerarse falta absoluta, lo que activaría la convocatoria a elecciones en 30 días, según el artículo 233. El otro camino sería haber declarado la ausencia absoluta de una vez, con lo cual la vicepresidenta debía convocar a las urnas de inmediato.

Constitucionalistas como Tulio Álvarez y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, han calificado la sentencia del alto tribunal como una “sentencia cobarde”, por evitar declarar expresamente si la falta era temporal o absoluta y dejar así una vía abierta para prolongar el interinato de manera indefinida.

Por su parte, organizaciones como Provea, Cepaz y Laboratorio de Paz han insistido en que, superado el 2 de julio, no existe ninguna figura constitucional que permita extender el interinato de Rodríguez, y que hacerlo equivaldría a “una nueva ruptura del orden constitucional”.

Pero ni el chavismo ni Washington muestran señales de apuro: la Casa Blanca sostiene que la prioridad sigue siendo la “estabilización” antes que la convocatoria electoral, sin fecha definida para una eventual transición. Con el plazo constitucional vencido y sin pronunciamiento del Parlamento, Venezuela entra en un terreno donde la Constitución exige una respuesta que, por ahora, nadie con poder para darla parece dispuesto a ofrecer.