CGR detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae
La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto bajo la lupa a la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae) tras la publicación del Informe Final N°750 de 2025. El documento expone graves irregularidades en la gestión de personal y en la adquisición de maquinaria pesada entre los años 2022 y 2024, periodo bajo el cual se habrían visado pagos que contravienen la normativa vigente y que hoy están en manos de la justicia.
Uno de los hallazgos más críticos del ente contralor apunta a la desvinculación de trabajadores bajo la figura de “mutuo acuerdo”. La auditoría constató que 63 empleados recibieron indemnizaciones que, en total, superaron los mil millones de pesos, a pesar de que dicha causal legal no contempla el pago de compensaciones económicas de ese tipo.
El informe destaca el caso de cuatro trabajadores que percibieron más de 100 millones de pesos cada uno y que, de manera inmediata, fueron recontratados para desempeñar las mismas funciones que cumplían antes de su salida. Esta práctica, según la CGR, vulnera los principios de eficiencia y legalidad en el uso de los recursos públicos, configurando un mecanismo de beneficios injustificados para personal específico de la institución.
Fallas en adquisiciones: el caso de la máquina láser
En el ámbito operativo, la Contraloría detectó irregularidades en la compra de una máquina láser valorada en más de 70 millones de pesos en agosto de 2023. La transacción se realizó mediante trato directo, sin acreditar la exclusividad del proveedor ni realizar una comparación de ofertas competitivas, tal como lo exige el Manual de Adquisiciones de Famae.
La situación se agravó al descubrirse que el equipo presentó fallas técnicas a solo cuatro meses de su adquisición, las cuales se repitieron en abril de 2025. Actualmente, la máquina se encuentra inoperativa. Al no existir una garantía de fiel cumplimiento ni un análisis técnico-financiero previo, la institución ha quedado imposibilitada de exigir responsabilidades o reparaciones al proveedor, lo que representa un perjuicio directo al patrimonio fiscal.
Ante la gravedad de los antecedentes, la Contraloría ha ordenado al Consejo Superior de Famae la instrucción de una investigación para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. De manera paralela, el organismo remitió la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se inicien las acciones penales y civiles que busquen sancionar a los responsables y recuperar los fondos públicos mal utilizados.