Reforma electoral, propaganda y las grietas del poder
El rechazo a la reforma electoral impulsada por el gobierno federal no puede interpretarse como un simple tropiezo legislativo. En sistemas políticos donde el partido en el poder ha logrado construir mayorías amplias y disciplinadas, la caída de una iniciativa central revela algo más profundo que un desacuerdo parlamentario. Revela límites en la cohesión política del bloque gobernante y deja ver tensiones que, aunque se nieguen públicamente, comienzan a manifestarse en los hechos.
La reforma electoral formaba parte del núcleo del proyecto político del gobierno. No era una iniciativa marginal ni un ajuste técnico al sistema. Por ello, el hecho de que no haya logrado avanzar en el Congreso constituye un episodio significativo. Aunque los dirigentes del partido en el poder y sus aliados han insistido en que la coalición se mantiene firme, la política no se mide por declaraciones, sino por resultados. Y el resultado es claro: la reforma no pasó.
Cuando un proyecto prioritario del gobierno fracasa en el Congreso, lo que emerge es una ruptura de facto dentro del bloque político que sostiene al poder. No necesariamente una ruptura formal, ni una división declarada, pero sí una señal inequívoca de que la disciplina legislativa comienza a mostrar fisuras. Las mayorías parlamentarias funcionan mientras todos los actores perciben beneficios en mantener la cohesión. Cuando esos incentivos cambian, la unidad empieza a resquebrajarse.
En medio de este escenario ha surgido otro elemento que introduce una dimensión adicional al debate: la posible utilización del programa Jóvenes Construyendo el Futuro como un mecanismo de comunicación política tras el fracaso de la reforma electoral.
El propio senador Ricardo Monreal ha señalado que, ante la imposibilidad de aprobar la reforma en el Congreso, se buscará impulsar una campaña de difusión para explicar a la ciudadanía por qué, desde la perspectiva del gobierno, debería aprobarse una transformación del sistema electoral. Lo relevante de esta declaración no es solo la intención de abrir un debate público, algo legítimo en cualquier democracia, sino el mecanismo que se plantea utilizar.
De acuerdo con lo señalado, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro podría convertirse en una red de difusión para promover la narrativa política que respalda la reforma electoral. Es decir, utilizar el capital humano vinculado a un programa social financiado con recursos públicos para comunicar y promover una agenda política específica.
Aquí aparece el verdadero problema.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue diseñado originalmente como una política pública para atender un problema estructural: la falta de oportunidades laborales para millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Su objetivo es ofrecer capacitación y una primera experiencia laboral que facilite su integración al mercado de trabajo.
En principio, se trata de una política social legítima. México necesita programas de inclusión laboral y formación para jóvenes. El problema surge cuando ese programa deja de ser únicamente una herramienta de política social y comienza a convertirse en un instrumento de comunicación política.
Si un programa financiado con recursos públicos se utiliza para difundir una narrativa política específica, la frontera entre política pública y propaganda estatal se vuelve extremadamente delgada. Y en una democracia, esa frontera es fundamental.
Los recursos públicos pertenecen a todos los ciudadanos, no a un partido político ni a un proyecto ideológico en particular. Utilizarlos para promover una agenda política implica alterar las condiciones de equidad en la competencia democrática, más aún cuando esa agenda está directamente vinculada con la modificación de las reglas del propio sistema electoral.
La reforma electoral buscaba redefinir aspectos clave del funcionamiento institucional del sistema político mexicano. Sin embargo, su fracaso legislativo demuestra que dentro del propio bloque gobernante existen resistencias, cálculos políticos distintos o simplemente actores que no están dispuestos a acompañar cambios de esa magnitud.
Ese es, probablemente, el dato político más relevante del momento. La mayoría legislativa que parecía sólida comienza a mostrar límites. Tal vez no visibles en el discurso público, pero sí evidentes en las decisiones parlamentarias.
La política mexicana ha estado marcada durante décadas por fuertes mecanismos de disciplina partidista. Por ello, cuando una iniciativa central del gobierno no logra aprobarse, el mensaje que se envía es claro: el equilibrio interno del poder empieza a modificarse.
En ese contexto, intentar impulsar la narrativa de una reforma electoral a través de estructuras vinculadas a programas sociales introduce un elemento delicado en la discusión pública. No solo porque se difumina la línea entre política social y propaganda, sino porque se plantea utilizar un programa financiado con recursos públicos para promover un cambio institucional que, según sus críticos, podría concentrar aún más poder en el partido gobernante.
En democracia, las reformas electorales requieren legitimidad política amplia. No pueden imponerse únicamente desde el poder ni construirse a partir de narrativas promovidas por el aparato gubernamental. Porque cuando las reglas del sistema político se convierten en objeto de propaganda desde el propio Estado, el debate deja de ser una discusión entre ciudadanos y se transforma en una disputa desigual entre quienes controlan los recursos públicos y quienes no.
Al final, lo que está en juego no es únicamente una reforma electoral. Lo que está en juego es la forma en que el poder utiliza las herramientas del Estado y la historia política muestra una constante: las fracturas importantes del poder casi nunca comienzan con declaraciones. Empiezan con derrotas legislativas, con grietas en las mayorías y con decisiones que revelan que la cohesión política ya no es la misma que antes.
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