Gestos de acercamiento pese a la falta de confianza entre Illa y Junqueras
"Aprobamos el proyecto de presupuestos más ambicioso que necesita Cataluña. Dediquemos hasta el último euro a lo que importa: vivienda, salud, educación, seguridad, transporte y oportunidades. Es la hora de estar a la altura. Por lo que importa. Por Cataluña». Así se pronunciaba el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras aprobar su Gobierno, en reunión extraordinaria, el presupuesto de 2026 que sustituiría al último aprobado en 2023.
Tras el anuncio de su aprobación por parte de Illa se desató el vértigo en la política catalana por la negativa de ERC a dar soporte a los grandes números ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a transferir la gestión íntegra y la recaudación del IRPF. Los republicanos amagaron con una enmienda a la totalidad, lo que abría la posibilidad de una convocatoria electoral.
Durante toda esta semana se intensificó la presión de unos y otros, pero también se multiplicaron los contactos y las reuniones. En la sesión de control de esta semana se notó que la confianza entre ERC y PSC se había deteriorado, pero ambos se emplazaron a negociar.
Lo primero que han hecho ambos grupos es darse tiempo porque a ninguno les interesa un adelanto electoral, y menos a ERC: Oriol Junqueras no podría ser candidato y a río revuelto podría pescar una ascendente Aliança Catalana, que podría dejar sin mayoría a la izquierda catalana.
El tiempo se ha concretado en ampliar el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad en diez días para que ERC no concrete su amenaza y haga posible el trámite parlamentario. La primera meta volante sería un pleno el 20 de marzo, que iniciaría los plazos de enmiendas, que finalizaría el 30 de marzo, para tener aprobados los presupuestos el 24 de abril.
En las últimas horas se ha salvado un escollo. ERC presentará una proposición de ley que permita la creación del Consorcio de Inversiones, que estaría presidido por la Generalitat y fiscalizaría las inversiones del Estado y su ejecución. Y también se ha vuelto a abrir la negociación de la cesión del IRPF. La ministra María Jesús Montero afirmó que «se seguirá negociando» con ERC y señaló como precedente la negociación sobre la nueva financiación, que arrancó con ambas partes en las «antípodas», pero que llegó a buen puerto. La vicepresidenta hizo estas declaraciones poco después de que ERC registrara su iniciativa en el Congreso.
El proyecto presupuestario es expansivo. Hasta 49.162 millones, un 22,8% por encima del de 2023 y una fuerte inversión del sector público, que asciende a 4.146 millones, destacando vivienda, que se lleva 1.900 millones más 400 millones para seguir expandiendo la Ley de Barrios. Sanidad, que se lleva uno de cada cuatro euros con la contratación de casi 6.000 personas. Y Educación, que contratará a 4.162 maestros.
La Generalitat se ha propuesto también reducir los intereses de la deuda, destinando más de 1.600 millones, y aumenta la inversión en todas las comarcas catalanas para marcar desde el territorio a ERC. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, ha metido presión a ERC con un claro mensaje: «Si no hay presupuestos, Barcelona perdería 250 millones».
La seguridad también es una partida central, aumentando el presupuesto en un 35%. Illa siempre ha defendido que la seguridad «también es de izquierdas» y se ha aplicado el cuento. No en vano la extrema derecha atiza la alarma sobre la inseguridad y su discurso ha hecho mella en barrios y ciudades socialistas, lo que se traduciría en una mayor presencia de estas fuerzas en las próximas elecciones municipales.
El volumen inversor pone a ERC en una difícil situación. Su propuesta de aprobar suplementos de crédito, que el año pasado llegó a 4.000 millones, se contempla insuficiente si se compara con el presupuesto, y resulta inadmisible a juicio del PSC. Además, los republicanos poco tienen que decir de las cuentas, pero necesitan una salida airosa en el nuevo pulso que mantienen con Illa y con Sánchez en el IRPF. De momento ha habido gestos para conseguir el acuerdo: los contactos son intensos e irán «in crescendo», pero el escollo sigue siendo Montero.
El margen para alcanzar el pacto, para no bloquear el trámite parlamentario, finaliza el 20 de marzo, es decir, cinco días después de las elecciones de Castilla y León. No es un dato baladí. Desde el Gobierno no se quiere mezclar con las nuevas elecciones un debate que perjudique a Carlos Martínez, candidato del PSOE. La prolongación del plazo de 10 a 20 días da tiempo a ERC y PSC para limar asperezas, pero también a ERC y PSC con el PSOE.