Un proyecto que traería más daños que beneficios a la Editorial Costa Rica
Desde su fundación, en 1959, la Editorial Costa Rica (ECR) ha cumplido un papel decisorio en el contexto cultural de nuestro país. Fue creada por ley de la República y, gracias a ella, es posible conseguir ediciones, de alta calidad, de voces fundamentales de la literatura nacional como las de Joaquín García Monge, Aquileo J. Echeverría, Magón, Yolanda Oreamuno, Carmen Lyra o Eunice Odio. También, históricamente, ha cumplido un papel esencial en la difusión de nuevas propuestas literarias.
Esta institución inició sus funciones hace casi 67 años, en un contexto muy diferente al actual. En ese entonces, apenas existía la Editorial Universitaria, perteneciente a la Universidad de Costa Rica (UCR), y por ello se consideró que podría incluir en su catálogo no solo obras literarias, ya que también debía dar a conocer textos científicos.
Con el paso de los años, su labor se ha concentrado, prioritariamente, en dar a conocer títulos pertenecientes a los géneros de poesía, cuento, novela, teatro o ensayo literario. Señal de ello es la instauración de certámenes literarios de alto nivel como el Premio Editorial Costa Rica, el Premio Carmen Lyra de Literatura Infantil, el Premio Joven Creación, el Premio Eunice Odio de Poesía o el Premio Juan Manuel Sánchez de Ilustración.
Cabe destacar que, durante estas décadas, el trabajo de difusión de obras científicas se ha realizado, sobre todo, por medio de las editoriales pertenecientes a las universidades públicas, tales como la Editorial Universidad de Costa Rica, la Editorial Universidad Nacional, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, la Editorial Tecnológica y, recientemente, la Editorial de la Universidad Técnica Nacional. Por este motivo, la ECR ha dedicado la mayor parte de su catálogo a la literatura.
Como ha ocurrido con muchas editoriales a nivel internacional, la ECR tiene poco personal de planta. Hoy, trabajan allí 14 personas, pues algunas tareas como la del diseño gráfico o la corrección filológica son realizadas por profesionales que ofrecen servicios fuera de la empresa, siguiendo los lineamientos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La diputada Ada Acuña presentó un proyecto de ley denominado Reforma Integral de la Ley 2366, Ley de Editorial Nacional del 10 de junio de 1959, para el Fortalecimiento de la Editorial Costa Rica. Aunque el documento presenta una sinopsis de la problemática histórica y el contexto actual de la institución, carece de un estudio técnico que le dé fundamento y solidez.
Actualmente, el Consejo Directivo está compuesto por dos miembros nombrados por el Ministerio de Cultura y Juventud, dos por el Ministerio de Educación Pública, uno por la UCR, uno por la Universidad Nacional y dos por la Asociación de Autores de Obras Literarias y Científicas de Costa Rica, que ya fue disuelta, razón por la que este órgano tiene un continuo faltante de dos sillas.
La diputada Acuña propone la creación de un Consejo Directivo de siete personas y un Consejo Editorial de siete personas, de manera que se tendrían 14 jerarcas para liderar una empresa de apenas 14 empleados, que difícilmente va a sobrepasar una planilla de 20. Esta situación trabaría la toma de decisiones, aumentaría la burocratización y aumentaría costos de dietas de forma innecesaria.
En dicho proyecto de ley se propone la organización de la empresa en unidades encargadas de las siguientes áreas específicas: edición y producción, mediación con los lectores, desarrollo comercial, mercadeo y ventas, así como la unidad administrativa y financiera, el control interno y la asesoría jurídica. Si se tuviera que hacer algún cambio a esta estructura, tendría que recurrirse a otra reforma en la Asamblea Legislativa.
Debido a los cambios tecnológicos actuales, un libro puede ser impreso en papel o descargado, con las correspondientes licencias, en dispositivos como computadoras o tabletas electrónicas. Hasta existe la posibilidad de que, en corto plazo, se puedan imprimir pocas unidades de un libro por encargo. Son razones suficientes para pensar que un organigrama editorial no puede ser tan rígido, y mucho menos establecido por ley, como lo propone la señora Acuña.
Esperemos que este proyecto sea revisado minuciosamente en la Asamblea Legislativa y no sea aprobado en los términos planteados, pues traería más daños que beneficios a la Editorial Costa Rica.
autorcarlosrubio@yahoo.com
Carlos Rubio Torres es profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA).