Los jueces recuerdan a la Comisión Europa que sigue sin cambiarse el CGPJ
La mayoría de las asociaciones de jueces han coincidido en cuáles son los males que rodean a nuestro Estado de Derecho en las reuniones mantenidas ayer con la Comisión Europea. En primer lugar, el deterioro de nuestro sistema democrático, pero también que permanece, sin visos de cambio, la forma de escoger a los vocales del Poder Judicial y las pésimas consecuencias de los ataques políticos al gremio.
La principal asociación de la judicatura trasladó a los representantes comunitarios que nuestro sistema judicial no ha experimentado mejoras estructurales en su independencia como poder del Estado y que siguen sin implementarse «contrapesos institucionales», ni se da una suficiente «dotación de medios».
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) recordó a la Comisión que se sigue incumpliendo con la recomendación de Bruselas relativa a la necesidad de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a que sí que se renovó la composición del órgano de gobierno de la magistratura.
Hubo también referencias de la asociación que preside la magistrada María Jesús del Barco a la «preocupación» por las reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia que pretenden cambiar el acceso a las Carreras judicial y fiscal. En su mensaje de alerta incidió en que «desplazan el control de los procesos de selección hacia el poder Ejecutivo».
Respecto a los nuevos tribunales de instancia (que sustituyen a los tradicionales juzgados de instrucción), la APM refiere «serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, infraestructuras y tecnología».
Y, por último, en el grupo de aspectos negativos que afectan al Estado de Derecho, incluyen la «inquietud» por «determinadas declaraciones políticas que deslegitiman genéricamente a jueces y tribunales; que persiste una «falta de avances reales en la autonomía del Ministerio Fiscal» y la «necesidad de preservar una clara delimitación entre jurisdicción ordinaria y la constitucional», que ven cada vez más difuminada.
La segunda asociación por número de miembros, desde una perspectiva amplia, advirtió sobre el riesgo de injerencia política que entrañan determinadas iniciativas legislativas y organizativas recientemente aplicadas. Entre las preocupaciones señaladas por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), se encuentran la nueva organización judicial, su impacto en la relación entre el juez y la oficina judicial, la posible modificación del régimen de financiación de las agrupaciones profesionales, las propuestas dirigidas a limitar la acusación popular y la reforma de la instrucción penal para entregársela a los fiscales, sin reforzar previamente su autonomía frente a la cúpula.
La cuarta asociación, Foro Judicial Independiente (FJI), mencionó que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el año 2023 en materia de retribuciones y apuntó a que es una tarea pendiente el actualizar aspectos retributivos como guardias y complementos de destino, entre otros. «Hemos exigido también a la Comisión que sea más exigente en materia de limitación de puertas giratorias», traslada a este diario.
Por su lado, la única agrupación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), optó por denunciar ante la Unión Europea el «intento de deslegitimar» al Tribunal Constitucional, «por quienes impulsan una campaña de desprestigio» contra la institución. Esta apuesta por una elección judicial de candidaturas al CGPJ que designe luego el Parlamento.