El 23-F cumple 45 años con numerosos documentos por desclasificar
El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 cumple este lunes 45 años con una parte significativa de la documentación oficial sobre los hechos todavía clasificada, algo que se ampara en la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional aprobada durante el franquismo.
Entre los documentos que siguen clasificados, de acuerdo con la información recogida por Servimedia, destaca el sumario judicial completo con 89 legajos custodiados en el Tribunal Supremo, que incluyen grabaciones y conversaciones telefónicas de aquella noche. También siguen bajo secreto los archivos del Cesid (actual CNI), donde se encuentra el controvertido 'Informe Jáudenes' sobre la participación de agentes en el golpe.
Asimismo permanecen sin acceso al público las escuchas telefónicas y comunicaciones interceptadas entre Zarzuela, La Moncloa y las capitanías generales durante aquellas horas críticas de febrero de 1981, documentación que podría aclarar incógnitas sobre cuestiones como el papel de los servicios de inteligencia.
A este respecto, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de julio de 2025 el Proyecto de Ley de Información Clasificada y lo remitió al Congreso para su tramitación parlamentaria, con el objetivo de sustituir la legislación franquista vigente. La nueva normativa permitiría desclasificar gran parte de la información clasificada sobre la intentona golpista de hace 45 años, aunque su aprobación no se producirá antes de finales de este año y dependiendo de los apoyos parlamentarios.
La nueva norma incluiría automáticamente, de aprobarse, el año 1981 y, por tanto, la documentación del 23-F. No obstante, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha matizado que los documentos que "afecten a la seguridad nacional y la defensa" podrían seguir clasificados si se justifica debidamente.
Secretos pendientes
La realidad es que más de cuatro décadas después de la intentona golpista que en el Congreso lideró el guardia civil Antonio Tejero no existe un dosier único que aglutine toda la información, sino fondos dispersos en distintas instituciones que permanecen bajo llave.
Sigue clasificado el fondo documental más voluminoso, que es el sumario del juicio celebrado ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, custodiado en el depósito acorazado del Tribunal Supremo en Madrid, compuesto por 89 legajos que incluyen la causa original, recursos, expedientes y grabaciones.
El segundo gran bloque lo constituyen los documentos elaborados o recopilados por el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), antecesor del actual CNI, custodiados en el archivo del servicio de inteligencia, una zona de acceso restringido.
Un documento clave que permanece clasificado es el denominado 'Informe Jáudenes', redactado en abril de 1981 por el teniente coronel Juan Jáudenes Jordana, que documenta cómo el Cesid creó una unidad especial para dar cobertura logística y técnica a Tejero.
Incógnitas históricas
La documentación restringida todavía podría arrojar luz sobre varias incógnitas que los historiadores no han podido resolver con certeza, como el papel exacto del rey Juan Carlos I y todas las implicaciones de la llamada 'Operación Armada', por el general Alfonso Armada, que fue condenado a 30 años de cárcel por un delito de rebelión militar consumada.
También permanecen sin aclarar el alcance de la implicación del Cesid como institución en la preparación del asalto, el papel de altos mandos que fueron absueltos en el juicio, y si servicios de inteligencia extranjeros tuvieron conocimiento previo de la conspiración.
Toda esta documentación permanece clasificada al amparo de la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, que no establece plazos de desclasificación automática. Esto implica que la información clasificada puede permanecer secreta indefinidamente, salvo decisión expresa del Consejo de Ministros.
El Supremo dictaminó en su momento que la documentación clasificada del 23-F debía mantener tal condición durante 25 años tras la muerte de los procesados o 50 años después del intento de golpe de Estado, lo que situaría el límite en el año 2031.
Legislación
El Proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado por el actual Gobierno y que tramita el Congreso establece la desclasificación automática por el transcurso del tiempo: 45 años para documentos de 'alto secreto', 35 años para 'secreto', entre 7 y 9 años para 'confidencial', y entre 4 y 6 para 'restringido'.
Según las estimaciones del Gabinete de Pedro Sánchez, si la tramitación parlamentaria fuera rápida, la ley podría entrar en vigor a finales de 2026, lo que incluiría automáticamente el año 1981 y, por tanto, la documentación del 23-F, aunque con matices importantes.
El propio Bolaños matizó que los documentos que "afecten a la seguridad nacional y la defensa" podrían seguir clasificados si se justifica debidamente, lo que deja un margen de incertidumbre sobre el alcance real de la desclasificación. Esto ha provocado reacciones escépticas como la del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.