El Gobierno renuncia a 3.000 millones de fondos europeos por no quitar el impuesto a la generación eléctrica
La negativa del Gobierno a eliminar la doble imposición eléctrica restará a España el acceso a 3.000 millones de fondos europeos. Una cuantía aprobada por el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea para acelerar las inversiones destinadas a la descarbonización de los hogares y el transporte por carretera en la UE, dentro del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones para estos sectores. Para acceder a este mecanismo de financiación anticipada (ETS2), que permitirá poner en marcha programas antes de que el sistema entre en funcionamiento en 2028 y comience la recaudación de ingresos, es obligatorio que ya hayan transpuesto a su legislación nacional este nuevo régimen, cosa que España no ha hecho por el bloqueo parlamentario en el que sobrevive Pedro Sánchez y por su persistencia en mantener el impuesto a la producción de la energía eléctrica (IVPEE).
Estos fondos europeos tienen por objeto impulsar sistemas de calefacción y refrigeración más limpios y reducir la demanda energética en viviendas y edificios, con el objetivo de facilitar una transición climática en los sectores cubiertos por el mecanismo.
Las inversiones beneficiarían de forma directa a los hogares con ingresos bajos y medios, al hacer más asequibles las soluciones limpias, como las bombas de calor o los programas de impulso al vehículo eléctrico. También pretenden fomentar el uso del transporte público y compartido, y ampliar los programas de movilidad eléctrica, así como acelerar la adopción de vehículos de cero emisiones, bicicletas eléctricas y el despliegue de infraestructuras de recarga.
Además, la UE plantea la opción de ampliar la dotación del mecanismo en una fase posterior.
Se busca así «amortiguar el impacto del nuevo sistema europeo para comerciar los derechos de emisión» de gases de efecto invernadero que se extenderá a los edificios y al transporte por carretera. Este sistema entrará en aplicación el 1 de enero de 2028 y funcionará bajo un principio de «tope y comercio» de las emisiones.
Se establece un tope anual a las emisiones de los edificios y del transporte por carretera, dividiendo ese tope en certificados de derechos de emisión (por tonelada de CO2 autorizada) vendidos en subastas con los que las empresas cubiertas por el sistema pueden comerciar. El tope va bajando progresivamente de acuerdo con los objetivos climáticos de la UE, encareciendo el precio del CO2 en el sistema y ofreciendo así un incentivo a la descarbonización. Por tanto, estos fondos buscan facilitar financiación para esta transición en los hogares y el transporte.
Portugal, con quien España comparte mercado eléctrico, ha eliminado el gravamen este año
Para ello, los estados miembros deben adaptar su legislación nacional a esta Directiva antes de que el sistema entre en vigor en 2028.
En diciembre de 2024, España disponía de un Proyecto de Ley que recogía esta transposición lista para su aprobación en el Congreso de los Diputados al contar con una mayoría de respaldo al dictamen elaborado por la comisión parlamentaria competente.
Sin embargo, ese dictamen incluía una enmienda (impulsada por PP y Junts, con el apoyo de Vox, ERC y PNV) para suprimir el impuesto del 7% a la generación eléctrica. La enmienda se encontró con la total oposición del PSOE y Sumar que, al estar en minoría parlamentaria, optaron por que el Gobierno retirara el Proyecto de Ley en febrero de 2025.
El Gobierno sacrificó la transposición en tiempo y forma para tratar de pasarla a través de una iniciativa en el Congreso, que todavía está en fase de enmiendas. Todo para no eliminar esta doble imposición a la electricidad del impuesto sobre la producción, que encarece los precios eléctricos, resta competitividad a la economía española, frena a eólicas y fotovoltaicas y, ahora, resta financiación a los hogares para adaptarse a las normativas climáticas europeas. El afán recaudatorio del Gobierno, que luego se traslada a los ciudadanos, ha podido más que la supresión de un impuesto que el sector considera «caducado» y perjudicial para la transición.
En 2012, en plena resaca de la crisis financiera y con un sistema eléctrico asfixiado por un déficit tarifario que rozaba los 24.000 millones de euros, se aprobó la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Nació el IVPEE, un gravamen del 7% sobre el valor de la energía generada e incorporada al sistema para atajar el agujero acumulado.
Catorce años después, el contexto es otro. El déficit tarifario dejó de ser la gran amenaza, pero el impuesto permanece. Y lo hace en medio de un debate que ya no gira en torno a cómo tapar un boquete contable, sino sobre cómo acelerar la electrificación, atraer inversión industrial y aprovechar el liderazgo renovable.
El IVPEE se aplica desde 2013 sobre los ingresos brutos de los productores eléctricos. No distingue entre tecnologías, no atiende a márgenes ni a costes de inversión u operación. Grava el ingreso, no el beneficio. Esa característica lo convierte en un tributo que impacta especialmente en tecnologías con márgenes ajustados, como la solar fotovoltaica o la eólica, claves de la nueva ecuación.
Durante la pandemia y, después, de la guerra en Ucrania, el Gobierno optó por suspenderlo entre 2021 y 2023. Sin embargo, Sánchez reactivó progresivamente el impuesto en 2024 y desde el 1 de julio volvió el tipo íntegro del 7%. El último informe de recaudación tributaria de noviembre, el último publicado, cifra en 807 millones el incremento neto desde la recuperación total del tipo. En años previos, la recaudación final rondó los 1.150 millones.
Pero conviene poner la cifra en perspectiva: el IVPEE representa apenas el 0,2% del total de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, un ingreso marginal en el conjunto de las cuentas públicas.
La supresión del IVPEE reduciría el precio de la luz un 6% y aumentaría las exportaciones
¿Compensa mantener un impuesto que encarece la producción eléctrica por un 0,2% del presupuesto?
España vive un momento energético paradójico. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija objetivos ambiciosos: 81% de generación eléctrica renovable en 2030 y 48% de renovables sobre el consumo final de energía.
Sin embargo, el reto ya no es solo generar electricidad limpia, sino electrificar la economía: sustituir gas y derivados del petróleo en industria, edificios y transporte por electricidad renovable. Y aquí la fiscalidad importa.
Desde la eólica a la fotovoltaica, sostienen que gravar con un 7% la generación eléctrica envía una señal contradictoria. Si la electricidad es el vector que debe crecer para descarbonizar la economía, penalizarla fiscalmente frente a otros consumos fósiles resulta difícil de justificar. La Comisión Europea ha instado a los estados miembros a aliviar la carga fiscal sobre la electricidad, que en algunos casos cuadruplica la de otros combustibles.
Además del IVPEE, la electricidad soporta el Impuesto Especial sobre la Electricidad (5,1%), el IVA del 21% y múltiples cánones autonómicos y locales. El resultado es una estructura de costes que, según el sector, infla el precio final y reduce competitividad. El debate adquiere dimensión ibérica ya que España comparte mercado con Portugal, que ha suprimido el gravamen equivalente. En un mercado acoplado, esa asimetría puede traducirse en desventajas.
A ello se suma una realidad operativa compleja. Se ha incorporado mucha renovable mientras la demanda crece con tibieza. En 2025, las restricciones de red se han duplicado y el 18% del potencial renovable se habría desaprovechado por falta de absorción.
El sector eléctrico sostiene que eliminar el IVPEE podría reducir el precio un 6% y aumentar las exportaciones en 7.500 GWh.