El PSPV denuncia ante Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión del Hospital del Vinalopó por reutilización de material sanitario de un solo uso

El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Universitario del Vinalopó, centro sanitario gestionado por la mercantil Elche Crevillent Salud S.A., perteneciente al grupo Ribera Salud. La denuncia se dirige inicialmente contra el gerente del hospital, Rafael Carrasco Moreno, y contra todas aquellas personas que pudieran resultar responsables a lo largo de la investigación, por hechos que podrían ser constitutivos, indiciariamente, de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación.

La iniciativa judicial se fundamenta en informaciones publicadas por dos medios de comunicación en las que se revelan correos electrónicos internos del grupo Ribera Salud. Según dichas informaciones, la empresa habría reutilizado en el Hospital Universitario del Vinalopó catéteres de un solo uso hasta en diez ocasiones, una práctica expresamente prohibida por la normativa europea y española por el riesgo que supone para la seguridad del paciente. En concreto, un correo fechado el 6 de octubre de 2025, remitido por la jefa de auditoría del grupo, instaba a aplicar en el hospital de Torrejón prácticas que, según el propio mensaje, “ya se estaban realizando en Elche”, con el objetivo de ahorrar costes.

La normativa vigente —en particular el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios y el Real Decreto 192/2023— establece condiciones extremadamente restrictivas para el reprocesamiento de productos de un solo uso, especialmente cuando se trata de dispositivos cuya función principal es garantizar la seguridad del paciente y del personal sanitario.

Para el PSPV, la reutilización reiterada de este material podría haber puesto en riesgo la salud de pacientes, al comprometer la esterilidad, funcionalidad e integridad de los dispositivos médicos empleados.

Afán de lucro y riesgo para la salud pública

En su escrito, el partido considera que estas prácticas responderían a un “desmedido afán de lucro” por parte de la empresa concesionaria en la prestación de un servicio público esencial como es la sanidad. Los socialistas subrayan que el contrato de concesión de la asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud Elx-Crevillent fue adjudicado en 2007 y prorrogado recientemente hasta 2030 por un importe superior a 826 millones de euros.

La denuncia señala que, de confirmarse los hechos, se habría producido una vulneración grave de las obligaciones contractuales y legales que rigen la prestación del servicio sanitario público, financiado con fondos públicos.

Falta de supervisión de la Generalitat

Además de la actuación de la empresa concesionaria, el PSPV pone el foco en la posible omisión de deberes de vigilancia y control por parte de la Generalitat Valenciana. El pliego de prescripciones técnicas y el contrato de concesión atribuyen a la Conselleria de Sanidad la responsabilidad de supervisar y garantizar la calidad asistencial del servicio. Por ello, el partido solicita que se investigue si existió dejación de funciones en el control de la actividad de la concesionaria.

En este sentido, recuerdan que el Código Penal contempla responsabilidades en supuestos de omisión consciente de funciones inspectoras cuando ello favorece intereses privados en perjuicio del interés público, especialmente en materias que afectan directamente a la salud de la ciudadanía.

Diligencias

En su denuncia, el PSPV solicita a la Fiscalía que tome declaración al gerente del hospital, requiera a la Generalitat Valenciana el expediente íntegro del contrato de concesión, encargue a la Intervención General el análisis de la ejecución del contrato identifique a las personas responsables de la supervisión del servicio, así como que requiera a la empresa concesionaria la identificación del equipo directivo del hospital.

El PSPV afirma que actúa “en defensa de la legalidad, la salud pública y el interés general” y subraya que la sanidad pública, incluso cuando es gestionada mediante concesión administrativa, debe regirse por los más altos estándares de seguridad, transparencia y control. “Cuando se trata de la salud de los ciudadanos, no cabe el ahorro a costa de la seguridad”, concluyen los socialistas, que reclaman que se depuren todas las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos denunciados.

Afán de lucro y falta de control

La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Corts, Yaissel Sánchez, ha calificado de “absolutamente escandaloso” que Ribera Salud haya podido priorizar el beneficio económico por encima de la salud de la ciudadanía de los municipios adscritos al Departamento de Salud Elche-Crevillent. Sánchez ha advertido de que, de confirmarse los hechos conocidos, estaríamos ante una práctica intolerable que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y evidencia las consecuencias de mantener un modelo concesional que antepone la rentabilidad a la calidad asistencial.

Asimismo, la dirigente socialista ha señalado la responsabilidad directa de la Conselleria de Sanidad del Partido Popular y del president de la Generalitat, Pérez Llorca, por no haber ejercido el control “férreo y riguroso” que establecen los pliegos de la concesión Sánchez ha recordado que se trata de la única concesión sanitaria que permanece en la Comunitat Valenciana por decisión del actual Consell, y ha subrayado que el PSPV-PSOE seguirá defendiendo una sanidad pública, transparente y centrada exclusivamente en la protección de la salud y la confianza de la ciudadanía.