La derecha alemana plantea exigir a los que cobren subsidio por desempleo realizar trabajos a la comunidad
La discusión ha saltado al primer plano político en Alemania tras una entrevista concedida al diario alemán Bild, en la que el recién nombrado ministro-presidente de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze (CDU), defendió que los beneficiarios del subsidio por desempleo deberían realizar trabajos comunitarios como contraprestación por la ayuda recibida. Sus declaraciones reactivan una controversia en el auge de la derecha populista en el país alemán.
“Por el servicio que reciben, también esperamos algo a cambio”
En la entrevista, Schulze sostuvo que el foco no debe ponerse en quienes trabajan cada día, sino en “quienes podrían trabajar, pero no lo hacen”. Propuso que las personas sanas y desempleadas colaboren con tareas municipales: “Por ejemplo, hacer voluntariado en una comunidad, rastrillar hojas o quitar nieve en invierno. ¿Por qué no pueden hacerlo también las personas sanas, en casa y actualmente desempleadas?”.
El dirigente democristiano defendió que la legislación alemana permitiría abrir ese debate: “La ley lo permite. Por el servicio que reciben, también esperamos algo a cambio”. Incluso planteó la posibilidad de sanciones si los beneficiarios no participaran: “Entonces simplemente ya no recibirán todos los beneficios del Estado”. A su juicio, se trata de una cuestión de “justicia social”.
Schulze recordó además precedentes como los denominados “trabajos de un euro” y el antiguo programa regional “Trabajo Ciudadano” en Sajonia-Anhalt, que ofrecía empleos subvencionados a desempleados de larga duración.
Cómo funciona el subsidio por desempleo en Alemania
El sistema alemán distingue entre el seguro de desempleo contributivo (Arbeitslosengeld I), financiado con cotizaciones y limitado en el tiempo, y la prestación básica para demandantes de empleo, conocida desde 2023 como Bürgergeld. Esta última sustituyó al anterior sistema Hartz IV y está regulada en el Código Social (SGB II).
El Bürgergeld garantiza un nivel mínimo de subsistencia a personas en edad laboral que no pueden cubrir sus necesidades básicas con ingresos propios. Incluye una cuantía mensual para gastos personales y el pago de vivienda y calefacción considerados adecuados. A cambio, los beneficiarios deben colaborar con las oficinas de empleo en la búsqueda activa de trabajo y pueden ser llamados a participar en programas de inserción o formación.
Existen ya mecanismos de sanción si el beneficiario incumple obligaciones, por ejemplo, rechazar reiteradamente ofertas de empleo razonables, aunque el sistema fue reformado tras una importante sentencia del Tribunal Constitucional Federal en 2019 que limitó la severidad de los recortes.
¿Es constitucional imponer trabajos comunitarios?
La cuestión jurídica es central. El artículo 12 de la Ley Fundamental alemana (Grundgesetz) establece que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo determinado, salvo en el marco de un deber público general aplicable a todos. El trabajo forzoso solo se permite en situaciones muy concretas, como en caso de privación de libertad ordenada judicialmente.
El Tribunal Constitucional Federal dictaminó en 2019 que las sanciones a perceptores de ayudas no pueden poner en peligro el mínimo vital garantizado por la dignidad humana (artículo 1 de la Constitución). El fallo no eliminó las obligaciones de cooperación, pero sí estableció límites claros: el Estado no puede utilizar las prestaciones como instrumento de presión ilimitada.
En la práctica, Alemania ya contempla las llamadas “oportunidades de trabajo con compensación adicional”, conocidas como “trabajos de un euro”, a las que se refería Schulze en la entrevista. Son actividades de interés público que no pueden sustituir empleos regulares y que buscan mejorar la empleabilidad de personas muy alejadas del mercado laboral. Sin embargo, su carácter obligatorio generalizado sería jurídicamente controvertido si se convirtiera en condición automática para todos los perceptores.
El giro conservador de la política alemana
Las palabras de Schulze se enmarcan en una discusión más amplia dentro de la CDU y otros sectores conservadores sobre el equilibrio entre derechos y deberes en el Estado del bienestar. Para sus defensores, exigir una contraprestación refuerza la legitimidad del sistema y combate posibles abusos. Para sus críticos, puede estigmatizar a los desempleados, desproteger a los más desfavorecidos y simplificar una realidad marcada por factores estructurales como la falta de cualificación o las desigualdades regionales.
Aunque la propuesta parte de un “Land” concreto, el debate podría tener repercusiones federales. En Alemania, las reformas sociales suelen comenzar como iniciativas regionales que más tarde influyen en la agenda nacional.