Juristas ven "positivísima" la ley de multirreincidencia pero avisan que puede saturar el sistema

La ley de multirreincidencia que acaba de sacar adelante Junts con el respaldo de los grupos parlamentarios del PSOE y del Partido Popular, entre otros, cuenta con el visto bueno de los juristas. La norma, que genera antecedentes penales con la reiteración de pequeños hurtos, perfila la reforma del Código Penal que se impulsó en 2022 para endurecer la respuesta penal ante los hurtos reincidentes.

Las voces expertas consultadas por LA RAZÓN aplauden el contenido de la misma asegurando que es "positivísima" para poner fin a lacra de robos de carteras y otros enseres (como teléfonos móviles) que se producen principalmente en puntos turísticos de las ciudades. Precisamente, uno de los juristas consultados explica que uno de los avances de esta norma (demandada especialmente por cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra) reside en que da respuesta a un problema grave, al margen de la calificación jurídica del delito.

"En algunos casos el importe acumulado es elevadísimo y desincentiva actividades turísticas en según qué zonas. Eso hace mucho daño", explica. En ese sentido, la nueva ley, que pasará ahora su trámite por el Senado, contempla penas de cárcel de seis a 18 meses para aquellos que hayan sido condenados por al menos tres delitos de la misma naturaleza, siendo al menos uno de ellos de carácter leve.

"Control judicial absoluto"

"Hay bandas organizadas cuyo negocio consiste en ganar mucho dinero a base de cometer delitos leves", rezan las voces consultadas. La ley frena su actuación no solo endureciendo las condenas, sino facultando también a los jueces a prohibir de manera cautelar que estas personas puedan acercarse a determinados "lugares, barrios, municipios o entidades locales". Los expertos avisan que esto no se traduce en "carta blanca" para que la Policía pueda actuar como considere oportuno, sino que existe un "control judicial absoluto".

Además dicen que la ley cumple con los parámetros de proporcionalidad puesto que es idónea, sirve para el fin necesario (toda vez que evidencia que no se puede luchar contra la multirreincidencia de otra forma) y es proporcional, en el sentido de que no provoca más desventajas que ventajas. "La medida no genera más daño. ¿Qué desventaja produce que no se dejen entrar a estas personas en el metro? Ninguna", alegan.

Uno de los puntos más aplaudidos lo constituye la previsión de cárcel de uno a tres años para el robo de teléfonos de particulares. "El robo de un móvil implica la pérdida de algo más que un simple objeto. Y eso puede ser un problema el día de mañana", rezan otros juristas consultados por este medio. Al hilo, consideran que la medida incluye guiños a Junts al permitir que las entidades locales puedan ejercer la acción penal en los delitos por hurtos o al aumentar la dotación de jueces de adscripción territorial de Cataluña de 35 a 70 (contemplado en la disposición final primera).

"No va a servir para nada"

Del mismo modo, también se considera un avance la condena de uno a cinco años de cárcel la práctica del "petaqueo" que proporciona combustible a las narcolanchas. Esta medida –reivindicada desde hace años desde la Fiscalía Antidroga– hace que se deje de combatir esta lacra como una tenencia de elemento inflamable al tipificarlo como delito autónomo.

Con todo, hay otras voces que se muestran más escépticas y aseguran que esa ley se queda coja. "No va a servir para nada", explican. Según indican, el texto responde a fines electorales y, aunque está cargado de "buenas intenciones", no tendrá efectividad real si no va acompañado de una dotación presupuestaria y de un incremento de recursos en las cárceles. "En la práctica el envío de los multirreincidentes a la cárcel va a depender únicamente de la saturación del sistema penitenciario", dicen. Lo mismo ocurre con las dotaciones policiales, ya que se requeriría un mayor número de agentes.

En relación con as acusaciones que ha recibido la norma, por su presunto carácter "racista", las voces consultadas precisan que carece de sentido, toda vez que, desde la perspectiva de evitar la reiteración delictiva "da igual que la persona que lo haga sea o no español". "Ningún juez va a pedir el DNI por esto", indican.

Lucha contra el petaqueo

La ley, que cosechó 302 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, contemplan penas de prisión de seis a 18 meses para el acusados de hurto menor a 400 euros que esté condenado previamente por tres delitos de la misma naturaleza, siendo uno de ellos leve. Además, castiga con cárcel de uno a tres años el robo de teléfonos móviles que contengan información de carácter personal (aunque excluye a los que se encuentren en venta o en exposición de establecimientos comerciales).

Del mismo modo, extiende el régimen de multirreincidencia a los delitos de estafa y se permite a las entidades locales (como pueden ser los ayuntamientos) ejercer la acción penal por los delitos de hurto previstos en el Código Penal. Igualmente, fija cárcel de uno a cinco años de cárcel para el "petaqueo" que abastece de fuel a las narcolanchas y se faculta al juez para prohibir cautelarmente a los investigados su presencia en "determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o Comunidades Autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas".